California, Estados Unidos.
En el año que ha transcurrido desde que el Gobierno Trump anunciase su vano intento de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) la lucha legal ha sido intensa y el movimiento que lucha para que el programa se mantenga se fortaleció, aseguran líderes 'soñadores' a Efe.
'En este año hemos madurado y crecido, aprendimos a llevar la lucha a las cortes y la justicia ha estado de nuestra parte, eso fortaleció el movimiento', dice a Efe Cesar Vargas, cofundador del grupo Dream Action Coalition
Vargas destaca las cuatro decisiones de jueces federales a favor de los 'soñadores' que argumentaron que fue ilegal la decisión de la Administración del presidente Donald Trump anunciada el 5 de septiembre del 2017 y que debía entrar en vigor el 5 de marzo de 2018.
La orden de rescindir DACA apenas duró cuatro meses y en enero pasado el juez William Alsup ordenó desde California al Gobierno detener sus planes y aceptar las solicitudes de renovación de este programa mientras evaluaba cinco demandas en contra de esta polémica medida.
El magistrado calificó de 'arbitraria y caprichosa' la determinación que Trump tomó para acabar con el beneficio que ampara a unos 690,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Una de las querellas legales está encabezada por seis 'soñadores' afectados.
Uno de ellos es la mexicana Dulce García, abogada protegida por DACA que reside en San Diego (California) y quien no ha parado para impedir que una legalización de los 'soñadores' afecte a otros inmigrantes, como pretenden buena parte de los republicanos.
'Trump ha querido todo este tiempo usarnos como ficha política, pero no pudo', explica García.
Para ello, Trump reclamó al Congreso una salida legislativa para los 'soñadores', aunque marcando unas líneas rojas que difícilmente los demócratas podían aceptar, como fondos para construir un muro en la frontera con México y terminar con la inmigración en cadena.
Sin embargo, ningún proyecto con estas exigencias prosperó en el Congreso, a pesar del ultimátum de los seis meses antes de cerrarlo de manera definitiva.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), califica la clausura de DACA como uno de los mayores errores de Trump.
La orden de Aslup, y decisiones similares de otros jueces, le restó la presión al Congreso y el 5 de marzo pasó sin que se llegara a un acuerdo.
La semana pasada, el movimiento de defensa de DACA se anotó otra victoria parcial después que en Texas otro juez declinase la petición de una coalición de siete estados de acabar de 'inmediato' el programa.
Vea: Muere presentadora de la BBC que anunció sus últimos días de vida
Luis Cortes, un abogado de inmigración protegido por el amparo en Seattle, advierte de que toda la atención ahora está puesta en la Corte Suprema de Justicia, que seguramente evaluará el tema en los próximos meses.
La posible confirmación del conservador Brett Kavanaugh para ocupar una silla del Tribunal Supremo se muestra como un obstáculo más que tendrán que sobrepasar este movimiento.
Vargas coincide con Cortes en que finalmente la decisión del Supremo podría favorecer al Gobierno, por lo que el objetivo actual es animar a miles de jóvenes a renovar mientras puedan su DACA y lograr así al menos dos años de permiso de residencia y trabajo en EEUU.
De acuerdo a las cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), en este último trimestre del año fiscal 2018, que acaba el 31 de septiembre próximo, el Gobierno ha recibido 26,749 solicitudes de renovación, para un total de casi 188,000 en lo que va del año. EFE
