San Pedro Sula, Honduras.
La iniciativa de transparencia en infraestructura (Cost Honduras) firmó ayer dos convenios de cooperación con las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT) de los departamentos de Cortés y Yoro, con los que se impulsarán y apoyarán los procesos de auditoría social a proyectos de infraestructura pública en la zona norte.
Cost Honduras está auditando el presupuesto de inversión de 162 millones de dólares para el Corredor Turístico de La Barca- La Ceiba, pero de acuerdo con el informe de aseguramiento, solo se ha publicado el monto referencial de 98 millones de dólares. Otros proyectos a auditar son el Corredor Logístico con una inversión de 121 millones de dólares, las obras de terracería y del prepuerto de contenedores de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en Puerto Corté por L3.6 millones, el mantenimiento de la red vial de Trujillo cuyo monto es de L14 millones y la rehabilitación del techo del edificio de la superintendencia de Puerto Castilla en done se están invirtiendo L2.1 millones.
Tania Murillo, coordinadora del grupo multisectorial de la iniciativa de Cost Honduras, explicó que el convenio consiste en capacitar a las comisiones en tres procesos esenciales que son la divulgación de la información, el aseguramiento de la información la cual se divulga en una plataforma y veeduría social.
“Ellos son unos aliados estratégicos para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo que es la rendición de cuentas de proyectos de infraestructura pública”, dijo. Agregó que en la zona norte se ha evaluado una inversión de 300 millones de dólares en infraestructura pública en dos años y que en las auditorías han encontrado que las obras se construyen con diseños desfasados y repetitivos.
“Ha sido repetitivo en los cuatros estudios de aseguramiento que hemos tenido, también que en algunos proyectos no se incluyen medidas de impacto ambiental y hemos hecho varias recomendaciones”, aseguró Murillo. “Con el convenio nos vamos a capacitar para elaborar una auditoría social en infraestructura. Debemos capacitarnos para estar antes, durante y después de la obra”, dijo Sayda Martínez, coordinadora de la Red Nacional de Comisiones de Transparencia.
La iniciativa de transparencia en infraestructura (Cost Honduras) firmó ayer dos convenios de cooperación con las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT) de los departamentos de Cortés y Yoro, con los que se impulsarán y apoyarán los procesos de auditoría social a proyectos de infraestructura pública en la zona norte.
Cost Honduras está auditando el presupuesto de inversión de 162 millones de dólares para el Corredor Turístico de La Barca- La Ceiba, pero de acuerdo con el informe de aseguramiento, solo se ha publicado el monto referencial de 98 millones de dólares. Otros proyectos a auditar son el Corredor Logístico con una inversión de 121 millones de dólares, las obras de terracería y del prepuerto de contenedores de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en Puerto Corté por L3.6 millones, el mantenimiento de la red vial de Trujillo cuyo monto es de L14 millones y la rehabilitación del techo del edificio de la superintendencia de Puerto Castilla en done se están invirtiendo L2.1 millones.
Tania Murillo, coordinadora del grupo multisectorial de la iniciativa de Cost Honduras, explicó que el convenio consiste en capacitar a las comisiones en tres procesos esenciales que son la divulgación de la información, el aseguramiento de la información la cual se divulga en una plataforma y veeduría social.
“Ellos son unos aliados estratégicos para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo que es la rendición de cuentas de proyectos de infraestructura pública”, dijo. Agregó que en la zona norte se ha evaluado una inversión de 300 millones de dólares en infraestructura pública en dos años y que en las auditorías han encontrado que las obras se construyen con diseños desfasados y repetitivos.
“Ha sido repetitivo en los cuatros estudios de aseguramiento que hemos tenido, también que en algunos proyectos no se incluyen medidas de impacto ambiental y hemos hecho varias recomendaciones”, aseguró Murillo. “Con el convenio nos vamos a capacitar para elaborar una auditoría social en infraestructura. Debemos capacitarnos para estar antes, durante y después de la obra”, dijo Sayda Martínez, coordinadora de la Red Nacional de Comisiones de Transparencia.
