El control del gasto público es una situación que amerita atención porque si no “la economía puede andar en una muy mala dirección”, advirtió ayer CNBS (Comisión Nacional de Bancos y Seguros), Roberto Jerez y Jorge Yllescas, analista económico y exdirector de la DEI.
El organismo tendrá un plazo de 120 días hábiles prorrogables para verificar la situación administrativa, financiera y presupuestaria de la DEI y además deberá practicar una auditoría y evaluación de puestos y salarios en la institución.
Esta medida fue calificada como otro “bombazo” por el Presidente de la República, quien afirmó (en su cuenta Twitter) que la intervención representa “un golpe contra la defraudación y corrupción y un golpe a favor de la transparencia”.
Control
“Eso de controlar los gastos, sí es importante, entonces en ese sentido es un buen paso, solo que no es para mí decir que reducen (reduzcan) los gastos a través de esta manera o de otra manera, eso es para decidir y para el país”, reaccionó la embajadora de Estados Unidos, según el portal Proceso.hn.
“Es importante comenzar con controlar un poco mejor los gastos o que se recauden más recursos para pagar los gastos del país; es una situación que amerita atención porque si no la economía puede andar en una muy mala dirección”, afirmó la diplomática.
Según informes, la DEI programó recaudar de enero a junio de 2012 la cantidad de 26,094.1 millones de lempiras, pero al final del primer semestre solo logró una recaudación de 24,908.1 millones de lempiras, es decir que existe un desfase de 1,186 millones de lempiras que estaban presupuestados y que no se recaudaron entre enero y junio del año en curso.
De acuerdo al decreto Ejecutivo, los interventores deberán tomar las medidas y acciones necesarias para optimizar la recaudación mediante la profesionalización de la administración, fiscalización, supervisión, revisión, control eficiente, la ejecución del cobro de los tributos internos y aduaneros, entre otros.
El organismo deberá implementar una reingeniería en la DEI en vista de que el 90% del presupuesto se va en el pago de sueldos y salarios de una enorme burocracia que alcanza casi los 3,000 trabajadores.
