Tegucigalpa, Honduras.
En enero próximo, el Gobierno impulsará la aprobación e implementación de la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
En la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh ), el presidente Juan Orlando Hernández se comprometió a realizar las previsiones presupuestarias necesarias para la aplicación del instrumento.
El compromiso fue asumido por el gobernante ante la preocupación del organismo por los ataques en contra de activistas de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, que han sido víctimas de la violencia.
Hernández dijo a la Cidh que impulsará la aprobación de la ley y su aplicación a partir de enero de 2015 al señalar que ya tienen el apoyo del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva para tal efecto.
“Ya acordamos con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en el cual está el presidente del Congreso Nacional, que buscaremos aún dentro de las limitaciones de recursos que tenemos, una forma de poder atender”, dijo.“El Congreso me dice que está dispuesto a principios de 2015, en enero, empezar a debatir esa Ley y aprobarla, y en este presupuesto de 2015 dejaríamos ya una partida para poder atender esa necesidad”, expresó Hernández a los miembros de la Cidh .
La Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia está compuesta por 71 artículos y ya fue aprobada en su primer y segundo debate en el seno del Congreso.
Ayer, el diputado de la comisión de dictamen de la iniciativa, Tomás Zambrano, confirmó que en enero próximo será aprobada la iniciativa en tercer y último debate.
El congresista dijo que la creación de esta legislación es un compromiso adquirido por el Gobierno con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los colegios profesionales de periodistas, abogados y jueces.
Según el Gobierno y el Congreso Nacional, el objetivo de la ley es “reconocer, promover y proteger” los derechos humanos y las libertades fundamentales de “toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales”.
