El Corpus, Choluteca, Honduras.
El derrumbe de la mina de San Juan Arriba que soterró a 11 obreros, tres de los cuales lograron salvar la vida y ocho se encuentran desaparecidos, fue provocado por una explosión inducida sin percatarse de que había personas dentro de los túneles, concluye un informe del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
Los pormenores de las causas que motivaron la peor tragedia minera ocurrida en Honduras en los últimos años están contenidos en un documento elaborado por tres técnicos de Inhgeomin, justamente dos días después de que ocurriera el incidente.
A raíz del final del yacimiento minero, actualmente se encuentran desaparecidos bajo promontorios de tierra y piedras los mineros Aronni Faustino Zepeda Gómez, Brayan Alberto Escalante, Edwin Yovani Cárcamo, Santos Felipe López, José Florentino Zepeda, Olbin Omar Anduray Gúnera, Santos Emilio Muñoz, Bayron Onasis Maradiaga, Wilmer Catarino Ramírez, Óscar Javier Fúnez y Nehemías Rodríguez Méndez.
Decenas de amigos y compañeros de labores hacen sobrehumanos esfuerzos desde hace ocho días para rescatar los cuerpos de los ocho infortunados; aunque las posibilidades de encontrarlos con vida son mínimas.
Los resultados del informe sobre las causas que originaron la tragedia fueron expuestos ayer a los mineros durante una sesión de cabildo abierto convocada por la Corporación Municipal de El Corpus.
El documento concluye que toda la zona adonde se trabajaba en el aprovechamiento de mineral presenta una inestabilidad por las prácticas inadecuadas de extracción y la utilización de voladuras no controladas en los procesos de extracción que han causado desprendimiento de rocas y material.
Los técnicos descartaron que el accidente hubiese ocurrido por causas meteorológicas, ya que en los días anteriores al del accidente no hubo parámetros altos de precipitación en la zona y los suelos no se encontraban saturados de humedad.
Producto del deslizamiento se obstruyó el acceso al túnel donde se encontraban en trabajos de minería artesanal.
Durante la investigación se indagó con personas que estuvieron al momento del accidente, quienes detallaron que el deslizamiento se produjo por causa de una explosión sin percatarse de la existencia de personas dentro de los túneles que trabajaban en extracción y acarreo.
Conforme al técnico especialista en labores de rescate y seguridad de la mina El Mochito que llegó al sitio del percance, el primer grupo de tres mineros se localizaba a 200 pies de la superficie con una pendiente de 75 a 80 grados.
En conclusión, los técnicos establecen que “este accidente es el resultado de las malas prácticas con las que trabajan los mineros artesanales de San Juan Arriba, sumando a estos las deficientes medidas de seguridad con las que cuentan los trabajadores al momento de trabajar en extracción”.
El informe fue preparado por los técnicos David Alcántara, Sergio Montoya y Olvin Otero, jefes de las Unidades de Ambiente y Seguridad, Desarrollo Social y Minas y Geología, respectivamente.
En los años 2009 y 2011, la desaparecida Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin) efectuó inspecciones de campo en atención de incidentes ocurridos en la zona adonde se lleva a cabo actividad minera artesanal, en la cual ya habían muerto al menos 16 mineros.
En esa oportunidad se detectaron deficientes medidas de seguridad con las que cuentan los trabajadores al momento de trabajar en extracción en los túneles, acarreo de broza y la recuperación del mineral en los molinos (rastras).
Recomendaciones
La comisión de expertos de Inhgeomin recomendó al Gobierno suspender en totalidad los trabajos de extracción, acarreo y molienda de mineral en la zona de San Juan Arriba, ya que representa un riesgo inminente para la vida de los trabajadores y población en general.
También sugirió que los pequeños mineros se organicen en microempresas de servicios múltiples, para garantizarles el reconocimiento legal y la posibilidad de obtener un título minero que les permita explotar legalmente los recursos, de acuerdo con la Ley de Minería vigente.
La copia del informe se remitió a varias instituciones con el fin de que se ejecuten las recomendaciones y observaciones expuestas por los expertos.
Se advirtió sobre las debilidades
En una entrevista ofrecida a LA PRENSA, el fiscal del Ambiente de la ciudad de Choluteca, Marcio Molina, dijo que en 2012 y 2013 se elaboraron dos informes sobre la situación que imperaba en la zona y se hicieron las recomendaciones pertinentes; pero lamentablemente no se ejecutaron.
En esa oportunidad se advirtió a la gente que no debía seguir trabajando en la mina; sin embargo, el organismo regulador no hizo que se cumplieran las recomendaciones para evitar una tragedia.
“Son más de cinco mil personas que hacen uso de la mina y lo hacen de manera desorganizada, sin medidas de seguridad. Incluso, se identificó a niños trabajando en la mina, igual ha seguido la misma forma de trabajo”, recordó el fiscal.
El fiscal reveló que se analiza el delito de usurpación para dos hermanos que son los supuestos propietarios y que se encuentran en conflicto por la propiedad de los túneles, porque cada arrendador les paga cinco mil lempiras al mes, dándoles la potestad de hacer agujeros en cualquier lado. “No hay control, las medidas de seguridad no se llevan a cabo, hay más de 150 rastras operando, que son los molinos que mueven y procesan la broza, y no hay ningún control de las operaciones”, adujo Molina.
El derrumbe de la mina de San Juan Arriba que soterró a 11 obreros, tres de los cuales lograron salvar la vida y ocho se encuentran desaparecidos, fue provocado por una explosión inducida sin percatarse de que había personas dentro de los túneles, concluye un informe del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
Los pormenores de las causas que motivaron la peor tragedia minera ocurrida en Honduras en los últimos años están contenidos en un documento elaborado por tres técnicos de Inhgeomin, justamente dos días después de que ocurriera el incidente.
A raíz del final del yacimiento minero, actualmente se encuentran desaparecidos bajo promontorios de tierra y piedras los mineros Aronni Faustino Zepeda Gómez, Brayan Alberto Escalante, Edwin Yovani Cárcamo, Santos Felipe López, José Florentino Zepeda, Olbin Omar Anduray Gúnera, Santos Emilio Muñoz, Bayron Onasis Maradiaga, Wilmer Catarino Ramírez, Óscar Javier Fúnez y Nehemías Rodríguez Méndez.
Decenas de amigos y compañeros de labores hacen sobrehumanos esfuerzos desde hace ocho días para rescatar los cuerpos de los ocho infortunados; aunque las posibilidades de encontrarlos con vida son mínimas.
Los resultados del informe sobre las causas que originaron la tragedia fueron expuestos ayer a los mineros durante una sesión de cabildo abierto convocada por la Corporación Municipal de El Corpus.
El documento concluye que toda la zona adonde se trabajaba en el aprovechamiento de mineral presenta una inestabilidad por las prácticas inadecuadas de extracción y la utilización de voladuras no controladas en los procesos de extracción que han causado desprendimiento de rocas y material.
Los técnicos descartaron que el accidente hubiese ocurrido por causas meteorológicas, ya que en los días anteriores al del accidente no hubo parámetros altos de precipitación en la zona y los suelos no se encontraban saturados de humedad.
Producto del deslizamiento se obstruyó el acceso al túnel donde se encontraban en trabajos de minería artesanal.
Durante la investigación se indagó con personas que estuvieron al momento del accidente, quienes detallaron que el deslizamiento se produjo por causa de una explosión sin percatarse de la existencia de personas dentro de los túneles que trabajaban en extracción y acarreo.
Conforme al técnico especialista en labores de rescate y seguridad de la mina El Mochito que llegó al sitio del percance, el primer grupo de tres mineros se localizaba a 200 pies de la superficie con una pendiente de 75 a 80 grados.
En conclusión, los técnicos establecen que “este accidente es el resultado de las malas prácticas con las que trabajan los mineros artesanales de San Juan Arriba, sumando a estos las deficientes medidas de seguridad con las que cuentan los trabajadores al momento de trabajar en extracción”.
El informe fue preparado por los técnicos David Alcántara, Sergio Montoya y Olvin Otero, jefes de las Unidades de Ambiente y Seguridad, Desarrollo Social y Minas y Geología, respectivamente.
En los años 2009 y 2011, la desaparecida Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin) efectuó inspecciones de campo en atención de incidentes ocurridos en la zona adonde se lleva a cabo actividad minera artesanal, en la cual ya habían muerto al menos 16 mineros.
En esa oportunidad se detectaron deficientes medidas de seguridad con las que cuentan los trabajadores al momento de trabajar en extracción en los túneles, acarreo de broza y la recuperación del mineral en los molinos (rastras).
Recomendaciones
La comisión de expertos de Inhgeomin recomendó al Gobierno suspender en totalidad los trabajos de extracción, acarreo y molienda de mineral en la zona de San Juan Arriba, ya que representa un riesgo inminente para la vida de los trabajadores y población en general.
También sugirió que los pequeños mineros se organicen en microempresas de servicios múltiples, para garantizarles el reconocimiento legal y la posibilidad de obtener un título minero que les permita explotar legalmente los recursos, de acuerdo con la Ley de Minería vigente.
La copia del informe se remitió a varias instituciones con el fin de que se ejecuten las recomendaciones y observaciones expuestas por los expertos.
Se advirtió sobre las debilidades
En una entrevista ofrecida a LA PRENSA, el fiscal del Ambiente de la ciudad de Choluteca, Marcio Molina, dijo que en 2012 y 2013 se elaboraron dos informes sobre la situación que imperaba en la zona y se hicieron las recomendaciones pertinentes; pero lamentablemente no se ejecutaron.
En esa oportunidad se advirtió a la gente que no debía seguir trabajando en la mina; sin embargo, el organismo regulador no hizo que se cumplieran las recomendaciones para evitar una tragedia.
“Son más de cinco mil personas que hacen uso de la mina y lo hacen de manera desorganizada, sin medidas de seguridad. Incluso, se identificó a niños trabajando en la mina, igual ha seguido la misma forma de trabajo”, recordó el fiscal.
El fiscal reveló que se analiza el delito de usurpación para dos hermanos que son los supuestos propietarios y que se encuentran en conflicto por la propiedad de los túneles, porque cada arrendador les paga cinco mil lempiras al mes, dándoles la potestad de hacer agujeros en cualquier lado. “No hay control, las medidas de seguridad no se llevan a cabo, hay más de 150 rastras operando, que son los molinos que mueven y procesan la broza, y no hay ningún control de las operaciones”, adujo Molina.
