Ottawa, Canadá.
El organismo de control ético de Canadá criticó el miércoles al primer ministro Justin Trudeau, tras concluir que éste había roto las reglas al tratar de presionar a su fiscal general para evitar un caso criminal contra el gigante de ingeniería SNC-Lavalin, en un escándalo previo a las elecciones de octubre.
El organismo de control ético de Canadá criticó el miércoles al primer ministro Justin Trudeau, tras concluir que éste había roto las reglas al tratar de presionar a su fiscal general para evitar un caso criminal contra el gigante de ingeniería SNC-Lavalin, en un escándalo previo a las elecciones de octubre.
El caso, revelado a principios de este año, opacó la imagen de chico de oro que ha tenido el primer ministro, costó el empleo a dos ministros y a dos altos funcionarios y sumió a los liberales en un empate en las encuestas con los opositores Conservadores.
El comisionado independiente de ética parlamentaria, Mario Dion, dijo que Trudeau y sus funcionarios habían tratado erróneamente de 'ejercer influencia sobre la fiscal general en su decisión de intervenir en un asunto relacionado con un proceso penal'.
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Trudeau deberá pagar una pequeña multa de hasta 500 dólares canadienses (375 dólares estadounidenses) por contravenir el acta de conflicto de intereses de Canadá, aunque los costos políticos serán mucho mayores a sólo dos meses de las elecciones nacionales.
El primer ministro ha rechazado categóricamente las acusaciones de que su círculo íntimo trató de proteger a SNC-Lavalin de un juicio por corrupción.
La firma con sede en Montreal fue acusada en 2015 de pagar supuestos sobornos para asegurar contratos en Libia.
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La exfiscal general Jody Wilson-Raybould se negó a pedir a los fiscales que dejaran el caso, y el juicio está listo para continuar.
Pero después de su renuncia, ella testificó ante los legisladores que había sufrido una presión política 'consistente y sustancial' para intervenir en el caso, incluyendo 'amenazas veladas'.
Dion concluyó: 'La autoridad del primer ministro y su oficina fue usada para eludir, socavar e intentar desacreditar la decisión del director de la fiscalía pública igual que la autoridad de la Sra. Wilson-Raybould'.
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El comisionado también encontró que 'los intereses políticos partidistas fueron puestos de manera indebida en manos de la fiscal general para su consideración en el asunto', en particular que una sentencia en el juicio resultaría en la privación de lucrativos contratos gubernamentales para SNC-Lavalin, que impactaría en la pérdida de puestos de trabajo y que a su vez esto perjudicaría la candidatura a la reelección de los liberales.
