Brasil
Paulsen dijo que apoyaba integralmente la decisión del instructor tanto de considerar culpable al expresidente como de
elevarle la pena a doce años y un mes de prisión frente a los nueve años y medio de condena que dictó un juez de primera instancia.
Los tres jueces de un tribunal de apelación confirmaron este miércoles la condena por corrupción al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y aumentaron la sentencia inicial a 12 años y un mes de cárcel, complicando sus aspiraciones presidenciales.
Lula, que aún dispone recursos para evitar la prisión, fue considerado culpable de haberse beneficiado de un apartamento tríplex ofrendado por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. La condena inicial era de nueve años y medio de cárcel.
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'Lula se benefició personal y directamente con parte de los sobornos que recibió el Partido de los Trabajadores (PT)' por la adjudicación irregular de contratos de la petrolera Petrobras, afirmó el magistrado en su pronunciamiento.
De acuerdo con Paulsen, 'Lula actuó por acción y omisión para la comisión de la práctica criminal', por lo que hay 'elementos de sobra que demuestran que fue responsable por la práctica del crimen, por el uso que hizo de su poder (como presidente)'.
En esta causa, una de las siete abiertas en contra de Lula en la Justicia, la mayoría por presunta corrupción, el expresidente fue condenado por recibir de la constructora OAS un apartamento de lujo supuestamente a cambio de favorecer a la compañía en contratos con Petrobras.
El magistrado aclaró que a Lula no fue condenado por crímenes como integrar la organización criminal que desvió los recursos de Petrobras sino por los 'crímenes concretos y específicos de corrupción que cometió' como beneficiario de parte de los sobornos.
El juicio, transmitido en directo por su 'excepcionalidad', puede ser determinante para el futuro de Lula porque si se mantiene la condena, el exmandatario, que es favorito en las encuestas de intención de voto, podría quedar inhabilitado para disputar las elecciones presidenciales de octubre, aunque la decisión final correspondería entonces a la Justicia electoral. EFE
