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Las reformas de Daniel Ortega que desataron la violencia en Nicaragua

  • 19 abril 2018 /

El rechazo a una serie de reformas impuestas por el Gobierno de Ortega han desatado violentas manifestaciones en Nicaragua.

Managua, Nicaragua.

Jubilados, empresarios y universitarios protestan en Nicaragua contra un polémico paquete de reformas al sistema de pensiones y del Seguro Social impulsado por el gobierno, que los manifestantes calificaron ilegal e inhumana.

'Ladrones' y 'el pueblo unido jamás será vencido', coreaban jóvenes y jubilados que enfrentan desde ayer a grupos movilizados por el gobierno para apoyar la medida en Managua, en violentos choques que han dejado decenas de heridos.

Entre los sectores que rechazan la reforma destacan pensionados, universitarios y grupos opositores que acusan al gobierno de golpear a los sectores más vulnerables.



La vicepresidenta Rosario Murillo recordó que la decisión se hizo 'tomando en cuenta el bien de todos'.

La reforma no modifica la edad de 60 años para jubilarse, aunque aumenta de forma gradual la cuota patronal, de 19% en la actualidad hasta 22,5% en 2020.



La cuota para los trabajadores aumentará de 6,25 a 7% y deducirá 5% del monto de la pensión de los jubilados para atención médica.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), un aliado del gobierno en los últimos 11 años, rechazó el proyecto.

Vea: Dura represión a las protestas contra Daniel Ortega en Nicaragua

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió a su vez que la reforma provocará 'despidos y más desempleo' y proyecta que unos 200 millones de dólares dejarán de circular en la economía, lo que redundará en una desaceleración del consumo y mayor informalidad.

Funides, un centro de pensamiento de políticas económicas y sociales, acusó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de atribuirse funciones legislativas al modificar los aportes que recibe.

El presidente del INSS, Roberto López, justificó que la medida es necesaria para darle sostenibilidad financiera a la institución por un período de 10 años, tras lo cual se requerirá un nuevo ajuste.