Tegucigalpa. La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) pedirá información a la Secretaría de Seguridad para verificar el despido de unos 400 policías que fueron aplazados en las pruebas de confianza.
Eduardo Villanueva, director de la DIECP, dijo que la próxima semana se reunirá con el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, y la cúpula policial para hablar sobre estrategias de trabajo y aprovechará el encuentro para analizar la separación de los policías.
Se requiere cotejar el procedimiento de cancelación de los elementos para “concluir los expedientes sobre el tema de la carrera (de los despedidos)”, explicó Villanueva.
El ministro Arturo Corrales confirmó que se procedió a darles de baja a unos 400 elementos que no pasaron las pruebas de confiabilidad. Las despidos se hicieron a petición de la DIECP, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Se aplican cuatro pruebas de confianza base: toxicológica, sicométrica, patrimonial y poligráfica. En la mayoría de los casos, los policías separados reprobaron la prueba del polígrafo o detector de mentiras.
Mediante las demás pruebas se intenta establecer si consumen drogas, si intelectualmente son aptos para estar en la institución policial y si no se han enriquecido ilegalmente. Antes de la separación de los 400 reprobados en las pruebas, la Secretaría de Seguridad solo había despedido a siete elementos que también obtuvieron nota “decepción” en los exámenes de confiabilidad.
La Policía Nacional cuenta con 13,746 miembros y de estos, 4,389 han sido sometidos a las pruebas de confianza.
La cúpula
Villanueva aseveró que la mayoría de los nuevos miembros de la cúpula policial ya fueron sometidos a las pruebas de confianza. No obstante, cuando toda la estructura de mando del órgano policial esté integrada, entonces la DIECP hará nuevos exámenes de confiabilidad a todos ellos.
Las pruebas de confianza son parte del proceso de depuración de la Policía Nacional que realiza la DIECP. Entre otras cosas, hace investigaciones preliminares sobre actos irregulares de los policías y luego traslada los expedientes de los hallazgos al Ministerio Público y al Tribunal Superior Cuentas.
