Panamá.
El Ejecutivo de Panamá presentó hoy al Parlamento un proyecto de ley que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes evadan el pago de impuestos por encima de los 300.000 dólares anuales, algo inédito en este país que lucha por acabar con la imagen de paraíso fiscal.
En la legislación panameña actual la evasión fiscal es una falta administrativa y la iniciativa oficial de convertirlo en delito penal, por recomendación de organismos internacionales según han dicho portavoces del Gobierno, ha encontrado resistencia en sectores legales y empresariales.
'Tipificar la defraudación fiscal como delito penal y condición precedente al blanqueo de capitales es el paso lógico y natural para que nuestro país consolide su liderazgo y su reputación ante los grandes protagonistas de la economía global' dijo este jueves el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, al presentar la iniciativa al Parlamento.
El proyecto de ley agrega el Capítulo XII 'Delitos contra la Hacienda Nacional' al Título VII del Código Penal y 'está diseñado para los grandes evasores, quienes tienen ingresos millonarios y no pagan sus obligaciones tributarias', afirmó De La Guardia ante la Asamblea Nacional (AN), de 71 diputados.
La propuesta legislativa precisa que para que haya delito tiene que haber fraude por encima de 300.000 dólares en un año fiscal.
Establece penas de entre 2 y 5 años de prisión y multas de hasta 10 veces el importe defraudado, para quien en beneficio propio o de un tercero simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos, indicó el Ministerio de Economía.
También contempla que se eximirá de la pena si el evasor cancela de manera incondicional y total el tributo adeudado; y propone que será el Tribunal Administrativo la instancia que referirá el caso al Ministerio Público.
'Quiero dejar en claro que este proyecto de ley no tiene como fin privar de libertad a nadie, ya que contempla un mecanismo de sustraer del ámbito penal el delito en cuestión, una vez que el contribuyente regularice sus obligaciones', dijo De La Guardia a los diputados.
El despacho de Economía agregó que 'un estudio publicado en el 2017 por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y de Armas de Destrucción Masiva reveló que Panamá es uno de los pocos países cuyas normas legales no cumplen con los estándares más básicos en materia fiscal penal'.
La controversia sobre el tema fiscal se hizo visible en Panamá tras el escándalo de la filtración en 2016 de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que reveló la existencia de miles de sociedades anónimas extraterritoriales en más de 20 jurisdicciones a nombre de personalidades de todo el mundo que abrió sospechas sobre evasión fiscal y blanqueo de capitales.
El Ejecutivo de Panamá presentó hoy al Parlamento un proyecto de ley que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes evadan el pago de impuestos por encima de los 300.000 dólares anuales, algo inédito en este país que lucha por acabar con la imagen de paraíso fiscal.
En la legislación panameña actual la evasión fiscal es una falta administrativa y la iniciativa oficial de convertirlo en delito penal, por recomendación de organismos internacionales según han dicho portavoces del Gobierno, ha encontrado resistencia en sectores legales y empresariales.
'Tipificar la defraudación fiscal como delito penal y condición precedente al blanqueo de capitales es el paso lógico y natural para que nuestro país consolide su liderazgo y su reputación ante los grandes protagonistas de la economía global' dijo este jueves el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, al presentar la iniciativa al Parlamento.
El proyecto de ley agrega el Capítulo XII 'Delitos contra la Hacienda Nacional' al Título VII del Código Penal y 'está diseñado para los grandes evasores, quienes tienen ingresos millonarios y no pagan sus obligaciones tributarias', afirmó De La Guardia ante la Asamblea Nacional (AN), de 71 diputados.
La propuesta legislativa precisa que para que haya delito tiene que haber fraude por encima de 300.000 dólares en un año fiscal.
Establece penas de entre 2 y 5 años de prisión y multas de hasta 10 veces el importe defraudado, para quien en beneficio propio o de un tercero simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos, indicó el Ministerio de Economía.
También contempla que se eximirá de la pena si el evasor cancela de manera incondicional y total el tributo adeudado; y propone que será el Tribunal Administrativo la instancia que referirá el caso al Ministerio Público.
'Quiero dejar en claro que este proyecto de ley no tiene como fin privar de libertad a nadie, ya que contempla un mecanismo de sustraer del ámbito penal el delito en cuestión, una vez que el contribuyente regularice sus obligaciones', dijo De La Guardia a los diputados.
El despacho de Economía agregó que 'un estudio publicado en el 2017 por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y de Armas de Destrucción Masiva reveló que Panamá es uno de los pocos países cuyas normas legales no cumplen con los estándares más básicos en materia fiscal penal'.
La controversia sobre el tema fiscal se hizo visible en Panamá tras el escándalo de la filtración en 2016 de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que reveló la existencia de miles de sociedades anónimas extraterritoriales en más de 20 jurisdicciones a nombre de personalidades de todo el mundo que abrió sospechas sobre evasión fiscal y blanqueo de capitales.
