En seis regiones del país proyectan la Policía Nacional y el Ministerio Público crear la unidad antiextorsión para el combate a este azote.
El personal especializado forma parte del Grupo Operativo Antiextorsiones (GOAE), dependencia de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), capacitado con apoyo del Sistema de Integración Centroamericana (Sica).
La unidad antiextorsión en Tegucigalpa reportó 755 denuncias el año pasado, un 463% más que las interpuestas en 2011, cuando se recibieron 163.
“En la planificación se contempla llegar a seis regiones del país; pero la mayor parte de los afectados se concentra en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba”, informó Santos Armando Rodríguez, director de la DNSEI.
La extorsión sigue siendo una de las principales causas que obliga a los comerciantes a cerrar sus negocios.
En San Pedro Sula, con el esquema convencional seis fiscales y 10 analistas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), han dado seguimiento a las denuncias desde noviembre de 2011, a los que se les ha apoyado con dos vehículos nuevos y se les capacita para especializarse. La nueva estructura se espera que funcione en debida forma en los próximos días.
Combate
Las acciones de combate a la extorsión dejaron en 2012 a 158 personas capturadas, desarticulando, según la Policía, bandas completas de extorsionadores que guardan prisión; 94 casos fueron judicializados.
Pero en la mira de las autoridades no solo están los mareros como los principales extorsionadores; “hay familiares, empleados y otras personas que se han dedicado a extorsionar y eso se ha descubierto gracias al ataque frontal a este delito”, refirió Rodríguez.
Para fortalecer las unidades, en 2012 se hicieron dos talleres regionales sobre la extorsión, dirigidos a fiscales y policías, que fueron brindados por fiscales de El Salvador. “La selección del personal que formará parte de esta unidad es rigurosa, el proceso incluye el polígrafo. Trabajamos en el diseño de una campaña de comunicación sobre los beneficios y el mecanismo para denunciar la extorsión”, expresó Marlene Banegas, coordinadora regional del Ministerio Público en San Pedro Sula.
La Policía, Ministerio Público y Fuerzas Armadas centran sus actuaciones en el combate a este delito.
Esperanzas
El anuncio del Gobierno de atacar a la extorsión genera esperanzas en los empresarios del país.
Una encuesta de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) reflejó que 1,600 empresas cerraron operaciones en 2012 debido a la extorsión.
“Es la primera preocupación del empresariado de Tegucigalpa. Ante las cifras que hemos manejado del impacto de ese delito, hemos desarrollado una guía antiextorsión que la hemos hecho circular entre el empresariado”, explicó Mario Bustillo, presidente de la Ccit.
El dirigente privado explicó que el manual se hizo con la Fiscalía y la unidad antiextorsión, con el fin de orientar a los inversionistas para que conozcan qué hacer cuando son víctimas de ese delito.
“Nos agrada el anuncio, es bueno que determinen como prioridad la extorsión y que en el futuro se vea el apoyo y eso ayude a disminuir los índices que dañan la economía en todo el país”, apuntó Bustillo.
“Hay empresarios que siguen pagando el impuesto de guerra, pero eso lo vamos a medir este año. Se están mejorando las condiciones y ojalá que con los fondos de la tasa de seguridad se pueda dar un mayor apoyo”, apuntó el directivo.
Celulares, las herramientas
Los teléfonos móviles continúan siendo usados para extorsionar a la ciudadanía.
El año pasado, el Congreso Nacional reformó el artículo 22 del Código Penal, estableciendo de 15 a 20 años de cárcel para el delito de extorsión, que antes tenía una pena entre seis y nueve años.
En la capital, la Policía Nacional ha puesto a disposición del público los números telefónicos 2291-0650 y el 9641-8480 para que la población continúe denunciando la extorsión durante las 24 horas del día.
Adónde ir
Las denuncias también se pueden presentar en las oficinas antiextorsión en Tegucigalpa, frente al aeropuerto Toncontín, y en San Pedro Sula en la oficina regional del Ministerio Público, en la avenida Lempira.
Solo en San Pedro Sula, a diario entre 7 y 8 personas, según informes de la dirigencia microempresarial, cancelan sus pequeños negocios por temor a ser víctimas mortales de quienes se dedican al ilícito.
La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) ha fichado solo en San Pedro Sula a 1,492 personas vinculadas al delito de la extorsión; pero el año pasado apenas se juzgó y se envió a prisión a una persona.
Un total de 431 denuncias fueron interpuestas por el delito de extorsión en la DNIC durante 2012 en San Pedro Sula, pero solo un caso fue judicializado.
Las autoridades aducen que se debe a la lentitud en el proceso de vaciado de llamadas telefónicas.
