Brasilia, Brasil.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, negó ayer las acusaciones de corrupción vertidas sobre su Gobierno por el expresidente de la mayor compañía petrolera del país Petrobras.
Paulo Roberto Costa, detenido por presunto lavado de dinero desde marzo, reveló la supuesta existencia de una red de sobornos que implicaría a cinco partidos políticos, incluidos los tres que forman el actual Gobierno. Entre los acusados se encuentra el excandidato del Partido Socialista, el recientemente fallecido Eduardo Campos.
Además, estarían también envueltos otros “pesos pesados” como el presidente de la Cámara, Henrique Alves, o ministros, como el de Minas y Energía, Edison Lobão, y gobernadores como Roseana Sarney o Sergio Cabral, exgobernador de Río de Janeiro, que dejó el cargo en el primer semestre de este año.
El escándalo amenaza con desestabilizar la elección presidencial del próximo 5 de octubre. Roussef saltó a la palestra ayer para defender a su Gobierno. Según el periódico O Globo, las denuncias están siendo tratadas con mucha cautela por los investigadores, pues aún necesitan ser comprobadas y este trámite requiere tiempo.
Relevo en política económica
Ayer mismo, Roussef anunció el relevo del ministro de Hacienda, Guido Mantega, si es reelegida en los comicios del próximo octubre. Mantega ha sido muy criticado por los mercados y sectores económicos tras cuatro años de magro crecimiento.
Brasil atraviesa su cuarto año de crecimiento moderado, coincidiendo con el fin de mandato de Rousseff, crecientemente criticada en medios económicos que presionan por cambios. La séptima economía mundial, Brasil, entró en recesión técnica tras registrar dos trimestres consecutivos de contracción del PIB, y el mercado estima que la economía crecerá apenas 0.48% este año. Rousseff no quiso adelantar quién sería su ministro de Hacienda en un eventual segundo mandato.
