Bogotá.
La Corte Suprema ordenó su captura y pidió a la policía internacional (Interpol) emitir una circular roja para su ubicación y arresto con fines de extradición. Santrich abandonó
su esquema de seguridad el 30 de junio. Fue visto por última vez en una zona de reincorporación de excombatientes en el norte de Colombia, lo cual alimentó sospechas sobre su paso a Venezuela.
Colombia ofreció ayer una recompensa equivalente a cerca de un millón de dólares por Jesús Santrich, exjefe Farc buscado por presunto narcotráfico, y que pudo haber huido a Venezuela, según el gobierno.
El general de la policía Óscar Atehortua anunció vía Twitter una “recompensa de hasta 3,000 millones de pesos” por quien dé información que permita capturar a Seuxis Paucias Hernández -nombre legal de Santrich-.
Más temprano, el presidente Iván Duque dijo que el congresista y exnegociador de la disuelta guerrilla Farc pudo haber huido a Venezuela. “Esa probabilidad es real porque está cerca de la zona donde él huyó y nosotros estamos monitoreando esto con todas las autoridades”, agregó el mandatario en una entrevista a la Emisora Atlántico de la ciudad de Barranquilla.
De 52 años y con aguda deficiencia visual, Santrich pasó a ser uno de los hombres más buscados del país tras incumplir el martes una diligencia de indagatoria por el presunto intento de traficar cocaína después de haber firmado la paz en 2016.
| 140 integrantes de la exguerrilla han sido asesinados desde la firma del pacto en 2016, denunció la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
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“Ningún país puede darle protección... y si hay alguno que le esté dando protección, lo vamos a denunciar internacionalmente”, advirtió Duque. El miércoles, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que desconocía el paradero del exjefe rebelde.
Además de Santrich, las autoridades no tienen pistas sobre el paradero de otros tres excomandantes guerrilleros, quienes tampoco han comparecido a los llamados de la justicia de paz y están en proceso de perder las ventajas del acuerdo y quedar de nuevo en la mira de las autoridades.
El pacto con la otrora guerrilla comunista prevé que los responsables de graves delitos que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas reciban penas alternativas a la cárcel. En caso de incumplimiento, podrán recibir condenas de hasta 20 años.
