Otra demanda contra norma que rechaza permiso de residencia

Nueva York.

Nueva York, Vermont y Connecticut se sumaron ayer a otros estados y condados de EEUU que han llevado a los tribunales una nueva regla contra migrantes considerados como “carga pública”, anunciada por la Administración del presidente Donald Trump, basados en que causará “daño inmediato e irreparable” a sus residentes.

Los tres estados, a los que se unió la ciudad de Nueva York, acudieron a la corte federal para el distrito sur, en Manhattan, para impugnar la normativa, anunciada el 12 de agosto, que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los migrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.

Posición oficial Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU, dijo este mes que el cambio aseguraría que los inmigrantes que vienen al país no se conviertan en una carga pública, aunque ellos pagan impuestos.

Bajo esta nueva regla, que entra en vigor el 15 de octubre, un inmigrante legal que vive en EEUU será definido como “ carga pública” si recibe “ uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Nueva York, Vermont y Connecticut argumentan en su demanda que la nueva definición de “carga pública” hecha por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no toma en cuenta la definición del Congreso del tema e ignora un siglo de jurisprudencia y leyes.

2 demandas más enfrenta la normativa de Trump denominada “carga pública”, interpuestas por 2 condados de California y 13 estados.

Indican, además, que la nueva regla convierte en un arma política la investigación que se hará para probar quién es una carga pública porque afecta, principal y específicamente a migrantes de color, con discapacidades y de bajos ingresos, explicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.

Los fiscales aseguran que la propuesta de Trump malinterpreta el propósito de los programas no monetarios, que han sido diseñados para ayudar a los inmigrantes, que llegan a este país con medios limitados, para salir de la pobreza. Esos beneficios incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.

La iniciativa busca reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como “green cards” (“tarjetas verdes”), o algunos visados. Los demandantes estiman que la nueva regla tendrá gran impacto en sus comunidades inmigrantes con la disminución de los participantes de los programas de cupones de alimentos, Medicaid y otros de asistencia para la vivienda, lo que conllevaría el aumento en los sin techo.

Amenazan a enfermeras por hablar español HAINES CITY. Siete enfermeras puertorriqueñas denunciaron que los supervisores de una clínica del gobierno de Florida les advirtieron que dejaran de hablar español entre ellas o serían despedidas. Las mujeres trabajan en una clínica del Departamento de Salud de Florida en Haines City. El grupo comunitario La Mesa Boricua de Florida informó el lunes en un comunicado por escrito que el grupo presentó una queja ante su oficina de recursos humanos y que escribió una carta al Departamento de Salud de Florida. Las trabajadoras de la salud dicen que su labor les requiere ser bilingües debido a que muchos de los pacientes son hispanohablantes. La enfermera Mairyli Miranda dijo que ella y sus compañeras hablan en inglés con otros pacientes y colegas que no hablan español, pero que prefieren su idioma natal para hablar entre ellas. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC por sus siglas en inglés) establece que las reglas que obligan a hablar sólo en inglés pueden violar las leyes federales a menos que estén “justificadas por una necesidad comercial”.