La Habana, Cuba.
El futuro acuerdo de paz en Colombia, que deberá poner fin al conflicto más antiguo en América, tendrá rango constitucional, lo que lo blindará jurídicamente y garantizará su cumplimiento, según pactaron la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno ayer en Cuba. “Queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final” de paz, dijeron las partes en un comunicado leído a la prensa por garantes internacionales en La Habana, sede de los diálogos.
El mecanismo convenido por la organización armada y el gobierno de Juan Manuel Santos será tramitado en breve por el Congreso y permitirá que el pacto final forme parte “del ordenamiento jurídico colombiano” y “dará garantías de cumplimiento” a lo acordado.
De esta forma, las FARC, en guerra contra el Estado desde hace medio siglo, contarán con la seguridad jurídica que reclaman para su desarme y transformación en partido político. Al mismo tiempo este anuncio elimina uno de los últimos escollos en el proceso que está a punto de cerrar exitosamente en La Habana, después de tres años y medio de complejas discusiones.
“Esta decisión tiene enormes implicaciones. Por un lado, el gobierno garantiza que cumple con la palabra empeñada. Y cumple, utilizando el más alto nivel jurídico”, reconoció el jefe de la delegación de paz del gobierno, Humberto de la Calle, en una declaración aparte.
El compromiso anunciado garantizará en la práctica que el acuerdo de paz se incorpore a la Constitución colombiana y se ajuste al derecho internacional, tras cumplir una serie de trámites legales y de protocolos antes organismos como Naciones Unidas.
“El gobierno nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un acto legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el acuerdo final”, precisaron las partes. Las FARC y el gobierno de Santos alcanzaron este nuevo entendimiento en momentos en que están negociando los dos puntos finales del proceso: el cese bilateral y definitivo del fuego, que incluye el desarme de los rebeldes, y el mecanismo de refrendación de lo acordado.
Con esto “los colombianos debemos alistarnos para entrar en una nueva era de reconciliación, debemos por tanto iniciar desde ya los preparativos de la gran fiesta nacional por la paz”, señalaron las FARC en un comunicado leído a la prensa por Iván Márquez, jefe del equipo negociador.
El futuro acuerdo de paz en Colombia, que deberá poner fin al conflicto más antiguo en América, tendrá rango constitucional, lo que lo blindará jurídicamente y garantizará su cumplimiento, según pactaron la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno ayer en Cuba. “Queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final” de paz, dijeron las partes en un comunicado leído a la prensa por garantes internacionales en La Habana, sede de los diálogos.
El mecanismo convenido por la organización armada y el gobierno de Juan Manuel Santos será tramitado en breve por el Congreso y permitirá que el pacto final forme parte “del ordenamiento jurídico colombiano” y “dará garantías de cumplimiento” a lo acordado.
De esta forma, las FARC, en guerra contra el Estado desde hace medio siglo, contarán con la seguridad jurídica que reclaman para su desarme y transformación en partido político. Al mismo tiempo este anuncio elimina uno de los últimos escollos en el proceso que está a punto de cerrar exitosamente en La Habana, después de tres años y medio de complejas discusiones.
“Esta decisión tiene enormes implicaciones. Por un lado, el gobierno garantiza que cumple con la palabra empeñada. Y cumple, utilizando el más alto nivel jurídico”, reconoció el jefe de la delegación de paz del gobierno, Humberto de la Calle, en una declaración aparte.
El compromiso anunciado garantizará en la práctica que el acuerdo de paz se incorpore a la Constitución colombiana y se ajuste al derecho internacional, tras cumplir una serie de trámites legales y de protocolos antes organismos como Naciones Unidas.
“El gobierno nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un acto legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el acuerdo final”, precisaron las partes. Las FARC y el gobierno de Santos alcanzaron este nuevo entendimiento en momentos en que están negociando los dos puntos finales del proceso: el cese bilateral y definitivo del fuego, que incluye el desarme de los rebeldes, y el mecanismo de refrendación de lo acordado.
Con esto “los colombianos debemos alistarnos para entrar en una nueva era de reconciliación, debemos por tanto iniciar desde ya los preparativos de la gran fiesta nacional por la paz”, señalaron las FARC en un comunicado leído a la prensa por Iván Márquez, jefe del equipo negociador.
