Río de Janeiro, Brasil.
Prófuga de su país, la exfiscal general venezolana Luisa Ortega abrirá este miércoles en Brasilia una cumbre de fiscales del Mercorsur con la promesa de denunciar supuestos vínculos del presidente Nicolás Maduro con la saga de corrupción de Odebrecht.
La llegada de esta disidente del chavismo estuvo precedida del anuncio de que Caracas buscará su captura internacional vía Interpol. Este cruce es el último capítulo de la crisis que aisló a Venezuela de sus socios regionales tras la instalación de una polémica Asamblea Constituyente.
Ortega llegó a Brasilia, en medio de un fuerte esquema de seguridad, y dejó en claro cuál era su objetivo: 'Voy a hablar de Odebrecht, el caso de corrupción en Venezuela y mi situación', dijo a periodistas en el aeropuerto.
Ortega había anticipado en una videoconferencia que fue transmitida en México el viernes pasado que tenía detalles de 'toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron (con el esquema de Odebrecht), y esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno'.
La exfiscal arribó a Brasil procedente de Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos la puso bajo protección y le ofreció asilo. Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, abandonaron su país clandestinamente el viernes pasado, burlando las prohibiciones del Maduro, quien en la víspera dijo que solicitará 'un código rojo' a la Interpol.
Ortega, de 59 años, fue destituida el 5 de agosto. Seguidora del fallecido mandatario Hugo Chávez, decidió enfrentarse a su sucesor, Maduro, quien la denunció por supuestamente estar involucrada en un esquema de corrupción.
Odebrecht, un escándalo multinacional
Odebrecht exportó ampliamente su modelo de corrupción, basado inicialmente en el pago de sobornos a partidos y políticos para ganar licitaciones trucadas en Petrobras.
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La constructora y su filial Braskem aceptaron en diciembre pasado pagar multas por unos 3.500 millones de dólares por su sistema de sobornos que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como a Mozambique y Angola. De esa suma, un 10% resarcirá delitos en Estados Unidos, otro 10% en Suiza y el 80% en Brasil.
Durante más de una década, la empresa mantuvo este 'esquema de corrupción masiva', pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de 'tres continentes', según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
