Brasilia.
La Cámara de Diputados de Brasil retomó ayer sus sesiones tras un receso de dos semanas y reinició el trámite previo a la votación en que hoy decidirá si el presidente Michel Temer será sometido a un juicio penal por corrupción.
En la primera jornada tras el receso, fue leído en la Cámara baja un informe aprobado por una comisión que rechaza las acusaciones de corrupción pasiva formuladas por la Fiscalía sobre la base de unas confesiones de directivos del grupo JBS, que han dicho que sobornan a Temer desde 2010 y que ello se mantuvo una vez que llegó al poder.
La lectura de ese informe en el pleno era un requisito para proceder hoy a la votación, que definirá si se autoriza que la Corte Suprema instaure juicio penal contra Temer, quien en ese extremo sería suspendido durante 180 días y destituido si al cabo del proceso fuera declarado culpable.
Esa votación, como admitió el propio Supremo, tendrá un carácter netamente político, un terreno favorable a Temer y a su mayoritaria base parlamentaria, que precisa el apoyo de al menos 172 de los 513 diputados para que la denuncia sea archivada.
Según los cálculos del Gobierno, el oficialismo cuenta con por lo menos 250 votos, lo que haría inviable el esfuerzo de la oposición, que deberá reunir una mayoría calificada de dos tercios (342 diputados) para dar curso a la denuncia.
La Cámara de Diputados de Brasil retomó ayer sus sesiones tras un receso de dos semanas y reinició el trámite previo a la votación en que hoy decidirá si el presidente Michel Temer será sometido a un juicio penal por corrupción.
En la primera jornada tras el receso, fue leído en la Cámara baja un informe aprobado por una comisión que rechaza las acusaciones de corrupción pasiva formuladas por la Fiscalía sobre la base de unas confesiones de directivos del grupo JBS, que han dicho que sobornan a Temer desde 2010 y que ello se mantuvo una vez que llegó al poder.
La lectura de ese informe en el pleno era un requisito para proceder hoy a la votación, que definirá si se autoriza que la Corte Suprema instaure juicio penal contra Temer, quien en ese extremo sería suspendido durante 180 días y destituido si al cabo del proceso fuera declarado culpable.
Esa votación, como admitió el propio Supremo, tendrá un carácter netamente político, un terreno favorable a Temer y a su mayoritaria base parlamentaria, que precisa el apoyo de al menos 172 de los 513 diputados para que la denuncia sea archivada.
Según los cálculos del Gobierno, el oficialismo cuenta con por lo menos 250 votos, lo que haría inviable el esfuerzo de la oposición, que deberá reunir una mayoría calificada de dos tercios (342 diputados) para dar curso a la denuncia.
