Washington, Estados Unidos
Luego de que el Gobierno de Donald Trump renovara únicamente por seis meses el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 58,000 haitianos, las alarmas se han disparado entre los centroamericanos beneficiados con el alivio migratorio.
Ya el secretario nacional de Seguridad de EUA, John Kelly, anunció que revisará también las condiciones y consultará con las agencias correspondientes las fechas de expiración del permiso el año entrante. “Cada país se considerará de manera individual, caso por caso”, aclaró en un comunicado.
Según datos de Uscis, más de 350,000 centroamericanos están amparados por el TPS. A finales de 2016, 263,282 salvadoreños, 86,163 hondureños y 5,349 nicaragüenses están registrados bajo el programa, que vence el 5 de enero de 2018.
Para el experto y asesor legal José Lagos, el futuro de la protección depende de los factores particulares de las naciones favorecidas. “La decisión sobre el amparo debería basarse en la capacidad de recibir a sus ciudadanos después de haber sufrido una catástrofe o si aún persisten las consecuencias que llevaron a que se otorgara el beneficio migratorio”, explicó.
Francisco Portillo, presidente de la Organizacion Hondureña Francisco Morazán, en la Florida, dijo a la cadena Univision, que ante la “preocupación, incertidumbre y el miedo” de los hondureños beneficiados por el TPS, su organización prepara un cabildeo en Washington con congresistas y senadores para pedir una prorróga. “Con este Gobierno no se puede estar seguro de nada, se ha mostrado amenazante con los estudiantes amparados con Daca, ahora es el turno de los del TPS y después de 16 años de estar seguros, ahora los salvadoreños no saben qué va a pasar”, indicó Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal).
Petición. La canciller hondureña, María Dolores Agüero, anunció ayer que el Gobierno de Estados Unidos solicitará una nueva ampliación del TPS, por otros 18 meses, en julio próximo.
La jefa de la diplomacia hondureña pidió a sus compatriotas ser “pacientes” y “responsables” ante la próxima petición sobre una nueva prórroga. “El procedimiento legal no ha iniciado (...), nos indican que son seis meses antes de vencer, entonces en julio estaremos presentando la solicitud”, enfatizó.
Destacó que el Gobierno hondureño continuará “trabajando” y “creando condiciones” para atender a los deportados, pero también creará un plan de atención ante la posibilidad de una deportación masiva.
