Tegucigalpa, Honduras.
En un proceso de búsqueda de financiamiento se encuentra el Gobierno para aplicar a plenitud la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos.
Así lo deja entrever Marcial Solís, coordinador de la Comisión de Presidencial de la Calidad Educativa, que la semana pasada entregó los 22 reglamentos de esa ley al mandatario Juan Orlando Hernández.
“Los reglamentos no tienen razón de dilatarse más allá de lo que impida la agenda presidencial”, sostuvo Solís, al mismo tiempo que estimó que la fecha ideal para que entren en vigor sería el 1 de febrero de 2015.
Los 22 reglamentos fueron sancionados el viernes por el mandatario en el Consejo de Ministros realizado en Choluteca. Lo que sigue, explicó Solís, es un proceso de socialización para que padres de familia, docentes y sociedad en general conozcan los alcances tanto de esa ley como de los reglamentos. “Estos desarrollan los artículos de la ley, es muy difícil aplicarlos este año. Lo que sigue es un proceso de socialización y capacitación porque deben ser conocidos por todas las autoridades educativas del país y que la gente los conozca, y lo recomendable es que entren en vigor el 1 de febrero”, dijo.
Solís destacó que la elaboración de estos documentos ha sido un esfuerzo grande para los que participaron, pues -subrayó- no se contaba con un gran presupuesto. “Fueron muy baratos, fueron elaborados por maestros de Honduras, muchos de ellos técnicos de la Secretaría, catedráticos de la UPN y personas vinculadas a la educación especial y con talentos excepcionales”, amplió.
Financiamiento
Sin embargo, a partir de ahora, la falta de recursos financieros es un lujo que no puede darse el Gobierno. Estimaciones de funcionarios de la Secretaría de Educación apuntan a que para la total aplicación de la ley se necesitan unos cuatro mil millones de lempiras anuales.
La viceministra de Educación, Elia del Cid, y miembros de la comisión ad hoc que redactaron los reglamentos estimaron que deberán pasar cuatro administraciones gubernamentales para alcanzar la plenitud de esa ley. De inmediato esta ley obliga al Estado, en términos prácticos, a contratar más docentes, es decir, a abrir nuevas plazas, reparar y construir nuevos edificios escolares e invertir en equipo para desarrollar la enseñanza de las tecnologías de la comunicación. Hay que recordar que el presidente Juan Orlando Hernández se propuso impulsar una tercera reforma educativa en su mandato. El arranque de esa transformación aparentemente debe comenzar con la entrada en vigor de los 22 reglamentos de la Ley Fundamental.
“Definitivamente, el Presidente tendrá la oportunidad de seguir y dar el paso a la tercera reforma educativa que tanto anhelamos”, dijo Solís.
Y esta tercera reforma tendrá como principal beneficiario a los niños de este país, y no a otro sector, como ocurría antes, aseguró.
Los dirigentes magisteriales muestran sus reservas sobre este asunto, aunque afirman que apoyan las reformas.
Para el caso, Roberto Tróchez, vicepresidente del Colprosumah, señala que en los dos últimos años y medio el Gobierno “ha dejado mucho que desear” con algunas políticas y ciertas deficiencias en el manejo del sistema.
Ejemplificó la vieja deuda de unos 350 millones de lempiras que tiene el Gobierno con unos siete mil docentes del país y que hasta el momento la actual administración no ha sido capaz de saldar. Bajo esa premisa, Tróchez analiza que será muy difícil, bajo el orden administrativo actual, que esa ley tenga un efecto positivo.
“Eso no significa que no apoyamos los cambios en la educación, de hecho, creemos que son necesarios para sacar adelante a este país”, aclaró Tróchez.
En un proceso de búsqueda de financiamiento se encuentra el Gobierno para aplicar a plenitud la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos.
Así lo deja entrever Marcial Solís, coordinador de la Comisión de Presidencial de la Calidad Educativa, que la semana pasada entregó los 22 reglamentos de esa ley al mandatario Juan Orlando Hernández.
“Los reglamentos no tienen razón de dilatarse más allá de lo que impida la agenda presidencial”, sostuvo Solís, al mismo tiempo que estimó que la fecha ideal para que entren en vigor sería el 1 de febrero de 2015.
Los 22 reglamentos fueron sancionados el viernes por el mandatario en el Consejo de Ministros realizado en Choluteca. Lo que sigue, explicó Solís, es un proceso de socialización para que padres de familia, docentes y sociedad en general conozcan los alcances tanto de esa ley como de los reglamentos. “Estos desarrollan los artículos de la ley, es muy difícil aplicarlos este año. Lo que sigue es un proceso de socialización y capacitación porque deben ser conocidos por todas las autoridades educativas del país y que la gente los conozca, y lo recomendable es que entren en vigor el 1 de febrero”, dijo.
Solís destacó que la elaboración de estos documentos ha sido un esfuerzo grande para los que participaron, pues -subrayó- no se contaba con un gran presupuesto. “Fueron muy baratos, fueron elaborados por maestros de Honduras, muchos de ellos técnicos de la Secretaría, catedráticos de la UPN y personas vinculadas a la educación especial y con talentos excepcionales”, amplió.
Financiamiento
Sin embargo, a partir de ahora, la falta de recursos financieros es un lujo que no puede darse el Gobierno. Estimaciones de funcionarios de la Secretaría de Educación apuntan a que para la total aplicación de la ley se necesitan unos cuatro mil millones de lempiras anuales.
La viceministra de Educación, Elia del Cid, y miembros de la comisión ad hoc que redactaron los reglamentos estimaron que deberán pasar cuatro administraciones gubernamentales para alcanzar la plenitud de esa ley. De inmediato esta ley obliga al Estado, en términos prácticos, a contratar más docentes, es decir, a abrir nuevas plazas, reparar y construir nuevos edificios escolares e invertir en equipo para desarrollar la enseñanza de las tecnologías de la comunicación. Hay que recordar que el presidente Juan Orlando Hernández se propuso impulsar una tercera reforma educativa en su mandato. El arranque de esa transformación aparentemente debe comenzar con la entrada en vigor de los 22 reglamentos de la Ley Fundamental.
“Definitivamente, el Presidente tendrá la oportunidad de seguir y dar el paso a la tercera reforma educativa que tanto anhelamos”, dijo Solís.
Y esta tercera reforma tendrá como principal beneficiario a los niños de este país, y no a otro sector, como ocurría antes, aseguró.
Los dirigentes magisteriales muestran sus reservas sobre este asunto, aunque afirman que apoyan las reformas.
Para el caso, Roberto Tróchez, vicepresidente del Colprosumah, señala que en los dos últimos años y medio el Gobierno “ha dejado mucho que desear” con algunas políticas y ciertas deficiencias en el manejo del sistema.
Ejemplificó la vieja deuda de unos 350 millones de lempiras que tiene el Gobierno con unos siete mil docentes del país y que hasta el momento la actual administración no ha sido capaz de saldar. Bajo esa premisa, Tróchez analiza que será muy difícil, bajo el orden administrativo actual, que esa ley tenga un efecto positivo.
“Eso no significa que no apoyamos los cambios en la educación, de hecho, creemos que son necesarios para sacar adelante a este país”, aclaró Tróchez.
