Ciudad de Guatemala.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) reanudó este miércoles su labor litigiosa en los procesos judiciales abiertos después de que el pasado enero el presidente Jimmy Morales cancelara unilateralmente el acuerdo que permitía el funcionamiento del ente.
El portavoz de la Comisión, Matías Ponce, reconoció a Efe que si bien 'subsisten las situaciones de riesgo y desprotección derivadas de las decisiones gubernamentales', la Comisión ha venido retomando las labores propias de su mandato y este día hizo lo propio con las 'actividades litigiosas', es decir, su participación en las audiencias judiciales.
El personal de la Cicig, un ente creado en 2006 después de un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado guatemalteco que comenzó sus funciones de un año después, se presentó este miércoles a los Tribunales para la audiencia de etapa intermedia del caso 'Manipulación de Justicia'.
En esta causa, que se remonta a un conflicto por la herencia de tierras entre los hermanos Melgar Padilla ( Érick y el diputado oficialista Herberth Melgar Padilla), está implicado entre otros un exfiscal del crimen organizado y un general por la supuesta manipulación de testigos y pruebas para implicar a otras personas en el asesinato de José Armando Melgar Moreno (padre del general y el diputado) ocurrido el 9 de diciembre de 2012.
La participación del personal de la Cicig en la audiencia, continuó Ponce, es en atención 'a las necesidades y exigencias de los procesos, así como los requerimientos de los órganos jurisdiccionales', pero se tomó después de adoptar las medidas de seguridad 'apropiadas' y solicitar el acompañamiento de organismos de derechos humanos para 'el mismo efecto'.
'Se exhorta a las instituciones del sistema de procuración de justicia y entidades afines brindar el apoyo necesario para que los mandatarios de la Comisión puedan cumplir de manera cabal y segura las funciones encomendadas', concluyó.
A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a activistas, abogados y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar que el Gobierno concrete la salida anticipada de la Cicig, anunciada el 7 de enero pasado, el Gobierno no ha desistido en su esfuerzo para terminar con la entidad.
Cuando el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, expuso que la Cicig debía abandonar el país, la señaló de haber 'violado' las leyes nacionales e internacionales y de haberse extralimitado en sus funciones.
Sin embargo, según ha podido saber Efe por una fuente cercana a la Comisión, el personal de esta entidad, cuyo mandato finaliza el próximo septiembre, no ha dejado de trabajar en labores de acompañamiento a investigaciones. EFE
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) reanudó este miércoles su labor litigiosa en los procesos judiciales abiertos después de que el pasado enero el presidente Jimmy Morales cancelara unilateralmente el acuerdo que permitía el funcionamiento del ente.
El portavoz de la Comisión, Matías Ponce, reconoció a Efe que si bien 'subsisten las situaciones de riesgo y desprotección derivadas de las decisiones gubernamentales', la Comisión ha venido retomando las labores propias de su mandato y este día hizo lo propio con las 'actividades litigiosas', es decir, su participación en las audiencias judiciales.
El personal de la Cicig, un ente creado en 2006 después de un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado guatemalteco que comenzó sus funciones de un año después, se presentó este miércoles a los Tribunales para la audiencia de etapa intermedia del caso 'Manipulación de Justicia'.
En esta causa, que se remonta a un conflicto por la herencia de tierras entre los hermanos Melgar Padilla ( Érick y el diputado oficialista Herberth Melgar Padilla), está implicado entre otros un exfiscal del crimen organizado y un general por la supuesta manipulación de testigos y pruebas para implicar a otras personas en el asesinato de José Armando Melgar Moreno (padre del general y el diputado) ocurrido el 9 de diciembre de 2012.
La participación del personal de la Cicig en la audiencia, continuó Ponce, es en atención 'a las necesidades y exigencias de los procesos, así como los requerimientos de los órganos jurisdiccionales', pero se tomó después de adoptar las medidas de seguridad 'apropiadas' y solicitar el acompañamiento de organismos de derechos humanos para 'el mismo efecto'.
'Se exhorta a las instituciones del sistema de procuración de justicia y entidades afines brindar el apoyo necesario para que los mandatarios de la Comisión puedan cumplir de manera cabal y segura las funciones encomendadas', concluyó.
A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a activistas, abogados y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar que el Gobierno concrete la salida anticipada de la Cicig, anunciada el 7 de enero pasado, el Gobierno no ha desistido en su esfuerzo para terminar con la entidad.
Cuando el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, expuso que la Cicig debía abandonar el país, la señaló de haber 'violado' las leyes nacionales e internacionales y de haberse extralimitado en sus funciones.
Sin embargo, según ha podido saber Efe por una fuente cercana a la Comisión, el personal de esta entidad, cuyo mandato finaliza el próximo septiembre, no ha dejado de trabajar en labores de acompañamiento a investigaciones. EFE
