Río Gallegos, Argentina.
Durante los 11 años en los que han dominado la política nacional, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su difunto esposo, Néstor Kirchner, han acumulado una pequeña fortuna.
Entre 2003, cuando Néstor Kirchner fue electo presidente, y 2010, cuando murió, el patrimonio de la pareja aumentó de US$2,5 millones a US$17,7 millones, según sus declaraciones juradas anuales ante la Oficina Anticorrupción. Muchos argentinos quieren saber de dónde provino ese dinero.
Una serie de investigaciones judiciales ha sacudido la política argentina al dirigir la atención a negocios de altos funcionarios y sus socios. A fines de junio, el vicepresidente Amado Boudou fue procesado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con su función en relación a la compra de una imprenta en bancarrota.
Un ex secretario de Transporte fue procesado en abril bajo cargos de enriquecimiento ilícito. Ambos han negado las acusaciones. Hace dos años, una ex ministra de Economía fue condenada por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público en una investigación sobre una bolsa con efectivo hallada en el baño de su oficina.
No obstante, la investigación que ha generado más polémica tiene que ver con un empresario del sector constructor con lazos estrechos con los Kirchner. Un fiscal en Buenos Aires acusó a Lázaro Báez de lavar cerca de US$65 millones a través de una red global de empresas fantasma. El fiscal, José María Campagnoli, dijo en una entrevista que el dinero habría sido desviado de fondos del gobierno destinados a obras públicas y que Báez era testaferro de los Kirchner.
Pero la pesquisa de Campagnoli fue interrumpida cuando las autoridades judiciales lo suspendieron, acusándolo de excederse en sus funciones y filtrar información a los medios. Campagnoli niega las acusaciones y afirma que es perseguido por investigar la corrupción. Ahora encara un proceso judicial por el que podría ser destituido.
En una entrevista, Báez negó las acusaciones del fiscal, que calificó como parte de una campaña para perjudicar a su empresa y desacreditar al gobierno kirchnerista. Un portavoz de Báez ha dicho que el empresario no tiene inversiones en ningún país fuera de Argentina.
Funcionarios del gobierno de Kirchner no respondieron a pedidos de comentarios sobre la riqueza de la presidenta o las investigaciones de corrupción. En su única declaración pública sobre su patrimonio —un intercambio tenso y escueto con estudiantes de la Universidad de Harvard en 2012— Kirchner, de 61 años, dijo: “Teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también, gracias”.
Pero los escándalos han socavado la popularidad de Kirchner en un momento delicado. Cuando le quedan menos de 18 meses de mandato, la presidenta intenta estabilizar una de las economías más vulnerables de América Latina. La inflación galopante y la escasez de divisas han llevado a Argentina a la recesión. Sólo 26% de los argentinos aprueban su gestión, según una encuesta reciente de la consultora Management & Fit.
Asimismo, el país mantiene una disputa judicial con un grupo de acreedores extranjeros. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó analizar un fallo de un tribunal de menor instancia que exige a Argentina pagar toda la deuda que mantiene con un puñado de bonistas que rechazaron su oferta de unos 30 centavos por dólar sobre cerca de US$100.000 millones en deuda que incumplió en 2001. El gobierno sostiene que no tiene dinero para acatar la orden. Pero si no lo hace hasta el miércoles, el país podría enfrentar su segunda cesación de pagos en 13 años.
Uno de los acreedores que no aceptaron canjes —conocidos como holdouts—, el fondo de cobertura estadounidense NML Capital Ltd., quiere que una corte federal de Nevada le ayude a embargar activos que, afirma, están en manos de firmas fantasma de Báez, alegando que el dinero fue básicamente robado del Estado argentino. Un tribunal federal de Nueva York ha determinado que NML tiene derecho a obtener información sobre activos argentinos en el exterior en su intento por cobrar la deuda. Un vocero de Báez describió la solicitud de NML como “oportunista y poco seria en su concepción”.
Los Kirchner forjaron una exitosa reputación en Argentina al presentarse como defensores de los oprimidos. Cristina Kirchner fue electa en 2007, reemplazando a su marido.
Manuel Garrido, un ex fiscal anticorrupción durante los mandatos de los Kirchner, dice que los escándalos “reflejan el surgimiento de un capitalismo clientelar, oligarcas que emergieron en la última década al calor de sus vínculos con los funcionarios”. Garrido renunció en protesta en 2009, afirmando que los Kirchner limitaron sus poderes de investigación después de que indagó presuntos actos de corrupción que involucraban al gobierno. Funcionarios no respondieron a pedidos de declaraciones.
Austral Construcciones S.A., la principal empresa de construcción de Báez, fue creada semanas antes de que Néstor Kirchner asumiera el poder en 2003. Desde que la pareja se mudó a la Casa Rosada, el palacio presidencial, la firma de Báez ha recibido cientos de millones de dólares en contratos de obras públicas en Santa Cruz y se ha convertido en el mayor empleador del sector privado en la provincia.
Báez, de 58 años, contó que conoció a Néstor Kirchner jugando al basquetbol y al fútbol en los años 70. Su amistad se fortaleció gracias a su amor por los deportes y el activismo político en el movimiento peronista. Kirchner solía ir a su chacra, dijo, para jugar al fútbol y comer asados.
Durante una entrevista en su oficina, sentado frente a una inmensa fotografía de los Kirchner en un acto político, Báez dijo que su empresa se expandió rápidamente porque los Kirchner elevaron el gasto público para fomentar el crecimiento regional, el empleo y el desarrollo social.
El patrimonio de los Kirchner se ha multiplicado
“Esta no es una empresa fantasma”, aseveró mientras caminaba por la sede de su firma en Río Gallegos, la melancólica capital de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Mostró docenas de topadoras, trituradoras, camiones y otra maquinaria pesada.
Báez afirmó que el gasto público de los Kirchner transformó Santa Cruz, una provincia rica en petróleo, y el país. Dijo que Austral Construcciones cambió las reglas del juego en un sector donde media docena de compañías dominaban las licitaciones de obras públicas. Conduciendo su pickup Toyota Hilux negra por Río Gallegos, señaló una nueva escuela y proyectos de vivienda pública que su empresa construyó con financiamiento del gobierno nacional.
“La mayoría que escribe sobre esto no sabe lo que hacemos,” comentó mientras caminaba por el gimnasio de la nueva escuela. Aseguró que este tipo de infraestructura moderna no existiría sin los Kirchner.
“La cuestión judicial nos ha hecho un daño gigantesco,” indicó. El escándalo “nos quita a nosotros mucho nivel de participación en la obra pública, es una manera elegante de sacarnos de la cancha”.
Báez dijo que el negocio de su empresa es transparente. Atribuyó el escándalo a un intento de sus detractores por descarrilar sus esperanzas de ganar una licitación para construir un proyecto hidroeléctrico de casi US$5.000 millones.
En abril de 2013, el periodista argentino Jorge Lanata hizo revelaciones sobre la empresa de Báez en su popular programa de noticias. “Periodismo para todos” mostró entrevistas grabadas con una cámara oculta a Leonardo Fariña, quien dijo que manejaba una fortuna de US$5.000 millones para Báez y se desempeñaba como su valijero.
En los videos, Fariña afirmó que socios de Báez cargaban valijas de efectivo en el jet ejecutivo del empresario y las transportaban a Buenos Aires. Allí, el dinero era llevado a una firma de servicios financieros conocida informalmente como “La Rosadita”, afirmó, a cinco cuadras de la Casa Rosada. Había demasiado dinero para ser contado a mano, explicó, así que lo pesaban para determinar su valor y luego lo enviaban a paraísos fiscales.
Fariña también contó haber jugado al fútbol y socializado con Néstor Kirchner. Federico Elaskar, dueño de la firma financiera, apareció en el programa y corroboró los comentarios de Fariña.
Después de la emisión del programa, tanto Fariña como Elaskar se retractaron, diciendo que le habían mentido a Lanata. Pero Campagnoli dijo que su equipo verificó sus vínculos con Báez y su participación en una presunta trama de lavado de dinero que utilizó una red de empresas fantasma.
En una reciente entrevista, Campagnoli alegó que Báez era un testaferro de los Kirchner y que desvió fondos destinados a proyectos de obras públicas. Dijo que solicitó allanamientos en las residencias de los Kirchner para conseguir pruebas. El pedido fue rechazado por un juez. Báez aseguró que llevó a cabo los contratos de obras públicas de forma apropiada y desestimó como “ridículas” las acusaciones de que había trasladado valijas de efectivo.
En diciembre pasado, después de que Campagnoli presentó dos informes a un juez federal, fue suspendido tras ser acusado de filtrar información y excederse en su jurisdicción.
El caso fue tomado por otro fiscal y ahora está en manos del juez federal Sebastián Casanello. A principios de mayo, procesó a Fariña y Elaskar por lavado de dinero no relacionado a sus presuntos vínculos con Báez, pero no ha presentado cargos contra el empresario. La investigación continúa.
Fariña se encuentra en la cárcel mientras aguarda un juicio por evasión fiscal vinculado a otra investigación. Su abogado, Iván Mendoza, reconoció que su cliente había llevado a cabo negocios con Báez pero dijo que Fariña no es culpable y que está pagando un precio por su estilo de vida extravagante.
Intentos de contactar a Elaskar y su abogado fueron infructuosos. Elaskar negó los cargos en su testimonio en la corte y añadió que el programa de TV le significó grandes problemas. “Me metieron en una máquina de hacer chorizos”, sostuvo.
Campagnoli fue restituido como fiscal la semana pasada, pero el proceso que finalmente podría costarle el cargo continúa. “Sabíamos que iba a terminar mal”, aseveró. “Lo hice porque soy un fiscal y tengo un equipo que piensa como yo”.
Ignacio Rodríguez Varela, un secretario judicial quien trabajaba para Campagnoli, dijo que la investigación “era como lo que se podía ver a través del ojo de una cerradura, por lo que pudimos ver y lo que podríamos haber descubierto si se nos hubiera permitido continuar.”
Ricardo Monner Sans, un abogado que ha denunciado casos de corrupción, sostuvo que el juez a cargo del caso “ha hecho todo un esquive referido a Báez. Si profundiza, debería llegar a los Kirchner”.
El juez Casanello lo negó. “Un juez tiene que buscar la verdad a toda costa sin olvidarse nunca de respetar los derechos garantizados en la Constitución y el código procesal”, dijo. “Es falso que no se investiga o que se investiga lentamente”.
El creciente patrimonio de los Kirchner había sido objeto de una investigación en 2009. El juez federal Norberto Oyarbide, quien ha sobrevivido reiterados intentos de destituirlo de su cargo, sobreseyó al matrimonio. Afirmó que los investigadores concluyeron que no había problemas y que el caso quedaba cerrado.
Garrido, el fiscal anticorrupción que renunció en 2009, y Alfredo Popritkin, un contador forense y ex perito de la Corte Suprema, señalaron en entrevistas que los Kirchner nunca explicaron de forma fehaciente cómo incrementaron su riqueza de US$5,4 millones en 2007 a US$12,8 millones en 2008.
En sus declaraciones, los Kirchner indicaron que obtuvieron la mayor parte de su patrimonio mediante numerosas transacciones inmobiliarias en Santa Cruz y de depósitos de efectivo.
Garrido dijo que no se hizo una valuación apropiada de los activos inmobiliarios. Popritkin aseveró que el matrimonio nunca presentó documentos que demostraran cómo lograron obtener tasas de interés mayores a las del mercado.
Los vínculos empresariales entre Báez y los Kirchner son extensos, según documentos a los que tuvo acceso The Wall Street Journal. Incluyen préstamos, transacciones de inmuebles, copropiedad de terreno y desarrollos inmobiliarios conjuntos.
También involucran pagos relacionados con Alto Calafate, un hotel boutique que pertenece a los Kirchner en un destino turístico en la Patagonia cerca del glaciar Perito Moreno.
En 2010, por ejemplo, la empresa de Báez alquiló 90 noches de habitaciones por mes en el hotel, uno de varios que poseen los Kirchner en El Calafate, según una copia del contrato visto por The Wall Street Journal. Una habitación en el hotel cuesta entre US$140 y US$238 la noche, indica el documento. Al precio inferior, eso generaría cerca de US$150.000 en ingresos hoteleros en un año.
El vocero de Báez reconoció los acuerdos. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dijo que las transacciones hoteleras son “acuerdos privados entre personas y que fueron declarados tanto por el ex presidente como por la actual presidenta”.
En la última década, Báez se ha convertido en uno de los mayores terratenientes de Argentina, al comprar decenas de miles de hectáreas en Santa Cruz, de acuerdo con registros públicos.
En 2006, Jorge Molfino, un residente de Santa Cruz, vendió un rancho de 10.000 hectáreas a Austral Construcciones. Molfino dijo que pidió US$1,5 millones, pero que un representante de Báez ofreció pagarles US$1,6 millones en ocho cuotas, bajo la condición de que la última de US$200.000 fuera destinada a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Aceptó la propuesta.
Voceros de Báez y el gobierno no respondieron a pedidos de comentarios.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, Báez erigió un mausoleo de tres pisos en su honor en Río Gallegos, inspirado en el Dôme des Invalides en París, donde se encuentra la tumba de Napoleón.
Una placa conmemorativa, colocada por Báez, adorna una pared adyacente a la entrada: “Aquí descansa Néstor Carlos Kirchner, el santacruceño que cambió la Argentina y, sobre todo, un amigo”.
Durante los 11 años en los que han dominado la política nacional, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su difunto esposo, Néstor Kirchner, han acumulado una pequeña fortuna.
Entre 2003, cuando Néstor Kirchner fue electo presidente, y 2010, cuando murió, el patrimonio de la pareja aumentó de US$2,5 millones a US$17,7 millones, según sus declaraciones juradas anuales ante la Oficina Anticorrupción. Muchos argentinos quieren saber de dónde provino ese dinero.
Una serie de investigaciones judiciales ha sacudido la política argentina al dirigir la atención a negocios de altos funcionarios y sus socios. A fines de junio, el vicepresidente Amado Boudou fue procesado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con su función en relación a la compra de una imprenta en bancarrota.
Un ex secretario de Transporte fue procesado en abril bajo cargos de enriquecimiento ilícito. Ambos han negado las acusaciones. Hace dos años, una ex ministra de Economía fue condenada por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público en una investigación sobre una bolsa con efectivo hallada en el baño de su oficina.
No obstante, la investigación que ha generado más polémica tiene que ver con un empresario del sector constructor con lazos estrechos con los Kirchner. Un fiscal en Buenos Aires acusó a Lázaro Báez de lavar cerca de US$65 millones a través de una red global de empresas fantasma. El fiscal, José María Campagnoli, dijo en una entrevista que el dinero habría sido desviado de fondos del gobierno destinados a obras públicas y que Báez era testaferro de los Kirchner.
Pero la pesquisa de Campagnoli fue interrumpida cuando las autoridades judiciales lo suspendieron, acusándolo de excederse en sus funciones y filtrar información a los medios. Campagnoli niega las acusaciones y afirma que es perseguido por investigar la corrupción. Ahora encara un proceso judicial por el que podría ser destituido.
En una entrevista, Báez negó las acusaciones del fiscal, que calificó como parte de una campaña para perjudicar a su empresa y desacreditar al gobierno kirchnerista. Un portavoz de Báez ha dicho que el empresario no tiene inversiones en ningún país fuera de Argentina.
Funcionarios del gobierno de Kirchner no respondieron a pedidos de comentarios sobre la riqueza de la presidenta o las investigaciones de corrupción. En su única declaración pública sobre su patrimonio —un intercambio tenso y escueto con estudiantes de la Universidad de Harvard en 2012— Kirchner, de 61 años, dijo: “Teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también, gracias”.
Pero los escándalos han socavado la popularidad de Kirchner en un momento delicado. Cuando le quedan menos de 18 meses de mandato, la presidenta intenta estabilizar una de las economías más vulnerables de América Latina. La inflación galopante y la escasez de divisas han llevado a Argentina a la recesión. Sólo 26% de los argentinos aprueban su gestión, según una encuesta reciente de la consultora Management & Fit.
Asimismo, el país mantiene una disputa judicial con un grupo de acreedores extranjeros. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó analizar un fallo de un tribunal de menor instancia que exige a Argentina pagar toda la deuda que mantiene con un puñado de bonistas que rechazaron su oferta de unos 30 centavos por dólar sobre cerca de US$100.000 millones en deuda que incumplió en 2001. El gobierno sostiene que no tiene dinero para acatar la orden. Pero si no lo hace hasta el miércoles, el país podría enfrentar su segunda cesación de pagos en 13 años.
Uno de los acreedores que no aceptaron canjes —conocidos como holdouts—, el fondo de cobertura estadounidense NML Capital Ltd., quiere que una corte federal de Nevada le ayude a embargar activos que, afirma, están en manos de firmas fantasma de Báez, alegando que el dinero fue básicamente robado del Estado argentino. Un tribunal federal de Nueva York ha determinado que NML tiene derecho a obtener información sobre activos argentinos en el exterior en su intento por cobrar la deuda. Un vocero de Báez describió la solicitud de NML como “oportunista y poco seria en su concepción”.
Los Kirchner forjaron una exitosa reputación en Argentina al presentarse como defensores de los oprimidos. Cristina Kirchner fue electa en 2007, reemplazando a su marido.
Manuel Garrido, un ex fiscal anticorrupción durante los mandatos de los Kirchner, dice que los escándalos “reflejan el surgimiento de un capitalismo clientelar, oligarcas que emergieron en la última década al calor de sus vínculos con los funcionarios”. Garrido renunció en protesta en 2009, afirmando que los Kirchner limitaron sus poderes de investigación después de que indagó presuntos actos de corrupción que involucraban al gobierno. Funcionarios no respondieron a pedidos de declaraciones.
Austral Construcciones S.A., la principal empresa de construcción de Báez, fue creada semanas antes de que Néstor Kirchner asumiera el poder en 2003. Desde que la pareja se mudó a la Casa Rosada, el palacio presidencial, la firma de Báez ha recibido cientos de millones de dólares en contratos de obras públicas en Santa Cruz y se ha convertido en el mayor empleador del sector privado en la provincia.
Báez, de 58 años, contó que conoció a Néstor Kirchner jugando al basquetbol y al fútbol en los años 70. Su amistad se fortaleció gracias a su amor por los deportes y el activismo político en el movimiento peronista. Kirchner solía ir a su chacra, dijo, para jugar al fútbol y comer asados.
Durante una entrevista en su oficina, sentado frente a una inmensa fotografía de los Kirchner en un acto político, Báez dijo que su empresa se expandió rápidamente porque los Kirchner elevaron el gasto público para fomentar el crecimiento regional, el empleo y el desarrollo social.
El patrimonio de los Kirchner se ha multiplicado
“Esta no es una empresa fantasma”, aseveró mientras caminaba por la sede de su firma en Río Gallegos, la melancólica capital de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Mostró docenas de topadoras, trituradoras, camiones y otra maquinaria pesada.
Báez afirmó que el gasto público de los Kirchner transformó Santa Cruz, una provincia rica en petróleo, y el país. Dijo que Austral Construcciones cambió las reglas del juego en un sector donde media docena de compañías dominaban las licitaciones de obras públicas. Conduciendo su pickup Toyota Hilux negra por Río Gallegos, señaló una nueva escuela y proyectos de vivienda pública que su empresa construyó con financiamiento del gobierno nacional.
“La mayoría que escribe sobre esto no sabe lo que hacemos,” comentó mientras caminaba por el gimnasio de la nueva escuela. Aseguró que este tipo de infraestructura moderna no existiría sin los Kirchner.
“La cuestión judicial nos ha hecho un daño gigantesco,” indicó. El escándalo “nos quita a nosotros mucho nivel de participación en la obra pública, es una manera elegante de sacarnos de la cancha”.
Báez dijo que el negocio de su empresa es transparente. Atribuyó el escándalo a un intento de sus detractores por descarrilar sus esperanzas de ganar una licitación para construir un proyecto hidroeléctrico de casi US$5.000 millones.
En abril de 2013, el periodista argentino Jorge Lanata hizo revelaciones sobre la empresa de Báez en su popular programa de noticias. “Periodismo para todos” mostró entrevistas grabadas con una cámara oculta a Leonardo Fariña, quien dijo que manejaba una fortuna de US$5.000 millones para Báez y se desempeñaba como su valijero.
En los videos, Fariña afirmó que socios de Báez cargaban valijas de efectivo en el jet ejecutivo del empresario y las transportaban a Buenos Aires. Allí, el dinero era llevado a una firma de servicios financieros conocida informalmente como “La Rosadita”, afirmó, a cinco cuadras de la Casa Rosada. Había demasiado dinero para ser contado a mano, explicó, así que lo pesaban para determinar su valor y luego lo enviaban a paraísos fiscales.
Fariña también contó haber jugado al fútbol y socializado con Néstor Kirchner. Federico Elaskar, dueño de la firma financiera, apareció en el programa y corroboró los comentarios de Fariña.
Después de la emisión del programa, tanto Fariña como Elaskar se retractaron, diciendo que le habían mentido a Lanata. Pero Campagnoli dijo que su equipo verificó sus vínculos con Báez y su participación en una presunta trama de lavado de dinero que utilizó una red de empresas fantasma.
En una reciente entrevista, Campagnoli alegó que Báez era un testaferro de los Kirchner y que desvió fondos destinados a proyectos de obras públicas. Dijo que solicitó allanamientos en las residencias de los Kirchner para conseguir pruebas. El pedido fue rechazado por un juez. Báez aseguró que llevó a cabo los contratos de obras públicas de forma apropiada y desestimó como “ridículas” las acusaciones de que había trasladado valijas de efectivo.
En diciembre pasado, después de que Campagnoli presentó dos informes a un juez federal, fue suspendido tras ser acusado de filtrar información y excederse en su jurisdicción.
El caso fue tomado por otro fiscal y ahora está en manos del juez federal Sebastián Casanello. A principios de mayo, procesó a Fariña y Elaskar por lavado de dinero no relacionado a sus presuntos vínculos con Báez, pero no ha presentado cargos contra el empresario. La investigación continúa.
Fariña se encuentra en la cárcel mientras aguarda un juicio por evasión fiscal vinculado a otra investigación. Su abogado, Iván Mendoza, reconoció que su cliente había llevado a cabo negocios con Báez pero dijo que Fariña no es culpable y que está pagando un precio por su estilo de vida extravagante.
Intentos de contactar a Elaskar y su abogado fueron infructuosos. Elaskar negó los cargos en su testimonio en la corte y añadió que el programa de TV le significó grandes problemas. “Me metieron en una máquina de hacer chorizos”, sostuvo.
Campagnoli fue restituido como fiscal la semana pasada, pero el proceso que finalmente podría costarle el cargo continúa. “Sabíamos que iba a terminar mal”, aseveró. “Lo hice porque soy un fiscal y tengo un equipo que piensa como yo”.
Ignacio Rodríguez Varela, un secretario judicial quien trabajaba para Campagnoli, dijo que la investigación “era como lo que se podía ver a través del ojo de una cerradura, por lo que pudimos ver y lo que podríamos haber descubierto si se nos hubiera permitido continuar.”
Ricardo Monner Sans, un abogado que ha denunciado casos de corrupción, sostuvo que el juez a cargo del caso “ha hecho todo un esquive referido a Báez. Si profundiza, debería llegar a los Kirchner”.
El juez Casanello lo negó. “Un juez tiene que buscar la verdad a toda costa sin olvidarse nunca de respetar los derechos garantizados en la Constitución y el código procesal”, dijo. “Es falso que no se investiga o que se investiga lentamente”.
El creciente patrimonio de los Kirchner había sido objeto de una investigación en 2009. El juez federal Norberto Oyarbide, quien ha sobrevivido reiterados intentos de destituirlo de su cargo, sobreseyó al matrimonio. Afirmó que los investigadores concluyeron que no había problemas y que el caso quedaba cerrado.
Garrido, el fiscal anticorrupción que renunció en 2009, y Alfredo Popritkin, un contador forense y ex perito de la Corte Suprema, señalaron en entrevistas que los Kirchner nunca explicaron de forma fehaciente cómo incrementaron su riqueza de US$5,4 millones en 2007 a US$12,8 millones en 2008.
En sus declaraciones, los Kirchner indicaron que obtuvieron la mayor parte de su patrimonio mediante numerosas transacciones inmobiliarias en Santa Cruz y de depósitos de efectivo.
Garrido dijo que no se hizo una valuación apropiada de los activos inmobiliarios. Popritkin aseveró que el matrimonio nunca presentó documentos que demostraran cómo lograron obtener tasas de interés mayores a las del mercado.
Los vínculos empresariales entre Báez y los Kirchner son extensos, según documentos a los que tuvo acceso The Wall Street Journal. Incluyen préstamos, transacciones de inmuebles, copropiedad de terreno y desarrollos inmobiliarios conjuntos.
También involucran pagos relacionados con Alto Calafate, un hotel boutique que pertenece a los Kirchner en un destino turístico en la Patagonia cerca del glaciar Perito Moreno.
En 2010, por ejemplo, la empresa de Báez alquiló 90 noches de habitaciones por mes en el hotel, uno de varios que poseen los Kirchner en El Calafate, según una copia del contrato visto por The Wall Street Journal. Una habitación en el hotel cuesta entre US$140 y US$238 la noche, indica el documento. Al precio inferior, eso generaría cerca de US$150.000 en ingresos hoteleros en un año.
El vocero de Báez reconoció los acuerdos. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dijo que las transacciones hoteleras son “acuerdos privados entre personas y que fueron declarados tanto por el ex presidente como por la actual presidenta”.
En la última década, Báez se ha convertido en uno de los mayores terratenientes de Argentina, al comprar decenas de miles de hectáreas en Santa Cruz, de acuerdo con registros públicos.
En 2006, Jorge Molfino, un residente de Santa Cruz, vendió un rancho de 10.000 hectáreas a Austral Construcciones. Molfino dijo que pidió US$1,5 millones, pero que un representante de Báez ofreció pagarles US$1,6 millones en ocho cuotas, bajo la condición de que la última de US$200.000 fuera destinada a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Aceptó la propuesta.
Voceros de Báez y el gobierno no respondieron a pedidos de comentarios.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, Báez erigió un mausoleo de tres pisos en su honor en Río Gallegos, inspirado en el Dôme des Invalides en París, donde se encuentra la tumba de Napoleón.
Una placa conmemorativa, colocada por Báez, adorna una pared adyacente a la entrada: “Aquí descansa Néstor Carlos Kirchner, el santacruceño que cambió la Argentina y, sobre todo, un amigo”.
