En 2013, varios hechos estremecieron a la sociedad hondureña por su gran impacto. Escándalos y controversias en los ámbitos político, policial y judicial, entre otros, acapararon la atención de la población.
1. Se consumó el golpe técnico que dio el Congreso a la Corte Suprema de Justicia de Honduras
Durante 2013 se mantuvo la polémica y se consumó el golpe técnico que dio el Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, cuando, tras una sesión que duró 21 horas, la mayoría de diputados de la Cámara Legislativa decidieron destituir a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Gustavo Bustillo, José Antonio Gutiérrez, Rosalinda Cruz y José Francisco Ruiz Gaekel fueron los magistrados destituidos durante la madrugada en el Congreso. Ellos habrían sido removidos de sus cargos por haber votado contra la Ley de Depuración Policial, Ley del 1%, Ley de Ciudades Modelo y Ley de las Iglesias, con lo cual las declararon inconstitucionales.
Expertos y analistas políticos y en leyes dijeron que el Congreso cometió un acto inconstitucional y dio un golpe técnico a la Corte porque consideraron que fue una intervención directa de un Poder del Estado hondureño en otro, pues explicaron que el Poder Legislativo se impuso sobre el Judicial.
En febrero de 2013 se consumó el golpe técnico del Congreso cuando el pleno especial de la Corte Suprema de Justicia resolvió en apenas tres horas, por mayoría, desestimar los recursos de amparo presentados por separado por la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción y los propios magistrados destituidos contra la separación de los jueces.
De los magistrados de la Sala Constitucional solo se dejó en el cargo a Óscar Chinchilla, quien había votado en favor de las leyes que los demás magistrados declararon inconstitucionales.
Luego Chinchilla fue llevado por el mismo Congreso Nacional a ser el nuevo Fiscal General de la República. Los magistrados destituidos interpusieron una denuncia por su destitución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, la cual fue admitida por este organismo y aún se espera su resolución.
2. Congreso elige de madrugada nuevo Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto
El Congreso Nacional fue una vez más el centro de la polémica cuando sus diputados, en un madrugón, decidieron elegir al Fiscal General de la República y al Fiscal Adjunto.
La Fiscalía tenía estos puestos vacantes, pues Roy Urtecho había renunciado, obligado, según él, por el Congreso, a su puesto como Fiscal General y también lo había hecho Luis Rubí. Además, una comisión interventora estaba en la Fiscalía debido a denuncias de corrupción.
La sesión en la Cámara Legislativa inició la mañana del 31 de agosto. Había cinco nominados para los cargos, sin embargo, el abogado Ivis Discua, uno de los aspirantes, horas antes de la elección se retiró y denunció que todo estaba arreglado.
En el Congreso trascendió que Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar ya estaban elegidos. Durante el día la sesión entró en recesos varias veces para realizar varios cabildeos, en los cuales los diputados parecían no terminar de ponerse de acuerdo. A las 11:30 am, el Congreso aprobó la renuncia condicionada de Óscar Chinchilla como presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que este estuviera disponible para ocupar el cargo.
Los diputados, a pesar de haber comenzado temprano la sesión legislativa, finalmente hicieron la polémica elección aproximadamente a la 1:20 de la madrugada del 1 de septiembre y se contó con el voto favorable de 92 parlamentarios.
Como ya había trascendido, Óscar Chinchilla fue electo Fiscal General y Rigoberto Cuéllar, Fiscal Adjunto.
El Congreso ya había mostrado que tenía afinidad por Chinchilla, pues fue el único magistrado que no separó de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las destituciones de 2012 y Cuéllar era ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente del gobierno de Porfirio Lobo, cargo que dejó para unirse a la Fiscalía.
3. Diario LA PRENSA puso al descubierto el “impuesto de guerra” que cobraba la Municipalidad de San Pedro Sula
En octubre estalló un escándalo más en la Alcaldía sampedrana cuando Diario LA PRENSA reveló que en una cuenta bancaria personal y mancomunada eran depositadas cuotas por los recolectores de la basura, quienes aseguraron que eran obligados a hacerlo cada vez que la Municipalidad les paga sus contratos.
Los depósitos oscilaban entre 1,500 y 17,000 lempiras por cada contrato, cuyo monto depende de lo pagado. Esos montos aparecen en las hojas de depósito de diferentes meses correspondientes a los años 2012 y 2013. Luego de que trascendió la noticia, Wilfredo Flores, regidor y comisionado de finanzas de la Municipalidad sampedrana, cuestionó lo sucedido.
“Esos contratos han servido para favorecer a amigos y no para resolver los problemas de la ciudad”, expresó. El Ministerio Público designó un fiscal especial para investigar el escándalo y el cuerpo de regidores y le exigió al alcalde Juan Carlos Zúniga un informe por el supuesto acto de corrupción.
Luego, Jesús Paz, jefe de la Unidad de Desechos Sólidos de la Municipalidad, confirmó la existencia de la cuenta de un grupo “de apoyo político” a Zúniga y dijo que los aportes de los contratistas eran voluntarios. “No hay nada que ocultar”, afirmó Paz. El propio alcalde sampedrano aceptó la existencia de la cuenta.
4. Murieron 11 hondureños tras descarrilamiento de “La Bestia”, el tren en que viajan varios migrantes a través de México
El domingo 25 de agosto de 2013, en México murieron 11 hondureños por el descarrilamiento en el municipio de Huimanguillo, estado de Tabasco, de “La Bestia”, como es llamado el tren en que suelen viajar a través de México los migrantes que se dirigen a Estados Unidos.
La noticia conmocionó a todo el mundo y al principio no se sabía cuántas personas habían muerto en el incidente.
El 30 de agosto, las autoridades mexicanas trajeron en un avión de la Policía Federal a seis de los hondureños fallecidos a la Base Aérea coronel Armando Escalón Espinal, de San Pedro Sula.
Pero en el lugar del accidente se continuaban levantando vagones del tren, bajo los cuales se encontraron más víctimas del letal accidente.
El 5 de septiembre, las autoridades mexicanas nuevamente enviaron a Honduras el avión de la Policía Federal para repatriar los cadáveres de los cinco hondureños fallecidos en el descarrilamiento. Las escenas fueron desgarradoras cuando a los familiares se les entregaron los restos de sus seres queridos, algunos de los cuales incluso ya estaban en estado de descomposición debido al tiempo que habían permanecido bajo los vagones. El Gobierno hondureño dio una indemnización a las familias de los fallecidos.
5. Despidos y hasta arrestos en Educación por corrupción
Edwin Oliva, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah), fue separado del sistema público. Su destitución fue oficializada mediante la publicación en el diario La Gaceta del decreto 21-2013, que desligó al dirigente magisterial de cualquier vínculo o relación laboral con la Secretaría de Educación.
Oliva fue separado como docente luego de haberse negado a incorporarse a las aulas de clases. La separación del dirigente apareció en la publicación del 21 de mayo de 2013 de La Gaceta. Además, el Ministerio de Educación suspendió las licencias de varios dirigentes que durante años han gozado de ellas por no acatar las instrucciones de la Secretaría.
Otro escándalo en Educación fue cuando los tribunales de justicia de Comayagua confirmaron el auto de prisión para los docentes José Antonio Medina y Luis Antonio Medina, quienes fueron acusados de estar involucrados en la venta de plazas para docentes.
6. Destituyen y capturan a jueza que liberó a presunto narco
A inicios de diciembre, la Policía Militar detuvo en Tegucigalpa a María Elena Fonseca Cruz, exjueza del Juzgado de Ejecución de Trujillo, Colón.
Esto se debió a que el Ministerio Público solicitó librar orden de captura contra ella por suponerla responsable de incurrir en abuso de autoridad y prevaricato.
Los delitos los habría cometido Fonseca el 15 de noviembre al emitir la resolución de excarcelar al presunto narco hondureño Adán Montes Bobadilla por enfermedad terminal y ponerlo bajo vigilancia de la madre, quien había sido deportada de Colombia en 2007.
La Fiscalía dijo que la jueza obvió un informe de Medicina Forense que dice que la enfermedad de Montes no es terminal. Tras esto, Fonseca fue destituida como jueza y capturada.
7. Subdirector del Fhis tenía pornografía infantil
A finales de mayo, agentes y fiscales confiscaron en la residencia de German von Wiese Bustamante, exviceministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), una computadora, varias fotografías de niños desnudos y más de 100 discos compactos.Un día después, el Presidente Lobo anunció la suspensión del funcionario.
Se libró orden de captura contra Bustamante, pero una semana después llegó a declarar a los tribunales acompañado por un abogado.
A pesar de estar acusado de pornografía infantil y explotación sexual comercial en perjuicio de varios menores, el juez decidió darle arresto domiciliario a Bustamante, o sea que este permanezca en su casa, mientras se desarrollan las investigaciones.
Al trascender la noticia de la decisión del juez, esto causó y sigue provocando gran malestar en la población hondureña.
8. Arturo Corrales es nombrado ministro de Seguridad
Porfirio Lobo Sosa, presidente de Honduras, sorprendió al nombrar ministro de Seguridad a Arturo Corrales Álvarez, quien era el titular de la Cancillería de Honduras.
Corrales asumió el cargo en sustitución de Pompeyo Bonilla, quien pasó a desempeñarse en la secretaría privada de la Presidencia de la República. Desde que se hizo oficial este cambio, Corrales implementó en las organizaciones públicas de seguridad la política de no dar estadísticas de violencia, al grado de que, en diciembre, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras denunció que la Policía no se ha reunido con el Observatorio de la Violencia para actualizar datos desde junio pasado.
La Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) reprobó la depuración de la Policía Nacional que realiza la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) y por consiguiente no certificará este año ese proceso.
9. Poder Ejecutivo busca promover “ley mordaza” en el Congreso
La organización C-Libre impulsó un proyecto de reforma de la Ley Marco de Telecomunicaciones, la cual llegó al Congreso enviada por el Poder Ejecutivo.
Los miembros de C-Libre abandonaron las mesas de diálogo en la Cámara Legislativa al considerar que el proyecto había sido trastocado por el Ejecutivo antes de hacerlo llegar al Congreso.
Debido a su contenido, que violaba la legislación hondureña y los derechos, fue llamada “ley mordaza” por considerarse que coartaba la libertad de expresión. La ley fue rechazada por el sector privado, sociedad civil, Corte Suprema de Justicia, Colegio de Periodistas y medios de comunicación, entre otros.
El Congreso decidió promover un diálogo entre representantes de los medios, quienes suscribieron un pacto de autorregulación.
10. Escándalo en embajada de Honduras en Colombia
A inicios de 2013, un escándalo sacudió la Cancillería de Honduras cuando se dio a conocer que en la embajada de Honduras en Colombia se había realizado una fiesta con trabajadoras del sexo y alcohol el 20 de diciembre de 2012.
Tras el impacto que causó la noticia, la Cancillería hondureña anunció que una comisión investigaría lo sucedido en la misión diplomática.
Cancillería dio a conocer que Carlos Humberto Rodríguez Andino, jefe de esa misión diplomática hondureña en Colombia, había presentado su renuncia por solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El escándalo trascendió luego de que unas trabajadoras del sexo, quienes habrían participado en una orgía, tras no recibir pago por sus servicios, decidieron robar equipo de la embajada hondureña y defecar en la oficina de Carlos Humberto Rodríguez y del agregado militar.
11. Separaciones y suspensiones de jueces por denuncias de actos de irregularidad sacuden el sistema judicial hondureño
Al menos 16 jueces han sido suspendidos y más de 50 destituidos en la presente administración gubernamental, informó el departamento de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Esto debido a denuncias contra los jueces por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus deberes.
En sesión de pleno, los miembros del Consejo de la Judicatura resolvieron a mediados de diciembre cerrar el año sin más suspensiones y destituciones de jueces denunciados.
Esto significa que los casos continuarán siendo investigados y la decisión sobre ellos se completará hasta 2014. En total, 16 jueces fueron sancionados en 2013.
El caso de suspensiones más reciente se registró a inicios de diciembre, cuando el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial resolvió suspender provisionalmente, mientras dura el proceso de investigación por denuncia de irregularidades, a cinco jueces de Letras asignados a distintas ciudades del país.
Las ciudades donde estaban asignados los jueces suspendidos por el Consejo de la Judicatura son La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua, Ocotepeque y Francisco Morazán.
12. Capturan en Honduras a pastor colombiano acusado de violar a cuatro menores de edad y 23
mujeres en Colombia
En un allanamiento conjunto ejecutado por elementos del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación se detuvo a inicios de 2013 en Tegucigalpa, Honduras, al pastor colombiano Álvaro Javier Gámez Torres, acusado en su país de abusar sexualmente de cuatro menores de edad y 23 mujeres.
El sudamericano era buscado por la Interpol por los delitos cometidos mientras dirigía el Ministerio Apostólico y Profético Salem.
Esta organización religiosa cuenta con 15 mil fieles. Las víctimas denunciaron que durante años toleraron que el pastor las tocara, pero una de ellas no aguantó más y decidió denunciar lo que hacía Gámez. Eso hizo que las demás rompieran el silencio y así el escándalo estalló. De acuerdo con el testimonio de las afectadas, Gámez lentamente dejaba sin voluntad a sus víctimas y, ayudado por otras mujeres, las convertía en sus esclavas sexuales.
Luego de su captura, las autoridades hondureñas entregaron al pastor a Colombia para que respondiera por sus delitos.
Gámez fue llevado a su país de origen en una avioneta de la Policía Nacional de Colombia que salió de una de las rampas de la Fuerza Aérea Hondureña.
