Tegucigalpa, Honduras.
Unos diez mil docentes vieron ayer morir el último hálito de ilusión para jubilarse con la ley antigua del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).
La Comisión de Educación del Congreso dictaminó no favorable esa posibilidad, que estaba abierta mediante un proyecto de amnistía presentado en el Congreso Nacional.
La Comisión revisó la propuesta de ley cuyo propósito era encaminar a estos maestros en edad de jubilación para que gozaran de los beneficios que otorgaba la ley vieja del Inprema.
Esa iniciativa había generado altas expectativas en todo este sector de profesionales, pero la noticia de ayer fulminó esos sueños.
El diputado Karlo Villatoro, miembro de la Comisión de Educación del Congreso, explicó que “por ser una propuesta que pondría en un nivel de insolvencia financiera al Inprema, el dictamen no ha sido favorable”.
Dicho en otras palabras, el proyecto no llegará ni siquiera a la Cámara Legislativa para su debate.
Hay que recordar que el Inprema tiene una nueva ley desde enero de 2012.
En 2011, el Inprema alcanzó un déficit actuarial de 79 mil millones de lempiras y por poco es declarado en bancarrota.
Para salvar esa entidad se nombraron dos comisiones interventoras, las cuales propusieron reformas estructurales y todas fueron incluidas en una nueva ley.
Con esas reformas, es decir hace casi tres años, el déficit actuarial se bajó hasta 18 mil millones de lempiras (cifras actuales hasta junio pasado).
Al descalabro
Con la amnistía propuesta, la recuperación financiera reportada en los últimos tres años se hubiera tirado al cesto de la basura, según el informe de la Comisión de Educación del Congreso.
Solo para ejemplificar lo negativo que hubiese sido, “le puedo decir que el déficit actuarial del Inprema se hubiese elevado de 18 mil millones (actual) a unos 54 mil millones, solo en el primer año”, declaró Ernesto Carías, presidente del directorio del Inprema. El documento bajo el que se argumentó el dictamen desfavorable para este proyecto de ley dice lo siguiente: “La amnistía de un año volvería al Inprema una institución insolvente de mediano y largo plazo hasta su colapso financiero”.
Si esa iniciativa se hubiera aprobado, implicaba que el Gobierno debía en determinado momento intervenir, pero “el Estado no cuenta con los recursos adicionales que esta medida requiere”, dice el documento.
Unos diez mil docentes vieron ayer morir el último hálito de ilusión para jubilarse con la ley antigua del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).
La Comisión de Educación del Congreso dictaminó no favorable esa posibilidad, que estaba abierta mediante un proyecto de amnistía presentado en el Congreso Nacional.
La Comisión revisó la propuesta de ley cuyo propósito era encaminar a estos maestros en edad de jubilación para que gozaran de los beneficios que otorgaba la ley vieja del Inprema.
Esa iniciativa había generado altas expectativas en todo este sector de profesionales, pero la noticia de ayer fulminó esos sueños.
El diputado Karlo Villatoro, miembro de la Comisión de Educación del Congreso, explicó que “por ser una propuesta que pondría en un nivel de insolvencia financiera al Inprema, el dictamen no ha sido favorable”.
Dicho en otras palabras, el proyecto no llegará ni siquiera a la Cámara Legislativa para su debate.
Hay que recordar que el Inprema tiene una nueva ley desde enero de 2012.
En 2011, el Inprema alcanzó un déficit actuarial de 79 mil millones de lempiras y por poco es declarado en bancarrota.
Para salvar esa entidad se nombraron dos comisiones interventoras, las cuales propusieron reformas estructurales y todas fueron incluidas en una nueva ley.
Con esas reformas, es decir hace casi tres años, el déficit actuarial se bajó hasta 18 mil millones de lempiras (cifras actuales hasta junio pasado).
Al descalabro
Con la amnistía propuesta, la recuperación financiera reportada en los últimos tres años se hubiera tirado al cesto de la basura, según el informe de la Comisión de Educación del Congreso.
Solo para ejemplificar lo negativo que hubiese sido, “le puedo decir que el déficit actuarial del Inprema se hubiese elevado de 18 mil millones (actual) a unos 54 mil millones, solo en el primer año”, declaró Ernesto Carías, presidente del directorio del Inprema. El documento bajo el que se argumentó el dictamen desfavorable para este proyecto de ley dice lo siguiente: “La amnistía de un año volvería al Inprema una institución insolvente de mediano y largo plazo hasta su colapso financiero”.
Si esa iniciativa se hubiera aprobado, implicaba que el Gobierno debía en determinado momento intervenir, pero “el Estado no cuenta con los recursos adicionales que esta medida requiere”, dice el documento.
