Condena contra JOH supone un desafío para la justicia hondureña
Mientras tanto, el fallo no despertó una reacción o comunicado inmediato en la Corte Suprema de Justicia, inmersa en una intensa disputa interna por el control de la Sala de lo Constitucional.
Foto: Arte LA PRENSA.
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vie 8 de marzo de 2024
Tegucigalpa
La declaración de “culpable” por delitos de narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en EE.UU., supone un desafío para el sistema de justicia del país centroamericano, que a lo largo de la historia ha sido salpicado por denuncias de corrupción de todo tipo.
Analistas y abogados penalistas, entre otros, coinciden en señalar que la justicia hondureña “no ha sido ciega”, sino más bien “selectiva” y cómplice de la corrupción pública y privada, en un país que roza los diez millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres, según fuentes oficiales.
“La sentencia contra Juan Orlando Hernández es una oportunidad histórica, es un parte aguas en la historia nacional que podría permitirnos poder fortalecer la institucionalidad democrática. Sin embargo, lo que está claro es que Juan Orlando Hernández solamente es la cabeza visible de una estructura que todavía sigue vigente y que ha penetrado a la institucionalidad del Estado y que no es posible hacerlo por sí sola”, dijo a EFE el abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía.
En su opinión, ni el Ministerio Público (Fiscalía), ni la Corte Suprema de Justicia, ni la propia Policía, ni el Ejército por sí solos van a depurarse, reestructurarse, limpiarse y rendir cuentas.
Hernández fue condenado sin tener causas judiciales pendientes en Honduras y, de hecho, previo a convertirse en gobernante fue funcionario del Poder Judicial, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma y mantuvo abierto su despacho como abogado mientras iba escalando cargos en la administración pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía estadounidense, Hernández se implicó en el narcotráfico desde 2004, sin que ningún organismo de seguridad y justicia local lo haya investigado.
“Me parece que es el momento adecuado para impulsar la instalación de una Cicih (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), porque la Cicih sí podría ejercer ese acompañamiento”, explicó Mejía.
Sin embargo, añadió el abogado, una cuestión que le preocupa “es la poca transparencia del Gobierno de la República, en el sentido de que desde hace un buen tiempo Naciones Unidas entregó el diagnóstico con las condiciones mínimas que se requieren para poder instalarla y hasta el momento no la ha hecho pública”.
Políticos y militares salpicados
El tráfico de drogas salpica a políticos y militares desde mediados del decenio de los 70 del siglo pasado, cuando trascendió el nombre de Juan Ramón Matta, quien tuvo nexos con altos oficiales de las Fuerzas Armadas hasta el 5 de abril de 1988, cuando fue arrestado frente a su residencia en Tegucigalpa en una operación conjunta de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) con la seguridad hondureña.
Matta cumple cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.
El papel de Honduras en el narcotráfico aumentó su volumen en las últimas tres décadas, favorecido por su ubicación estratégica, a mitad de camino entre los productores y consumidores, y por la impunidad vigente.
El narcotráfico se fue volviendo más visible en el presente siglo, con la llegada y despegue en pistas clandestinas de avionetas cargadas de cocaína, algunas aterrizando incluso en carreteras pavimentadas como la que comunica a las ciudades de La Ceiba y Trujillo, en el Caribe hondureño.
De manera paralela, iniciaron las denuncias de que el narcotráfico estaba financiando campañas de políticos que aspiraban a cargos de elección popular, entre ellos candidatos a las alcaldías, al Congreso Nacional y, como se puso en evidencia con Hernández, a la Presidencia de la República.
En varias regiones del país era una especie de “secreto en voz alta” que algunos políticos no sólo recibían financiación sino que ellos mismos se habían convertido en narcotraficantes, como es el caso de Alexander Ardón, quien fue uno de los testigos en el juicio contra Hernández.
Ardón, dos veces alcalde de El Paraíso, un municipio clave en el corredor de la droga que conecta a Honduras con Guatemala, es uno entre más de 40 extraditados a Estados Unidos desde 2014 a la fecha.
En ese contexto, el fallo de culpabilidad dictado hoy contra Hernández fue recibido en muchos sectores con sabor agridulce, el consenso es que se hizo justicia en Estados Unidos, pero no en Honduras.
En el juicio de Juan Orlando Hernández han estado dos fiscales del Ministerio Público para recoger información que pueda dar pie para investigar a personas que sean mencionadas por presuntos nexos con el narcotráfico.
Falta saber si serán investigados todos los implicados en el juicio contra Hernández, o en Honduras seguirán recordando al exembajador de Estados Unidos en Tegucigalpa Cresencio Arcos, quien en una ocasión dijo que “aquí la justicia es una víbora que solo muerde a los descalzos”. EFE
