Texas, Estados Unidos.
Para los activistas que hacen voluntariado en defensa de los inmigrantes, sacar provecho económico de ellos es 'repugnante'. Pero el negocio de la inmigración ilegal en Texas genera prósperas cárceles y emplea a prestamistas, usureros y abogados de medio pelo.
Desde el último mes, Texas ha estado en el centro del escándalo migratorio producido por la política 'cero tolerancia' del presidente Donald Trump, que provocó la separación de más de 2.300 niños de sus familias al ingresar al país ilegalmente o pidiendo asilo.
Más de dos tercios de las detenciones tienen lugar en Texas. En año fiscal 2017, por ejemplo, la patrulla fronteriza aprehendió a 303.916 individuos en la frontera sur. De ellos, 207.693 fueron capturados en Texas, según la oficina de migración ICE.
Por eso Texas tiene, también, la mayor cantidad de prisiones para inmigrantes.
Construido en 1983, el centro de detención en Houston fue la primera prisión privada de la historia moderna de Estados Unidos. Sus dueños, Corrections Corporation of America (CCA), y GEO Group son las dos mayores corporaciones de prisiones en Estados Unidos. Ambas cotizan en bolsa.
CCA (ahora CoreCivic) opera cuatro centros de detención contratados por ICE en Texas. La segunda, GEO, opera tres, más un cuarto en construcción. Las dos tienen más de 120 prisiones cada una en todo el país.
'Apreciamos mucho la continua confianza que muestra hacia nuestra compañía la oficina de Inmigración y Aduana', dijo el año pasado el presidente de GEO, George Zoley, en un comunicado donde informó de un nuevo contrato con el gobierno federal de 110 millones de dólares.
Según el centro de investigación In The Public Interest (INPI), este esquema provoca que el encarcelamiento masivo por delitos menores -como el ingreso ilegal- sea promovido en la esfera privada.
Ambas corporaciones, 'juntas, han gastado más de 10 millones de dólares en candidatos políticos y casi 25 millones en cabildeo desde 1989', señaló en un reporte de junio.
GEO y CoreCivic sumaron ganancias anuales de 4.000 millones de dólares en 2017, según documentos de las dos compañías.
'Es repugnante'
'Es una industria que da cabida a un lobby a favor de que las sentencias sean más largas (...) y más severas, porque siempre que hay una cama ocupada, ellos hacen dinero', dijo a la AFP la abogada de migración Jodi Goodwin, que hace voluntariado para la ONG Migrant Center for Human Rights.
Según ICE, en el año fiscal 2017 el promedio de población diaria de inmigrantes era de 30.539 individuos. Este año fiscal, la cifra ya alcanza 50.379. 'Es asqueroso. Es repugnante', dijo Goodwin.
El escándalo de la separación familiar también puso bajo el foco a los operadores privados de los refugios adonde van a parar los niños cuando son separados de sus padres o tutores por las autoridades de frontera.
Hay 31 centros para niños en Texas, según el Texas Tribune. Estos refugios infantiles están bajo contrato de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
'Casa Padre', una exfarmacia Walmart en Brownsville donde viven más de 1.400 varones menores de edad antes de que sean enviados a casas de adopción temporal, es el mayor de los refugios que posee Southwest Key Programs, algunos de los cuales han sido acusados por inspectores estatales de maltratar a los niños.
La revista Bloomberg informó que Southwest Key recibirá del gobierno más de 458 millones de dólares este año.
Pero los prósperos operadores de prisiones y refugios infantiles no son los únicos que se sustentan en la inmigración ilegal.
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Por ejemplo, las tiendas de préstamos para pagar fianzas (en inglés, 'bail bonds') abarrotan el centro de El Paso. Estos negocios prestan dinero a los detenidos que no pueden pagar la fianza fijada por el juez para salir en libertad mientras se procesa su caso.
Según contaron los comerciantes, para delitos comunes los agentes de 'bail bonds' cobran al acusado cerca del 10% de comisión sobre el valor de la fianza. Pero cuando se trata de casos migratorios, el precio sube estrepitosamente: 'La mayoría de las fianzas migratorias son de 10.000 y 15.000 dólares, aunque ahoritatengo una de 25.000', dijo una empleada de Lachica Bonds que pidió no ser identificada.
Luego, cuando los inmigrantes son liberados, deben llevar una tobillera electrónica que monitoriza su ubicación. Estas tobilleras son vendidas a las autoridades por BI Incorporated, parte de la corporación GEO Group. Sus empleados en la oficina de El Paso se negaron a informar a AFP el precio de las tobilleras.
