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Aprueban reforma para bloquear llamadas en centros de rehabilitación

  • 06 marzo 2014 /

La reforma fue aprobada en un solo debate por 'una amplia mayoría' de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional.

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional de Honduras aprobó hoy una reforma a la Ley de Limitación de Servicio de Telefonía Móvil Personal y Comunicaciones orientada a prohibir a los operadores de telefonía celular prestar servicios en los centros de rehabilitación de jóvenes.

La reforma, que fue presentada por el secretario del Parlamento, Tomás Zambrano, del oficialista Partido Nacional, fue aprobada en un solo debate por 'una amplia mayoría' de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional, indicó el Poder Legislativo en un comunicado.

Según la información oficial, la reforma prohíbe a los operadores de telefonía móvil 'brindar o prestar servicios en los espacios físicos donde funcionan los centros o granjas penales e internamiento de menores del país'.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, comentó que la reforma fue aprobada debido a que el crimen organizado utiliza niños para el sicariato y otros delitos, debido a que la legislación hondureña impide que los hechos cometidos por estos puedan ser procesados como delitos penales.

'Están utilizando a esos menores que están en rehabilitación y que tienen alguna conexión con el crimen organizado para que sirvan de transmisores de las llamadas para la extorsión', subrayó Oliva, también del Partido Nacional.

En un inicio, la Ley de Limitación solo obligaba a las empresas que controlan la telefonía móvil en el país a bloquear las llamadas de celulares en las 24 cárceles hondureñas.

Esa norma fue aprobada por el Parlamento el 11 de febrero, a petición del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con el fin de reducir la violencia en la nación centroamericana, con un promedio de 14 muertes a diario este año.

Los presos hondureños ordenan, en muchos casos, a través de teléfonos móviles, la ejecución de acciones delictivas como asesinatos y extorsiones, según denuncias del propio presidente.