San Salvador, El Salvador
Organismos humanitarios de El Salvador celebraron este viernes la desclasificación de información en Estados Unidos sobre masacres cometidas por el ejército y los escuadrones de la muerte durante la guerra civil de este país centroamericano, entre 1980-1992.
'El contenido de estos documentos valida los testimonios de las víctimas, que durante años fueron incansables en la búsqueda de la justicia. Ahora resta que el Estado (salvadoreño) reconozca los acontecimientos que se narran para comenzar a dignificar la memoria de las víctimas', destacó Silvia Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA).
En nombre de una decena de organismos humanitarios, Cuéllar comentó que los documentos desclasificados correspondientes al período 1982-1985 fueron entregados al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington por el Departamento de Estado.
'Los documentos son un reconocimiento público de los hechos que fueron ocultados y negados oficialmente durante años', explicó Cuéllar.
La información fue liberada el 14 de marzo pasado después de que la Universidad de Washington, en octubre de 2015, demandara a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) por denegar una solicitud de desclasificación de documentos relacionados con el coronel salvadoreño Sigifredo Ochoa Pérez y otros militares.
Los organismos humanitarios implican a Ochoa Pérez y a otros militares en las masacres de Santa Cruz, El Calabozo, La Quezera y el río Lempa, cometidas en los inicios de la guerra civil.
Ochoa Pérez, ahora retirado, aparece mencionado 269 veces en un documento de 325 páginas, señaló por su parte Eduardo García, de la Asociación Probúsqueda de los Niños Desaparecidos.
'Queda claro que los escuadrones de la muerte fueron una realidad y que actuaron con la vinculación del Estado, con la fuerza armada y los cuerpos de seguridad', declaró Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos.
'Históricamente el desconocimiento de la verdad ha conllevado a la imposición de la idea de perdón y olvido por parte de quienes cometieron los atropellos, imposibilitando el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y abriendo paso a la impunidad', destacó Cuéllar.
En El Salvador todo clamor de justicia choca con una ley de amnistía que en 1993 perdonó las atrocidades cometidas en la guerra, pero los organismos humanitarios esperan entregar pronto la nueva información a la Fiscalía para que inicie investigaciones de los crímenes de lesa humanidad.
