Tegucigalpa, Honduras.
El Consejo de la Judicatura suspendió del cargo a siete jueces y una secretaria general de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras
La resolución se adoptó en una sesión esta noche en la cual los consejeros revisaron expedientes disciplinarios.
Se suspendió del cargo a tres jueces de Sentencia, cuatro de Letras y una secretaria general, informó Melvin Duarte, portavoz de la CSJ.
Los sancionados son: Ramón Enrique Barrios Maldonado, juez del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula; Karla Lizeth Romero Dávila y Jessica Dolores Granados, jueces del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán.
Asimismo, los jueces de Letras, Ángel Ubence Perdomo Cárcamo, de Santa Bárbara; Luis Alonso Chacón Valladares, de Yoro; Martha Georgina Escalante, de Choloma; y Norma Alicia Fuentes Morales, del Juzgado de Familia de Tegucigalpa.
Se suspendió del cargo a Yamileth Delgado Dubón, secretaria general del Juzgado Penal de San Pedro Sula.
Según el Consejo, amerita la sanción para seguir una investigación por retardo injustificado en la administración de justicia, cambio de medidas cuando no proceden, violación a deberes de los funcionarios por incumplimiento de sentencias de tribunales superiores como Cortes de Apelaciones y Sala Constitucional, informó Duarte.
De la investigación se confirmará si los jueces hondureños son o no destituidos. Estos se suman a otros seis que fueron suspendidos y dos destituidos que sancionó el Consejo de la Judicatura desde que asumió funciones.
Investigan magistrados
El Consejo de la Judicatura inició ayer la investigación de una denuncia interpuesta contra personal de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, informaron el presidente y vicepresidente de dicho Consejo, Jorge Rivera y Teodoro Bonilla, respectivamente.
“Sobre este caso hoy (ayer) el Consejo de la Judicatura va a revisar ese informe, ya están los expedientes en el seno del Consejo y las decisiones las vamos a tomar”, expresó Bonilla.
La denuncia cuestiona un presunto manoseo de un expediente y retardo de justicia por parte del personal de dicha Corte. Se refiere a un caso en el cual se acusó a la exjueza Catalina Sevilla y los abogados Jorge Rodríguez y Plutarco Rivera por supuestos actos de corrupción.
Rivera es hijo del asesor legal de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, Rodil Rivera Rodil. Se acusa a Sevilla por presuntamente resolver de manera ilegal entregar a ambos abogados la suma de 33 millones de lempiras, cuando correspondían 1,500.
Se denunció que esta Corte incumple resoluciones de la Sala Constitucional que ordena la devolución del dinero y dictar un sobreseimiento definitivo por doble juzgamiento al afectado. Asimismo, incorporación irregular de folios al expediente.
Advirtió que de encontrarse irregularidades en el manejo de expedientes se aplicará la ley, que podría ser suspensión o destitución del cargo.
Esta Corte de Apelaciones está integrada por los magistrados Martha Merino, Nerys Castro y María Deras, denunciados por un supuesto prevaricato
