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Colom, tercer expresidente guatemalteco que enfrenta la justicia

La Cicig inició una lucha contra la corrupción en Guatemala que ha saldado con la captura de varios ex altos funcionarios.

Los exmandatarios guatemaltecos, Álvaro Colom, Otto Pérez y Alfonso Portillo.
Los exmandatarios guatemaltecos, Álvaro Colom, Otto Pérez y Alfonso Portillo.

Ciudad de Guatemala.

Con el arresto del expresidente Álvaro Colom, acusado de participar en un caso de corrupción conocido como el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre 2008-2012, las autoridades guatemaltecas han puesto ya a tres exmandatarios a las órdenes de la justicia.

Colom es el tercer exmandatario acusado de corrupción, luego de que su sucesor en el cargo, Otto Pérez (2012-2015), fuera arrestado en 2015 por un escándalo de fraude en las aduanas.

Pérez, y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, se mantienen a la espera de la definición de la fecha para que inicie el juicio por el caso de "La Línea", una estructura de corrupción en el sistema aduanero supuestamente liderada por el exmandatario.

Ambos exmandatarios fueron investigados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano independiente de carácter internacional cuya misión es apoyar a las autoridades policiales y judiciales del país a combatir el delito y fortalecer la Justicia.

El actual presidente Jimmy Morales también ha sido señalado por financiamiento irregular de su campaña electoral, por lo que la fiscalía pidió levantar su inmunidad, lo cual fue rechazado por el Congreso.

Lea más: El expresidente Álvaro Colom era esperado en Honduras

En tanto, Alfonso Portillo (2000-2004), primer exgobernante de ese país en ser sometido a juicio por corrupción, fue absuelto en 2011, tras haber sido acusado de conspirar junto a su exministro de Finanzas, Manuel Maza, y a su exministro de la Defensa, Eduardo Arévalo, para malversar 15 millones de dólares del ministerio de la Defensa en 2001.

Tras el fallo de 2011, la Fiscalía y la Cicig, organismo avalado por las Naciones Unidas y que es querellante en esta causa, apelaron el fallo y pretendían una condena de diez años de prisión a los acusados.

Tras ser extraditado a EEUU, Portillo se declaró culpable de asociación ilícita para el lavado de dinero ante un tribunal de Manhattan, Nueva York, en 2014.