Quito, Ecuador.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó el viernes el asesinato en cautiverio de los dos periodistas y el chofer del diario El Comercio y anunció acciones 'militares' en la frontera con Colombia, donde fueron secuestrados el 26 de marzo por guerrilleros disidentes de las FARC.
'Lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas',expresó el gobernante en una declaración ante la prensa en Quito.
El rumor de la ejección del reportero Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) tomó fuerza luego de que las autoridades recibieran el jueves del canal colombiano RCN unas fotografías de unos presuntos cadáveres que corresponderían a los rehenes.
Al tiempo ordenó acciones 'militares y policiales' en la convulsa frontera con Colombia contra los captores.
'Hemos reiniciado (...) las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza que fueron suspendidas y dispuesto inmediatamente el despliegue de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio', indicó Moreno.
El gobierno acusó del crimen de los reporteros a disidentes implicados en el narcotráfico que operan en territorio limítrofe.
El jueves, Moreno había dado plazo de 12 horas a los captores para que entreguen una prueba de vida de los secuestrados luego de que las autoridades recibieran del canal colombiano RCN unas fotografías de cadáveres que correspondían a los rehenes.
Moreno apuntó que 'más allá de los esfuerzos realizados se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, es muy probable (...) que lo único que hayan querido es ganar tiempo'.
Este viernes, Santos envió a Quito a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, junto a las máximas autoridades militares y policiales.
'Nuestra solidaridad también si se reconfirma (...) el vil asesinato de estos ciudadanos ecuatorianos', señaló Santos a su llegada a la cumbre en Lima.
La ejecución de los reporteros tomó fuerza luego de que las autoridades recibieran el jueves del canal colombiano RCN unas fotografías de unos presuntos cadáveres que corresponderían a los rehenes.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió el jueves a Bogotá y Quito que 'adopten las medidas necesarias para salvaguardar' al equipo periodístico.
Los reporteros cayeron en poder de rebeldes disidentes de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando realizaban trabajo periodístico en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia.
Durante la mañana se seguían sucediendo manifestaciones de dolor en Quito y las principales ciudades del país. Frente a la casa presidencial, en el centro de la capital, decenas de periodistas, familiares y ciudadanos permanecen concentrados en una vigilia a la espera del fin del plazo dado por Moreno.
La última vez que se les vio con vida a los secuestrados fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril. En ella aparecían los tres abrazados, con cadenas y candados al cuello, e instaban a Moreno a llegar a un acuerdo con los captores.
En los 19 días de desaparición, la información ha llegado a cuentagotas y cruzada por rumores y datos falsos.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó el viernes el asesinato en cautiverio de los dos periodistas y el chofer del diario El Comercio y anunció acciones 'militares' en la frontera con Colombia, donde fueron secuestrados el 26 de marzo por guerrilleros disidentes de las FARC.
'Lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas',expresó el gobernante en una declaración ante la prensa en Quito.
El rumor de la ejección del reportero Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) tomó fuerza luego de que las autoridades recibieran el jueves del canal colombiano RCN unas fotografías de unos presuntos cadáveres que corresponderían a los rehenes.
Al tiempo ordenó acciones 'militares y policiales' en la convulsa frontera con Colombia contra los captores.
'Hemos reiniciado (...) las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza que fueron suspendidas y dispuesto inmediatamente el despliegue de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio', indicó Moreno.
El gobierno acusó del crimen de los reporteros a disidentes implicados en el narcotráfico que operan en territorio limítrofe.
El jueves, Moreno había dado plazo de 12 horas a los captores para que entreguen una prueba de vida de los secuestrados luego de que las autoridades recibieran del canal colombiano RCN unas fotografías de cadáveres que correspondían a los rehenes.
Moreno apuntó que 'más allá de los esfuerzos realizados se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, es muy probable (...) que lo único que hayan querido es ganar tiempo'.
Este viernes, Santos envió a Quito a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, junto a las máximas autoridades militares y policiales.
'Nuestra solidaridad también si se reconfirma (...) el vil asesinato de estos ciudadanos ecuatorianos', señaló Santos a su llegada a la cumbre en Lima.
La ejecución de los reporteros tomó fuerza luego de que las autoridades recibieran el jueves del canal colombiano RCN unas fotografías de unos presuntos cadáveres que corresponderían a los rehenes.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió el jueves a Bogotá y Quito que 'adopten las medidas necesarias para salvaguardar' al equipo periodístico.
Los reporteros cayeron en poder de rebeldes disidentes de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando realizaban trabajo periodístico en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia.
Durante la mañana se seguían sucediendo manifestaciones de dolor en Quito y las principales ciudades del país. Frente a la casa presidencial, en el centro de la capital, decenas de periodistas, familiares y ciudadanos permanecen concentrados en una vigilia a la espera del fin del plazo dado por Moreno.
La última vez que se les vio con vida a los secuestrados fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril. En ella aparecían los tres abrazados, con cadenas y candados al cuello, e instaban a Moreno a llegar a un acuerdo con los captores.
En los 19 días de desaparición, la información ha llegado a cuentagotas y cruzada por rumores y datos falsos.
Paz rota
El asesinato de los tres ecuatorianos supone un golpe durísimo para Ecuador, un país que no había lidiado nunca con un secuestro de estas características y se preciaba de ser un remanso de paz en medio de los problemas derivados del narcotráfico que enfrenta Colombia.
Desde un comienzo las autoridades colombianas acusaron del secuestro al Frente Oliver Sinisterra.
Con entre 70 y 80 hombres, esa organización está dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador.
Guacho se mueve entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas.
El secuestro del equipo de El Comercio es el episodio más dramático de la oleada de violencia -hasta ahora desconocida- en Ecuador, que estalló en enero en la convulsa frontera.
Todo apunta a que la serie de ataques, la mayoría con bomba y que dejan cuatro muertos y 42 heridos, es consecuencia directa del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC.
Con el desarme de la otrora guerrilla más poderosa de América Latina, convertida ahora en partido político, arreciaron disputas territoriales entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 kilómetros, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal. AFP
