Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno finalmente resolvió intervenir la Dirección General de Transporte ante la incapacidad de esa dependencia de poner orden en el sector.
A cinco meses del Gobierno, los problemas siguen a la orden del día, siendo los más neurálgicos la proliferación de buses ilegales, la circulación de mototaxis en zonas restringidas, el mal estado de las escasas unidades de buses grandes o amarillos y el irrespeto a todas las normas de tránsito por parte de los buses rapiditos.
Estos últimos son los que provocan un caos vial en la ciudad, ya que no respetan las estaciones de buses, se cruzan semáforos en rojo, circulan por las aceras, forman terceras filas y llevan personas paradas, entre otras anomalías.
Estos rapiditos están casi convertidos en chatarras, llevan decenas de personas de pie y manejan a velocidades que ponen en riesgo la vida de los pasajeros y de otros conductores. La Dirección de Transporte ha sido incapaz de poner orden, lo que obligó a las autoridades del Gobierno a ordenar una intervención.
El director, Yovanny Dubón, afirmó que la decisión se tomó el pasado lunes en el Consejo de Seguridad y Defensa. A su juicio, el principal problema radica en la proliferación de buses ilegales.
El Gobierno no ha revelado quiénes integrarán la comisión y a partir de cuándo asumirá las riendas de esa dependencia.
La interventora tendrá la responsabilidad de diseñar un reglamento interno con las medidas a implementar y aprobar la aplicación de las pruebas de confianza a todos los empleados y funcionarios de la DGT.
Según las autoridades de la DGT, el principal problema de esa institución es el descontrol de los busitos ilegales.
“Estos buses se decomisan y por ley los tenemos que regresar cuando ellos pagan la multa”, dijo. Los dueños de los busitos pagan una multa de mil lempiras, lo cual, según la DGT, es irrisorio en comparación con los ingresos que obtienen.
El Gobierno finalmente resolvió intervenir la Dirección General de Transporte ante la incapacidad de esa dependencia de poner orden en el sector.
A cinco meses del Gobierno, los problemas siguen a la orden del día, siendo los más neurálgicos la proliferación de buses ilegales, la circulación de mototaxis en zonas restringidas, el mal estado de las escasas unidades de buses grandes o amarillos y el irrespeto a todas las normas de tránsito por parte de los buses rapiditos.
Estos últimos son los que provocan un caos vial en la ciudad, ya que no respetan las estaciones de buses, se cruzan semáforos en rojo, circulan por las aceras, forman terceras filas y llevan personas paradas, entre otras anomalías.
Estos rapiditos están casi convertidos en chatarras, llevan decenas de personas de pie y manejan a velocidades que ponen en riesgo la vida de los pasajeros y de otros conductores. La Dirección de Transporte ha sido incapaz de poner orden, lo que obligó a las autoridades del Gobierno a ordenar una intervención.
El director, Yovanny Dubón, afirmó que la decisión se tomó el pasado lunes en el Consejo de Seguridad y Defensa. A su juicio, el principal problema radica en la proliferación de buses ilegales.
El Gobierno no ha revelado quiénes integrarán la comisión y a partir de cuándo asumirá las riendas de esa dependencia.
La interventora tendrá la responsabilidad de diseñar un reglamento interno con las medidas a implementar y aprobar la aplicación de las pruebas de confianza a todos los empleados y funcionarios de la DGT.
Según las autoridades de la DGT, el principal problema de esa institución es el descontrol de los busitos ilegales.
“Estos buses se decomisan y por ley los tenemos que regresar cuando ellos pagan la multa”, dijo. Los dueños de los busitos pagan una multa de mil lempiras, lo cual, según la DGT, es irrisorio en comparación con los ingresos que obtienen.
