Washington, Estados Unidos.
Los casi 800 mil jóvenes indocumentados que se encuentran en el limbo migratorio tras la eliminación del Daca enfrentan un nuevo obstáculo para regularizarse en Estados Unidos: la oposición del fiscal general de EUA, Jeff Sessions.
El halcón migratorio anunció ayer que se opone a que los dreamers que se han beneficiado del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( Daca) puedan acceder a la ciudadanía mediante una eventual legislación del Congreso.
“Mi opinión, que he expresado durante años, es que quienes entran ilegalmente al país, si se les da algún tipo de estatus legal, no deberían conseguir todo lo que se suele dar a la gente que espera adecuadamente y entra legalmente” a Estados Unidos, afirmó Sessions.
“Así que no me he mostrado a favor de la ciudadanía para aquellos que entran ilegalmente”, agregó, en respuesta a preguntas del senador republicano Ted Cruz.
En contraparte, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi fue enfática: la ley de los dreamers debe ser aprobada antes de fin de año.
Pelossi está en campaña buscando una veintena de votos de sus rivales republicanos para que el Congreso apruebe el proyecto que legalizará a los dreamers.
La iniciativa se convirtió en una batalla contrarreloj desde que Trump eliminó el Daca, la orden ejecutiva que permitía a estos muchachos estudiar y trabajar legalmente.
Pelosi adelantó que cinco congresistas republicanos habían expresado apoyo a la ley que daría a los soñadores residencia condicional y luego permanente, antes de la ciudadanía.
La Casa Blanca envió al Congreso a principios de octubre una lista de “prioridades y principios” para la definición de una política migratoria que endurecía dramáticamente el combate a la inmigración ilegal.
Trump exigió que toda legislación sobre los dreamers incluya la financiación de un muro en la frontera con México y medidas contra niños y adolescentes que llegan solos desde Centroamérica huyendo de la violencia.
Todo lo contrario al Dream Act “limpio”, o sea sin condiciones, que piden los inmigrantes, sus defensores, los demócratas en el Congreso y un puñado de republicanos.
“Esos no son principios, son ‘imprincipios’ y no los podemos aceptar”, zanjó Pelosi, que se reunió con Trump y el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, antes de la publicación de estas condiciones.
Los casi 800 mil jóvenes indocumentados que se encuentran en el limbo migratorio tras la eliminación del Daca enfrentan un nuevo obstáculo para regularizarse en Estados Unidos: la oposición del fiscal general de EUA, Jeff Sessions.
El halcón migratorio anunció ayer que se opone a que los dreamers que se han beneficiado del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( Daca) puedan acceder a la ciudadanía mediante una eventual legislación del Congreso.
“Mi opinión, que he expresado durante años, es que quienes entran ilegalmente al país, si se les da algún tipo de estatus legal, no deberían conseguir todo lo que se suele dar a la gente que espera adecuadamente y entra legalmente” a Estados Unidos, afirmó Sessions.
“Así que no me he mostrado a favor de la ciudadanía para aquellos que entran ilegalmente”, agregó, en respuesta a preguntas del senador republicano Ted Cruz.
En contraparte, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi fue enfática: la ley de los dreamers debe ser aprobada antes de fin de año.
Pelossi está en campaña buscando una veintena de votos de sus rivales republicanos para que el Congreso apruebe el proyecto que legalizará a los dreamers.
La iniciativa se convirtió en una batalla contrarreloj desde que Trump eliminó el Daca, la orden ejecutiva que permitía a estos muchachos estudiar y trabajar legalmente.
Pelosi adelantó que cinco congresistas republicanos habían expresado apoyo a la ley que daría a los soñadores residencia condicional y luego permanente, antes de la ciudadanía.
La Casa Blanca envió al Congreso a principios de octubre una lista de “prioridades y principios” para la definición de una política migratoria que endurecía dramáticamente el combate a la inmigración ilegal.
Trump exigió que toda legislación sobre los dreamers incluya la financiación de un muro en la frontera con México y medidas contra niños y adolescentes que llegan solos desde Centroamérica huyendo de la violencia.
Todo lo contrario al Dream Act “limpio”, o sea sin condiciones, que piden los inmigrantes, sus defensores, los demócratas en el Congreso y un puñado de republicanos.
“Esos no son principios, son ‘imprincipios’ y no los podemos aceptar”, zanjó Pelosi, que se reunió con Trump y el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, antes de la publicación de estas condiciones.
