Tegucigalpa. María Antonieta Guillén de Bográn, ministra de la Presidencia, desmintió ayer el proceso de intervención que supuestamente se ejecutaría al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La funcionaria indicó que el futuro de esta institución está en manos del presidente electo, Juan Orlando Hernández.
“Algo que quiero dejar yo bien claro, que es lo que oficialmente yo puedo comunicar y es que el presidente electo, Juan Orlando Hernández, dado la composición y la integración del Seguro Social, antes de oficializar cualquier acción de esta naturaleza él se va sentar, él dialogará con todos los sectores involucrados”, dijo Guillén.
Sin embargo, Juan Orlando Hernández contradijo esta versión al indicar que la decisión de intervenir o no el Seguro Social es del actual presidente, Porfirio Lobo Sosa. “En el tema del Seguro Social es una decisión del actual Gobierno la intervención porque es necesario revisar que las cosas estén en orden y voy aprovechar para decir que vamos a estructurar una comisión de alto nivel que nos permita revisar todo el sistema de previsión del país, que es parte del pacto por Honduras”, dijo Hernández.
Piden acciones
Mientras se determina quién decidirá sobre el futuro del IHSS, la empresa privada señaló que la toma de decisiones debe ser en consenso con el sector empresarial, obreros y el Gobierno.
“Yo creo que lo que es necesario es varias acciones concretas como las que yo señalé; y el mecanismo mediante el cual se van a implementar es lo que hay que definir de manera conjunta con quien pone la plata, que es el sector empleador y sector trabajador”, dijo Fernando García Merino, director de la Asociación Nacional de Industriales, (Andi).
“Entonces para cualquier acción que se quiera tomar debe invitarse a los sectores que aportan para que puedan ellos dar sus opiniones y puedan vigilar que los recursos que ellos han colocado sean bien utilizados”, reiteró el empresario.
Hace dos días, Mario Zelaya, director ejecutivo del IHSS, calificó como “buenas” las intervenciones y aseguró que la institución mantiene las puertas abiertas para cualquier tipo de investigación.
Durante 2014, la institución ha enfrentado una crisis debido al incumplimiento de pago por parte del Estado y a una deuda de más de 800 millones que mantiene la empresa privada pese a que existe un decreto de amnistía que les perdona las multas.
