Bogotá, Colombia.
La exfiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, entregó ayer en Bogotá al Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio pruebas para que la alta corte abra un juicio al presidente Nicolás Maduro, por su presunta participación en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
“Explicar el modus operandi utilizado por Odebrecht va a ayudar a entender el caso en el que se involucra a altos funcionarios de la República, principalmente a Nicolás Maduro Moros”, dijo Ortega al inicio de su intervención en el antejuicio de mérito realizado en las instalaciones del Congreso colombiano.
El acto, al que no asistió Maduro ni su defensa, contó con la participación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia destituidos por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada fraudulenta por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional. El Supremo funciona en el exilio y se autodenomina “legítimo” al considerar que el que opera en Caracas fue nombrado “sin que se cumplieran los requisitos constitucionales”.
En el antejuicio, Ortega entregó documentos al Tribunal en los que dice que se comprueba la participación de Maduro en sobornos de Odebrecht que causaron un “daño al patrimonio público y un perjuicio a la sociedad”, y aseguró que sus consecuencias se ven en la “actual crisis humanitaria” que vive el país.
La exfiscal acusó a Maduro con base en las declaraciones hechas por el asesor político Joao Santana a la Justicia brasileña en las que dijo que el fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario recibieron dinero para campañas políticas y suscribieron contratos con la multinacional. “Si ganaban las elecciones iban a favorecer a Odebrecht en diversos proyectos y a aumentar el valor de contratos... fue tal el compromiso de Maduro que toma posesión (como presidente) el 19 de abril de 2013 y el 4 de mayo estaba aprobando el número de cuenta para desembolsar el dinero”, agregó.
Ortega instó al Tribunal a analizar las pruebas e iniciar un juicio contra el presidente venezolano, para quien pidió que se le imputen cargos por los delitos de corrupción y legitimación de capitales.
La exfiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, entregó ayer en Bogotá al Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio pruebas para que la alta corte abra un juicio al presidente Nicolás Maduro, por su presunta participación en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
“Explicar el modus operandi utilizado por Odebrecht va a ayudar a entender el caso en el que se involucra a altos funcionarios de la República, principalmente a Nicolás Maduro Moros”, dijo Ortega al inicio de su intervención en el antejuicio de mérito realizado en las instalaciones del Congreso colombiano.
El acto, al que no asistió Maduro ni su defensa, contó con la participación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia destituidos por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada fraudulenta por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional. El Supremo funciona en el exilio y se autodenomina “legítimo” al considerar que el que opera en Caracas fue nombrado “sin que se cumplieran los requisitos constitucionales”.
En el antejuicio, Ortega entregó documentos al Tribunal en los que dice que se comprueba la participación de Maduro en sobornos de Odebrecht que causaron un “daño al patrimonio público y un perjuicio a la sociedad”, y aseguró que sus consecuencias se ven en la “actual crisis humanitaria” que vive el país.
La exfiscal acusó a Maduro con base en las declaraciones hechas por el asesor político Joao Santana a la Justicia brasileña en las que dijo que el fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario recibieron dinero para campañas políticas y suscribieron contratos con la multinacional. “Si ganaban las elecciones iban a favorecer a Odebrecht en diversos proyectos y a aumentar el valor de contratos... fue tal el compromiso de Maduro que toma posesión (como presidente) el 19 de abril de 2013 y el 4 de mayo estaba aprobando el número de cuenta para desembolsar el dinero”, agregó.
Ortega instó al Tribunal a analizar las pruebas e iniciar un juicio contra el presidente venezolano, para quien pidió que se le imputen cargos por los delitos de corrupción y legitimación de capitales.
