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Nuevo Código Penal ya no tendrá el 335-B; CPH aplaude decisión

  • 25 mayo 2018 /

La próxima semana presentará un proyecto de decreto para eliminar el polémico artículo de la Ley contra el Terrorismo, anunció ayer el presidente del Congreso, Mauricio Oliva.

    Tegucigalpa, Honduras.

    El titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció ayer en el Día del Periodista en Honduras que la próxima semana presentará un proyecto de decreto para eliminar el artículo 335-B de la Ley contra el Terrorismo, que algunos sectores calificaban como mordaza a la libertad de expresión.

    “En este tema del 335B, en el nuevo Código Penal la figura desaparece como tal, sí hay regulación, pero contra temas de terrorismo, aunque en lo que se refiere a la apología concreta ya no está allí”, dijo el presidente Oliva.

    “Lo que está allí son sanciones para aquella gente que prepare, confabule actos de terrorismo; la sanción es hasta que los comete, pero hacer apología a través de una noticia no está. Eso ha quedado derogado”.

    Eso está en el nuevo Código Penal, que ya está terminado, firmado por su servidor, firmado por el secretario, está en Casa Presidencial y después de revisarlo tienen que publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta”, expuso Oliva.

    “En el nuevo Código Penal ya no existe, pero sí está una figura que sanciona alguna de las conductas a las que se refiere la figura penal en sí (el terrorismo)”, agregó.

    En el nuevo Código, el artículo 593 regula la sanción de actos preparatorios del delito de terrorismo; es decir, se sanciona cuando dos o más personas conspiren en cualquiera de las modalidades de terrorismo, expuso Oliva.

    Básicamente habla de cuando dos o más personas les propongan a otras cometer cualquiera de las modalidades de terrorismo, provocando a otras personas a cometer actos de terrorismo, esto ya está regulado en el nuevo Código Penal, finalizó.

    El titular del Legislativo en su cuenta de Twitter publicó: “ Felicidades periodistas de Honduras!! El nuevo Código Penal aprobado el año pasado y que inicia vigencia próximamente, elimina el 335-B que durante tanto tiempo exigieron se derogara. Pero mientras eso sucede el próximo martes introduciré reforma legal para borrarlo de nuestras leyes”.

    Respuesta

    El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, alabó la decisión de Oliva de introducir la próxima semana una iniciativa de ley que derogue el artículo 335 B.

    El artículo 335-B fue adicionado en abril de 2017 por el entonces diputado Óscar Álvarez luego de haberse aprobado en febrero el paquete de reformas penales, obviando el procedimiento que manda la ley.

    Ante el rechazo de los comunicadores, Álvarez agregó un párrafo en el que se establece que “no incurre en el delito (terrorismo) quien se limita a transmitir de manera objetiva la información, aunque esta por su contenido se refiera al delito de terrorismo”.

    Y es que el artículo 335-B se refiere a la apología al terrorismo y estipula que quien “públicamente o través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hallan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.

    “Hemos recibido una buena noticia, el presidente del Congreso Nacional ha anunciado que la próxima semana se introduce una iniciativa de ley para derogar el 335-b”, destacó Rodríguez.

    El titular del CPH señaló además que el decreto del artículo 335-B era un “adefesio jurídico” creado por un error que cometió el Poder Legislativo.

    “Esperamos que cuanto antes pueda ser derogado esta iniciativa y que pronto entre en vigor el Código Penal, hay que esperar que el presidente sancione el Código Penal y que luego se publique en el diario oficial La Gaceta”, agregó.

    Sin embargo, Rodríguez señaló que no hay que cantar victoria porque existen otras disposiciones que coartan la libertad de expresión como la Ley de Secretos Oficiales y la Ley Nacional de Ciberseguridad.