Tegucigalpa, Honduras
El informe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), creada en 2016, señala que la legislación hondureña debe 'dejar claro que las excepciones al acceso' de la información deberán 'fundamentarse en un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la seguridad pública, la defensa nacional, las relaciones internacionales o la investigación y persecución de delitos'.
La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, conocida como de secretos oficiales, aprobada en enero de 2014, faculta al presidente y jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas a clasificar la información oficial de 'reservada' o de 'confidencial' durante cinco años y diez años, respectivamente.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA propuso hoy a Honduras revisar la ley de secretos oficiales para garantizar el acceso a la información pública y aprobar una ley de Archivos.
'Deben revisarse las leyes que declaran la reserva de información en determinados sectores de la administración pública y cesar, en adelante, este tipo de autorizaciones legislativas', indicó la Maccih en su quinto reporte presentado hoy en Tegucigalpa por el experto legal nacional de la Misión Andrés Pérez.
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También pueden clasificarla como información 'secreta' y 'ultrasecreta', lo que permite prohibir su publicación durante 15 o 25 años, según esa ley, que es rechazada por diversos sectores en Honduras.
Según la Maccih, este tipo de legislación, que aún existe en las democracias más consolidadas, 'introduce varios elementos que entran en conflicto con el esquema' contemplado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El modelo de la Ley de Secretos Oficiales 'ha circulado más como trasplante legal que como un desarrollo autóctono en cada país', enfatizó la Misión, que opera en Honduras desde el 19 de abril de 2016.
En el país centroamericano es necesario analizar las posibilidades existentes en materia legislativa para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, señala el informe 'Derecho de Acceso a la Información e Intereses Legítimos de Defensa y Seguridad en Honduras'.
Las opciones van desde la postura más 'conservadora', que implicaría mantener la ley en vigor sin cambios, hasta la posición más 'radical', que pasa por derogarla en su totalidad y volver al estado normativo anterior, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, añadió.
El portavoz de la Maccih, el peruano Juan Jiménez, indicó en su cuenta de Twitter que la regla de un Estado democrático y constitucional de Derecho es 'el acceso a la información pública'.
'Excepciones a la máxima divulgación y acceso a información pública deben reconocer los estándares interamericanos', subrayó Jiménez, exembajador de Perú en la OEA, quien por motivos de salud no asistió a la presentación del informe.
La Maccih propone a Honduras fijar 'una agenda de mediano plazo' que incluya la aprobación de la Ley de Archivos, la publicidad y transparencia de los registros mercantiles, así como de los fideicomisos constituidos parcial o totalmente con fondos públicos y las alianzas público-privadas.
También sugiere restablecer el Instituto de Acceso a la Información Pública como el órgano encargado de aprobar, en última instancia administrativa, las solicitudes de reserva, incluyendo las provenientes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. EFE
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