Colombia.
El Gobierno de Venezuela usa la ayuda humanitaria como una arma para el control social y roba fondos de un programa de asistencia alimentaria a costa del sufrimiento de los habitantes de la nación petrolera, denunciaron ayer funcionarios de Colombia, EEUU, México y Panamá. Funcionarios de esos países de temas relacionados con Hacienda y control de activos hicieron pública la denuncia a través de una declaración conjunta, tras una reunión en la ciudad de Cartagena en la que compartieron información sobre personas corruptas vinculadas al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus redes de apoyo.
“Los participantes reconocieron la importancia de la coordinación internacional para combatir las redes de financiación ilícitas que respaldan el régimen represivo del presidente Maduro. El grupo notó que el régimen usa alimentos y ayuda humanitaria como un arma para el control social”, dijo la declaración.
“Además, los Ministerios de Hacienda de los cuatro países condenaron el robo de fondos del programa venezolano de ayuda alimentaria (conocido como Clap) y compartieron información financiera sobre redes de corrupción que se están beneficiando a costa del sufrimiento del pueblo venezolano”, agregó.
Los asistentes tomaron la decisión de incorporar a otros países en una investigación conjunta internacional para detectar las redes de corrupción de las que se benefician funcionarios del Gobierno de Venezuela con los recursos de asistencia humanitaria.
“Esta cooperación se basa en el compromiso de alto nivel de la región para apoyar al pueblo venezolano y responsabilizar a quienes corresponde por la crisis política, social, y económica en Venezuela”, concluyó el documento.
El Gobierno de Venezuela usa la ayuda humanitaria como una arma para el control social y roba fondos de un programa de asistencia alimentaria a costa del sufrimiento de los habitantes de la nación petrolera, denunciaron ayer funcionarios de Colombia, EEUU, México y Panamá. Funcionarios de esos países de temas relacionados con Hacienda y control de activos hicieron pública la denuncia a través de una declaración conjunta, tras una reunión en la ciudad de Cartagena en la que compartieron información sobre personas corruptas vinculadas al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus redes de apoyo.
“Los participantes reconocieron la importancia de la coordinación internacional para combatir las redes de financiación ilícitas que respaldan el régimen represivo del presidente Maduro. El grupo notó que el régimen usa alimentos y ayuda humanitaria como un arma para el control social”, dijo la declaración.
“Además, los Ministerios de Hacienda de los cuatro países condenaron el robo de fondos del programa venezolano de ayuda alimentaria (conocido como Clap) y compartieron información financiera sobre redes de corrupción que se están beneficiando a costa del sufrimiento del pueblo venezolano”, agregó.
Los asistentes tomaron la decisión de incorporar a otros países en una investigación conjunta internacional para detectar las redes de corrupción de las que se benefician funcionarios del Gobierno de Venezuela con los recursos de asistencia humanitaria.
“Esta cooperación se basa en el compromiso de alto nivel de la región para apoyar al pueblo venezolano y responsabilizar a quienes corresponde por la crisis política, social, y económica en Venezuela”, concluyó el documento.
