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11 DICIEMBRE , 201711:25PM HONDURAS

Piden prisión para 5 diputados hondureños por malversar fondos públicos

La Ufecic y la Maccih denunciaron que los parlamentarios recibieron 15 cheques desde la cuenta de la ong ANPIBCH, que recibió L8.3 millones en transferencias de Finanzas.

Tegucigalpa, Honduras

El primer caso de corrupción investigado completamente bajo el esquema de Equipos Integrados fue presentado ayer como parte del trabajo de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

Se trata de una red que integran cinco actuales diputados del Congreso Nacional, los que son señalados por el delito de malversación de caudales públicos y a quienes se les presentó un requerimiento fiscal. Se trata de los parlamentarios Augusto Domingo Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, del partido Va Movimiento Solidario (Vamos), Dennys Antonio Sánchez, del Partido Liberal, y Eleazar Alexander Juárez, de Libertad y Refundación (Libre).

L8.3 millones trasladarona la ONG ANPIBCH, la que aseguran hizo varias transferencias a los cinco diputados.

La denuncia, con petición de orden de captura de los diputados, la hicieron el fiscal general, Óscar Chinchilla, y el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor.

El fiscal general, Óscar Chinchilla, aplaudió las actuaciones de la misión y de la unidad fiscal especial que lograron esta primera acusación directa contra altos funcionarios del Estado.

Las investigaciones que se generan a raíz de denuncias hechas en 2016 y que fue retomada por la Maccih y la Ufecic develan cómo una red de diputados presuntamente extrajo y se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a programas sociales que fueron desviados para uso personal.

Vea: Así desviaron los más L.6 millones los cinco diputados

“Los diputados y la diputada se valieron de una organización no gubernamental (ONG) que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional”, informó Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maccih. A los diputados se les imputa el delito de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad; pero además se solicitó la suspensión inmediata en cada caso de su calidad de diputados.

Requerimiento fiscal Con la presentación de un requerimiento fiscal se inicia el proceso penal por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad contra los cinco diputados del Congreso Nacional.

El caso

Según la investigación, los diputados solicitaban los fondos al Poder Ejecutivo y estos se entregaban a la ong. Esta organización enviaba los fondos públicos a los parlamentarios. Esta investigación tomó varios meses hasta que se lograron identificar los movimientos y transacciones que realizaban con los fondos del Estado.

Uno de los cheques fue emitido para el diputado Augusto Cruz Asensio y fue trasladado a la ong y posteriormente depositado a la cuenta personal del diputado, afirma la investigación.

Según la investigación de la Ufecic, los diputados recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ong que se denomina Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH).

“Los diputados implicados en esta red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), entidad que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3,300,000, el 14 y 21 de diciembre de 2015”, informó el Ministerio Público.

Lea: ¿Quiénes son los miembros de la "Red de Diputados"?

En total se trasladaron a dicha ong 8,300,000 lempiras (unos 340,000 dólares) incluyendo fondos del Congreso, cuyo destino sigue en investigación, indicó el órgano fiscal.

“La Ufecic y la Maccih han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se perfeccionó el delito de malversación de caudales públicos”, recalcó Jiménez.

Además de los cinco diputados se identificó a otros particulares como parte de la estructura: Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas, director ejecutivo, y Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.

LA PRENSA intentó contactar a los cinco mencionados en la red de malversación, pero ninguno contestó las llamadas telefónicas.

Nombran juez natural. El pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió ayer para decidir el nombramiento del juez natural y la Corte de Apelaciones que conocerá el requerimiento fiscal que fue presentado contra cinco diputados.

Melvin Duarte, vocero de la Corte, explicó el procedimiento. “El pleno de magistrados de este poder del Estado se reunió para designar los jueces que conocerán el caso de los cinco diputados acusados de presunta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

Se nombró a la magistrada Alma Consuelo Guzmán, quien estará en la etapa preparatoria del proceso en contra de los cinco parlamentarios. Igualmente, la Corte de Apelaciones que queda integrada por los magistrados Reinaldo Hernández, Miguel Pineda Valle y Rina Auxiliadora Alvarado”, dijo Duarte. Será la jueza Guzmán la que ahora valorará la sustentación que ha presentado la Ufecic para determinar si procede a emitir las órdenes de captura (que solicitaron) contra los cinco implicados en la red de diputados y al resto de implicados.

La Ufecic y la Maccih afirmaron que se realiza una exhaustiva investigación financiera y penal a la red y además anunciaron que hay en puerta otras investigaciones más de corrupción en el país.

Sobre destitución

El expresidente del Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD) Olban Valladares afirma que hasta que un juez no declare culpables a los cinco diputados no procede una destitución, sino una suspensión.

“Los diputados ya no tienen inmunidad. Este caso contra los diputados será conocido por un juez especial, y mientras está el proceso penal lo que procede es una suspensión, antes no”, agregó.

El comunicado conjunto del Ministerio Público y la Maccih:Caso de la Red de Diputados

Tras un trabajo silencioso desde su instalación en septiembre, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) y la Misión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) anuncian el resultado del primer caso de corrupción investigado bajo el esquema de Equipos Integrados de Investigación y Persecución Penal, donde participan fiscales e investigadores de Honduras y expertos internacionales de MACCIH-OEA.

El equipo integrado UFECIC-MACCIH descubrió a través de sus fiscales e investigaciones una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal. Los diputados y la diputada se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.

La UFECIC, con el apoyo de la MACCIH, ya ha presentado el requerimiento para iniciar el proceso penal por el presunto delito de malversación de caudales públicos a los diputados miembros de esta red: Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia. También se ha solicitado la suspensión inmediata en cada caso de su calidad de diputado.

Los diputados y la diputada solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados. Los diputados y diputada implicados en esta Red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE BARRIOS Y COLONIAS DE HONDURAS (ANPIBCH), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L3,300,000, el 14 y 21 de diciembre de 2015. En total se trasladó a dicha ONG L8,300,000, incluyendo fondos del Congreso, cuyo destino sigue en investigación.

La UFECIC y la MACCIH han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos.

La UFECIC y la MACCIH inauguran el sistema hondureño anticorrupción con esta investigación a la Red de Diputados, cuyas ramificaciones la UFECIC y la MACCIH seguirán investigando con mecanismos forenses modernos.

Corresponde ahora a los órganos de justicia actuar diligentemente sobre el requerimiento y las pruebas presentadas por la UFECIC y MACCIH ante la Corte Suprema, y asegurar que los responsables de actos de corrupción contra el patrimonio público sean procesados de acuerdo a la gravedad de los actos cometidos.

La estructura de la red de diputados involucrados incluyó la participación de otras personas, entre quienes figuran Jeremías Castro Andrade, Tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas, Director Ejecutivo de la ONG; y, Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.

Con UFECIC y la MACCIH se inicia una nueva etapa en la lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras.