Ciudad de México.
Una polémica ley que regula la participación de militares en el combate contra el crimen organizado en México fue aprobada ayer por el Congreso, en una decisión que la oficina para los derechos humanos de la ONU consideró “lamentable”.
Tras el visto bueno del Senado horas antes, la Cámara de Diputados ratificó la llamada Ley de Seguridad Interior con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones. Ahora deberá ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La ley establece la
función del Estado para preservar la seguridad interior e indica que, a nivel local, se podrá solicitar la intervención de la
Federación ante problemas de seguridad y obtener una
Declaratoria de Protección.
Esta declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, mismas que no podrán exceder de un año, pero tienen la posibilidad de prorrogarse si hay justificación. Si las amenazas a la seguridad interior representan un “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones”, el presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas, explicó el Senado.
Dentro y fuera del ámbito político, la medida ha levantado una enorme controversia. “Quiero afirmar de frente a la nación, de todos, a mi familia, que es una ley constitucional, que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que no va a militarizar el país. ¡Ya basta de estar mintiendo!”, dijo la diputada Mercedes Guillén, del oficialista Partido Revolucionar Institucional (PRI).
En tanto, Rocío Nahle, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó: “En esta guerra sin sentido las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo que no les corresponde”.
Una polémica ley que regula la participación de militares en el combate contra el crimen organizado en México fue aprobada ayer por el Congreso, en una decisión que la oficina para los derechos humanos de la ONU consideró “lamentable”.
Tras el visto bueno del Senado horas antes, la Cámara de Diputados ratificó la llamada Ley de Seguridad Interior con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones. Ahora deberá ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
| 2007
Desde ese año
A la fecha, más de 196,000 personas han sido asesinadas en México y 30,000 están desaparecidas, según cifras oficiales. La presencia continua de los militares no ha reducido los índices criminales.
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Esta declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, mismas que no podrán exceder de un año, pero tienen la posibilidad de prorrogarse si hay justificación. Si las amenazas a la seguridad interior representan un “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones”, el presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas, explicó el Senado.
Dentro y fuera del ámbito político, la medida ha levantado una enorme controversia. “Quiero afirmar de frente a la nación, de todos, a mi familia, que es una ley constitucional, que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que no va a militarizar el país. ¡Ya basta de estar mintiendo!”, dijo la diputada Mercedes Guillén, del oficialista Partido Revolucionar Institucional (PRI).
En tanto, Rocío Nahle, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó: “En esta guerra sin sentido las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo que no les corresponde”.
