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Fiscalía de Honduras investiga a los cinco jueces separados

El Ministerio Público busca determinar si existen indicios de responsabilidad penal contra los ahora extogados.

Los investigadores del Ministerio Público piden a Consejo de la Judicatura informes en que basa sus resoluciones contra los funcionarios judiciales.
Los investigadores del Ministerio Público piden a Consejo de la Judicatura informes en que basa sus resoluciones contra los funcionarios judiciales.

Tegucigalpa. Aunque ya no sean parte del Poder Judicial, los cinco jueces separados por el Consejo de la Judicatura están en la mira del Ministerio Público (MP) que resolvió ampliar investigaciones contra los extogados.

El pasado miércoles, el Consejo notificó la suspensión del cargo de cinco jueces: Esteban Daniel Quevedo, Gladis Alejandra Ochoa y Karla Madgalena Vásquez, del Juzgado Penal de Tegucigalpa. Asimismo, Lourdes Barahona, del Juzgado del Trabajo de la capital, y Yobany Valladares Aly, del Juzgado de Letras Departamental de Santa Bárbara.

Igualmente, el Consejo de la Judicatura resolvió destituir a Roberto Carlos Amaya del cargo de juez interino del Juzgado de Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Según informe oficial presentado por la Inspectoría de Tribunales, los motivos para estas suspensiones se relacionan con las sustitución de la medida de prisión preventiva por medidas sustitutivas contraviniendo lo ordenado por Cortes de Apelaciones; acreditación de firmas en inspecciones y comparecencias en las cuales los funcionarios no estuvieron presentes; detención ilegal y por no excusarse de conocer juicio en caso en el que ameritaba hacerlo, entre otras.

Estos casos son investigados por el MP, igual que los otros que fueron separados por el Consejo de la Judicatura.

Buscan indicios penales

“Se ha girado una instrucción muy clara de Fiscalía General a la Fiscalía contra la Corrupción, que en todos aquellos casos donde el Consejo de la Judicatura haya determinado separar a un juez se inicie de oficio una investigación”, informó el fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar.

Lo que se pretende confirmar es si, además de sanciones administrativas, existen indicios de responsabilidad penal que ameriten interponer requerimientos fiscales en los tribunales.

“Eso no quiere decir que todas las investigaciones van a culminar con un requerimiento fiscal porque habrá algunas situaciones que provocaron la separación de jueces, puede ser por faltas eminentemente administrativas y no de carácter penal”, agregó.

Una de las primeras diligencias a evacuar es solicitar al Consejo de la Judicatura copia de los expedientes investigativos que sustentan las supuestas irregularidades cometidas por los seis jueces. “Resulta muy importante conocer los informes administrativos, el contenido de estas motivaciones que encontró el Consejo de la Judicatura para analizarlas si existen o no delitos de naturaleza penal”, expresó Lorena Cálix, portavoz del MP. De momento resulta prematuro resolver qué rumbo tomarán estos jueces en materia penal.

Los seis sancionados el miércoles se suman a la lista de investigados por la Fiscalía contra la Corrupción por diversos delitos, entre ellos abuso de autoridad, prevaricato, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Es así que manejan 21 expedientes investigativos y dos casos judicializados, los de las exjuezas María Elena Fonseca y Wendy Caballero, quienes guardan prisión por supuestas irregularidades al liberar a dos presuntos narcotraficantes.

El juez penalista Melvin Bonilla pidió no abusar de los mecanismos de denuncia contra los jueces. “Advertimos que en el futuro puede ampliarse una gama de denuncias contra los jueces para conseguir un determinado resultado”, dijo. Instó a los jueces fundamentar sus resoluciones y ampararse en la ley.

El Ministerio Público afirma cumplir con los principios de objetividad, del debido proceso, como el derecho de defensa, en cada una de las investigaciones que realiza.