Tegucigalpa, Honduras
Extradiciones concretadas, otras diferidas (que se aplicará hasta que terminen los procesos penales en su contra en Honduras) y dos en desarrollo muestran el escenario que la ley de extradición ha puesto en el panorama nacional desde 2014.
Ya son 19 los hondureños enviados o entregados a la justicia de Estados Unidos por tener cuentas pendientes con la justicia de ese país.
Para penalistas en Honduras, los que enfrentan procesos de extradición ahora buscan negociar con las autoridades estadounidenses, en vista de que eso significa una reducción de pena a cambio de dar información.
“En Estados Unidos, las penas son más humanas. Ya se ve que hay varios connacionales que han sido condenados hasta a cinco años de reclusión y, por ejemplo, Wilter Blanco, quien recién fue sentenciado a 20 años, la misma se rebajará cuando dé información a las autoridades de ese país”, explicó René Altamirano.
Sin embargo, con negociaciones o no, lo que sí es claro es lo que ha dicho el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández que “los hondureños que están siendo extraditados a Estados Unidos cuando cumplan su condena en aquella nación retornarán a cumplir prisión en Honduras”. Con ese escenario, los extraditables tendrían que cumplir penas en ambos países, según lo declarado el 26 de junio por Hernández.
Condenados
A la fecha son 19 hondureños los requeridos por Estados Unidos y en puertas hay otras cinco solicitudes que están por ser designadas por la Corte Suprema de Justicia a un juez natural a fin de que se ventilen sus casos en los tribunales de Honduras.
Por ejemplo, de la nómina de solicitados el primero en ser llevado fue Carlos Arnaldo el “Negro” Lobo, condenado a 14 años de prisión y que obtendría su libertad en el año 2031.
Otro es Juving Alexander Suazo, que deberá cumplir 15 años de prisión y recobraría su libertad en 2029. Mientras que Miguel Arnulfo Valle se declaró culpable y espera sentencia, al igual que su hermano Luis Alonso.
El otro miembro del clan de los Valle, José Inocente, estará seis años en prisión, y su esposa Marlen Griselda Amaya Argueta, tres años, por ello en 2020 quedaría en libertad.
En la lista de condenados en Estados Unidos figura también el expolicía Wilmer Carranza Bonilla, a quien un juez de distrito le impuso la pena de ocho años, previendo su salida para 2025.
Para José Raúl Amaya Argueta son cinco años de prisión y Carlos Emilio Arita Lara pagará 20 años de prisión.
