Tegucigalpa. Los miembros del Consejo de la Judicatura se sometieron ayer a la segunda prueba de confianza, la del polígrafo.
Por segundo día consecutivo, desde tempranas horas, los miembros de dicho Consejo acudieron voluntariamente a una sede de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNII) para aplicarles dicha prueba por alrededor de cuatro horas.
Se sometieron al polígrafo el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés, los consejeros Teodoro Bonilla, Lilian Maldonado, Francisco Quiroz, Julio Barahona y Celino Aguilera. Además, se sometió voluntariamente José Roberto Espinal, secretario del Consejo de la Judicatura.
No es del otro mundo
“Es todo lo contrario, el polígrafo y todo el procedimiento es una práctica muy amena, con explicaciones muy profesionales y amplias”, dijo Rivera Avilés al salir junto a sus compañeros en horas del mediodía. Explicó que durante un tiempo les colocan sensores para detectar si dicen o no la verdad.
“En términos generales, esto no es nada del otro mundo, es casi una cátedra de transparencia”, expresó.
Las preguntas que les formularon se relacionaron con vinculaciones con el crimen organizado, obtenciones de favores por parte de organizaciones o personas interesadas en obtener un beneficio, actuar en el desempeño de sus funciones como en la vida diaria, entre otro tipo de generalidades.Rivera Avilés está convencido de la objetividad en el resultado de estas pruebas.
El titular del Consejo explicó que la DNII remitirá los resultados de las pruebas al Congreso Nacional, porque los eligió. De su parte manifestó no tener objeción en publicar los resultados; sin embargo, dijo que habrá que respetar los procedimientos y reglamentación interna que sigue la DNII.
Falta someterse voluntariamente a las pruebas toxicológica y patrimonial. Aclaró que el reprobar la prueba del polígrafo no es vinculante para despedir a un empleado. E
l reprobar cualquiera de las otras pruebas obliga a tomar decisiones disciplinarias.
Estas pruebas de confianza son obligatorias para el personal del Poder Judicial, a excepción de los miembros del Consejo de la Judicatura y los 15 magistrados del pleno de la Corte. El lunes anterior, los consejeros se sometieron a las pruebas sicométricas y en los próximos días se les aplicarán los estudios socioeconómicos, patrimoniales y toxicológicas.
“La prioridad es certificar a todos los jueces y magistrados de Honduras, y los que no, hay que depurarlos, que se dediquen a otras cosas menos a impartir justicia”, opinó Teodoro Bonilla, miembro del Consejo de la Judicatura.
