San José, Costa Rica.
Más de 600 homicidios en el 2017, la cifra más alta en la historia de Costa Rica, y una tendencia similar en lo que va de 2018, es el escenario que recibirá y deberá enfrentar el nuevo presidente de este país, reconocido hasta ahora por su tranquilidad en medio de una Centroamérica violenta a causa del narcotráfico y las pandillas.
Cuerpos desmembrados, decapitados y con signos de tortura caracterizan ahora a muchos crímenes en una Costa Rica no acostumbrada a este tipo de violencia.
Las autoridades aseguran que es la lacra del tráfico de drogas lo que está disparando la cifra de homicidios, que llegó a 603 en el 2017, con una tasa de 12,1 por cada 100.000 habitantes, lo que confirmó una tendencia al alza si se compara la situación con 2016 y 2015, cuando la tasa de homicidios se ubicó en 11,8 y 11,4, respectivamente.
El 25 por ciento de los crímenes registrados el año pasado están relacionados directamente con el narcotráfico, mientras que el 48 por ciento corresponde a ajustes de cuentas y venganzas, de acuerdo con los datos oficiales.
La violencia en Costa Rica sigue lejos de la situación de otros países de la región como el Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) donde las tasas llegan incluso a 60 muertos por cada 100.000 habitantes, pero allí, a diferente de en este país, los índices han venido en descenso en los últimos dos años.
Esa situación preocupa no solo a la población sino a los que aspiran a comandar el país a partir del próximo 8 de mayo.
La mayoría de los candidatos que disputarán la presidencia en las elecciones del próximo domingo han apostado por iniciativas que refuercen la seguridad, más policías, cámaras de vigilancia, acompañados por más inversión social.
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Otros han sacado el discurso de la mano dura contra la delincuencia y alguno hasta ha afirmado que pondrá a los reos a construir cárceles.
Pero todos coinciden en que para combatir el crimen organizado es necesario decomisar los bienes y las cuentas bancarias de las organizaciones criminales, para lo cual se han comprometido a apoyar una ley de Extinción de Dominio que está en estudio en el Congreso.
Los expertos en seguridad y funcionarios del Poder Judicial han manifestado la necesidad de una solución integral y no meramente policial, que incluya mejorar la distribución de la riqueza, brindar más oportunidades de trabajo a los jóvenes, incorporar a los niños y jóvenes al sistema educativo, colocar luz en zonas conflictivas y la realización de actividades culturales.
