A dos semanas de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en ataques de la policía, el hallazgo de más fosas clandestinas donde se teme que estén enterrados los jóvenes han dejado poco lugar a las esperanzas de encontrarlos con vida.
La identificación de los cuerpos hallados en la ciudad de Iguala (sur) puede demorarse días o semanas debido a su alto estado de carbonización.
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Pero la confesión de varios detenidos de que allí enterraron a jóvenes apuntan a que finalmente fueron asesinados tras ser tiroteados por policías municipales y sicarios del cártel local Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre.
Uno de los últimos detenidos del caso es Salomón Pineda alias 'El Molón', hermano de la esposa del alcalde y presunto miembro de Guerreros Unidos, quien confesó ser uno de los autores materiales del crimen, señaló este viernes el fiscal general, Jesús Murillo Karam, a la emisora MVS Radio.
La detención de 'El Molón' y de otras tres personas en las últimas horas llevó a los investigadores hacia cuatro nuevas fosas clandestinas con cuerpos, ubicadas en una zona montañosa cercana a Iguala, donde Pineda aseguró que se enterró a estudiantes.
El fin de semana fueron halladas otras cinco fosas con 28 cadáveres que aún están siendo identificados, localizadas donde otros dos sicarios también aseguran haber enterrado a estudiantes asesinados.
Sin embargo, las autoridades piden esperar al fin de los peritajes de los cuerpos, en los que colaboran forenses argentinos, para confirmar la muerte de los estudiantes. Las familias se resisten a perder la esperanza y aseguran que sus hijos siguen en manos de policías de Iguala que están fugitivos.
Hay cerca de 40 detenidos por este caso, entre ellos al menos 26 policías municipales.
¿Un crimen evitable?
Aunque está acostumbrada a saber de atrocidades en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la sociedad mexicana sigue impactada por la saña con la que fueron atacados tantos jóvenes estudiantes.
La indignación con las autoridades también crece por no haber actuado ante los señalamientos de la infiltración del crimen organizado en Iguala, ciudad de 140.000 habitantes situada a solo 200 km de Ciudad de México.
Además de los vínculos familiares de Pineda con narcotraficantes, el alcalde José Luis Abarca fue denunciado a mediados de 2013 por homicidio en la justicia de la región de Guerrero (sur). La pareja huyó de Iguala dos días después de las desapariciones.
'Es inaceptable que en un Estado democrático de derecho como México puedan haber localidades con vacíos de autoridad y, peor aún, con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes', subrayó el presidente Enrique Peña Nieto al referirse al crimen durante una conferencia con los gobernadores regionales.
La fiscalía general decidió ahora investigar la denuncia por homicidio contra Abarca, de la que ya tenía conocimiento pero que se presentó en la justicia regional, al considerar que responde a una 'abierta y clara delincuencia organizada'.
El alcalde y su esposa son buscados para que declaren sobre los hechos. Este viernes el fiscal reconoció que, si se hubiera detenido en su momento al alcalde, 'desde luego que se pudo haber evitado' el crimen de Iguala.
Pero 'nunca me imaginé que pudiera hacerse una barbaridad del tamaño del que se hizo', se defendió.
Pineda fue señalada en un reporte de inteligencia como quien ordenó al director de Seguridad Pública que reprimiera a los estudiantes de la combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa, temiendo que interrumpieran un discurso que ella debía pronunciar ese día.
Los jóvenes, la mayoría entre 18 y 21 años, estaban recaudando fondos en Iguala y se habían apoderado de varios autobuses para que les regresaran a Ayotzinapa.
Además, la fiscalía de Guerrero acusó al alcalde de permanecer esa noche en una fiesta en lugar de intentar frenar el ataque de sus policías y sicarios contra los estudiantes, que dejaron seis muertos.
Prueba para el Estado
El caso de Iguala volvió a desnudar la profunda infiltración del narcotráfico en México en un caso que también ha repercutido en el exterior, con reclamos de la ONU y el gobierno de Estados Unidos para que se clarifique.
Naciones Unidas recalcó el viernes que esta investigación probará la voluntad del Estado mexicano para respetar los derechos humanos y acabar con la impunidad en el país, donde el 93% de los delitos y el 80% de los homicidios quedan sin resolver.
Las fuerzas de seguridad mexicanas también han estado en el centro de la polémica por la muerte de 22 presuntos secuestradores a manos de militares en el marco de un enfrentamiento en junio en Tlatlaya (centro).
La fiscalía anunció este viernes que tres militares -un sargento y dos soldados- han sido acusados de homicidio por rematar al menos a ocho de los 22 muertos, luego de que terminara el tiroteo. AFP
