Washington, Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump advirtió el miércoles a ciudades y jurisdicciones 'santuario' para los indocumentados, como Nueva York, Chicago y todo California, que podrían enfrentar citaciones judiciales y perder fondos federales por no apoyar la campaña contra la inmigración ilegal que impulsa el presidente.
El Departamento de Justicia (DoJ) señaló a 23 ciudades, condados y estados de no haber cumplido con la orden de que la policía local compartiera información sobre arrestos con oficiales federales de inmigración.
En cartas a esas jurisdicciones, el DoJ exigió la entrega de cualquier documento que pueda probar una política de falta de cooperación deliberada, y advirtió que de no hacerlo serán citados.
La administración Trump dice que las llamadas ciudades santuario protegen a los inmigrantes ilegales, incluidos los acusados o condenados por crímenes graves, de ser arrestados y expulsados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), popularmente llamado 'la migra'.
Trump, que llegó al poder con un duro discurso antiinmigrante, prometió expulsar a millones de indocumentados, a los que responsabiliza de los altos índices de delincuencia y tráfico de drogas. También se comprometió a endurecer o terminar con los programas de inmigración legal.
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'Proteger a los delincuentes extranjeros de las autoridades federales de inmigración desafía el sentido común y socava el Estado de derecho. Hemos visto demasiados ejemplos de la amenaza a la seguridad pública representada por jurisdicciones que obstaculizanla aplicación de leyes migratorias del gobierno federal. Ya es suficiente', dijo el fiscal general Jeff Sessions.
Entre las 23 jurisdicciones que desafiaron las órdenes de entregar al ICE a los inmigrantes ilegales arrestados localmente están ciudades importantes como San Francisco, Denver y Louisville, y estados como Illinois y Oregon.
Las jurisdicciones 'santuario' dicen que no es su trabajo hacer cumplir las leyes federales de inmigración y que el gobierno persigue a miles de personas que han vivido en el país durante años con familias y negocios establecidos.
Pero si no cumplen, el DoJ puede negarles importantes fondos federales para los programas locales de aplicación de la ley.
