Tegucigalpa, Honduras.
Jazmin Claudino rompe en llanto cuando recuerda que pronto tendrá que abandonar Estados Unidos y retornar a Honduras dejando atrás a su esposo de origen mexicano, su casa recién comprada y su negocio de belleza en la ciudad de Winchester, Virginia.
Mientras observa con sus ojos llorosos a su pequeño hijo que duerme indefenso en una banca del consulado de Honduras en Washington, esta guapa copaneca de tez blanca y ojos claros relata su historia a los enviados de Diario LA PRENSA.
Aunque no está amparada en el Estatus de Protección Temporal (TPS), sino que cuenta con un permiso de trabajo temporal, la mujer fue capturada recién Donald Trump asumió la Presidencia y de inmediato se le fijó una orden de deportación para finales de noviembre.
De hecho, Jazmin porta un grillete electrónico en el tobillo izquierdo que monitorea sus movimientos de forma permanente. “Ayer se me descargó la batería y me llamaron para preguntarme qué pasaba con el grillete y me ordenaron que cargara la batería”.
 Este hombre expone su preocupación.
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“Me siento devastada, tendré que dejar a mi esposo, mi negocio y mi casa recién comprada en Winchester, y mi abogada ya me advirtió que mientras Trump esté en la Presidencia es difícil que puedan resolverme favorablemente”, dijo mientras esperaba que le entregaran su pasaporte hondureño a su pequeño.
La copaneca comentó al equipo de LA PRENSA que no puede regresar a su pueblo natal porque tiene amenazas de muerte por haber sido testigo del asesinato de un reconocido e influyente periodista de la zona, ocurrido a principios de 2001.
“Imagínese, si esto me pasa a mí que tenía un permiso legal de trabajo, qué no les va ocurrir a mis compatriotas que esperan que este señor les amplíen el TPS”, dijo.
Casos como el de esta hondureña son frecuentes en el consulado de Honduras en Washington, que ante la situación que impera en EUA con los inmigrantes recién decidió abrir una oficina de asesoría legal a cargo de una experta colombiana para ayudar a los compatriotas que están en similar o peor situación.
Temor.
Una mezcla de incertidumbre y temor embarga a miles de inmigrantes hondureños que viven en Estados Unidos a pocos días para que la administración del presidente Donald Trump anuncie la decisión de ampliar o derogar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unos 57,000 hondureños.
Para los hondureños, el TPS vence el próximo 5 de enero de 2018, pero formalmente sesenta días antes de su caducidad, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia la ampliación del mismo. Ese plazo se cumple justamente el próximo domingo 5 de noviembre del presente año.
Por tratarse de un día inhábil es posible que el anuncio se formalice el viernes 3 o el lunes 6 de noviembre, indicaron las autoridades diplomáticas hondureñas.
Marlen Santos, una hondureña que vive desde hace más de 18 años en Dallas, Texas, comentó a LA PRENSA que siente miedo e incertidumbre con lo que les pueda pasar a sus hijos de nacionalidad estadounidense.
“Ojalá nos den el TPS, pero tenemos miedo por lo que pueda ocurrir, tenemos casa, negocios e hijos acá”, comentó.
| La Cancillería a través de su consulado en Washington habilitó una oficina de asesoría legal para apoyar a los hondureños amparados en el TPS, el Daca y a todos aquellos que necesiten apoye en temas migratorios.
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Santos relató que actualmente es madre soltera y tiene tres hijos que dependen económicamente de ella, de modo que una eventual expulsión de EUA los dejaría en una situación de desamparo.
Dijo que emigró a EUA en 1996 y en 1998 se acogió al Estatus de Protección Temporal (TPS).
José Felipe Muñoz, un hondureño originario de la aldea de San Simón, municipio de San Andrés, Lempira, relató que él estuvo amparado en el TPS, pero recién logró formalizar la residencia en EUA. Contó que esa situación le da cierta tranquilidad; pero no ocurre lo mismo con muchos amigos que tienen TPS, que no saben lo que pueda ocurrir en los próximos días.
“Hay temor, muchos amigos hasta temen salir a trabajar porque no saben en qué momento los pueden capturar”, dijo.
Manuel Amaya Quintero, otro hondureño amparado en el TPS, fue más pragmático y comentó que si Trump resuelve no ampliar el TPS, no piensa volver a Honduras y prefiere quedarse ilegal en los Estados Unidos, aunque eso le cueste cambiar de casa y ciudad.
