Caracas, Venezuela.
“¡Por favor, tengan piedad!”, rogaba Lauche Fernández, familiar de uno de los 37 presos que murieron durante un motín en un centro de detención del estado Amazonas, sur de Venezuela, mientras esperaba que los cuerpos fuesen entregados por las autoridades.
Ayer, un centenar de familiares esperó horas frente al hospital de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, para recibir los restos de las víctimas de lo que denuncian como “una masacre”.
“Ya empiezan a oler. Por favor, tengan piedad y entreguen los cuerpos de nuestros muertos. ¿Qué van a hacer reteniendo esos cuerpos?”, pidió Lauche, a gritos, ante los micrófonos de la prensa local. Varios ataúdes eran cargados ayer por las calles de la localidad, pues ya comenzaban a ser entregados los cuerpos a las familias.
Un motín en calabozos del centro judicial de
Amazonas, apartada
región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con 37 presos muertos y 15 policías y militares heridos, uno de ellos grave, confirmó ayer el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.
El funcionario, en declaraciones transmitidas por la televisora oficial VTV desde Puerto Ayacucho, señaló al gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, como “responsable directo”.
“Es un retén judicial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación del estado”, expresó Reverol, quien pidió investigar a Guarulla por “inacción” pues -dijo- solo tres custodios, más el director, estaban a cargo de los 103 presos.
El motín reflotó la crisis penitenciaria venezolana, con frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas para tratar enfermedades como la tuberculosis.
Dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro, Jackson Sanz, padre de uno de los fallecidos, pidió al mandatario socialista y a su gobierno “dar la cara por esta masacre”.
Según Guarulla, desde “hace tres meses y medio” la militar Guardia Nacional tenía acordonado el centro de reclusión a raíz de una denuncia de un posible ataque de miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“¡Por favor, tengan piedad!”, rogaba Lauche Fernández, familiar de uno de los 37 presos que murieron durante un motín en un centro de detención del estado Amazonas, sur de Venezuela, mientras esperaba que los cuerpos fuesen entregados por las autoridades.
Ayer, un centenar de familiares esperó horas frente al hospital de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, para recibir los restos de las víctimas de lo que denuncian como “una masacre”.
“Ya empiezan a oler. Por favor, tengan piedad y entreguen los cuerpos de nuestros muertos. ¿Qué van a hacer reteniendo esos cuerpos?”, pidió Lauche, a gritos, ante los micrófonos de la prensa local. Varios ataúdes eran cargados ayer por las calles de la localidad, pues ya comenzaban a ser entregados los cuerpos a las familias.
| 80,000
Presos
Hay en las cárceles de Venezula, según estimación de la oenegé Ventana a la Libertad; sobrepasando la capacidad de las cárceles de 35,000.
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El funcionario, en declaraciones transmitidas por la televisora oficial VTV desde Puerto Ayacucho, señaló al gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, como “responsable directo”.
“Es un retén judicial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación del estado”, expresó Reverol, quien pidió investigar a Guarulla por “inacción” pues -dijo- solo tres custodios, más el director, estaban a cargo de los 103 presos.
El motín reflotó la crisis penitenciaria venezolana, con frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas para tratar enfermedades como la tuberculosis.
Dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro, Jackson Sanz, padre de uno de los fallecidos, pidió al mandatario socialista y a su gobierno “dar la cara por esta masacre”.
Según Guarulla, desde “hace tres meses y medio” la militar Guardia Nacional tenía acordonado el centro de reclusión a raíz de una denuncia de un posible ataque de miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
