Además de impulsar políticas que promuevan la protección a periodistas, los expertos internacionales invitados a Tegucigalpa en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras manifestaron la importancia de generar conciencia social que apoye a los comunicadores amenazados.
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La segunda jornada de discusiones se inició con un panel sobre
el tema de las experiencias exitosas en Colombia y Perú, el cual fue moderado por Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, director de La República, Perú.
Los panelistas Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, juez
Supremo Titularde la Corte Suprema de Justicia, Perú; David González, asesor del área de Protección y Monitoreo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia; y Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección de Colombia manifestaron la importancia de que las iniciativas gubernamentales para protección a la Libertad de Expresión esté acompañada por parte de la sociedad civil.
Colombia ha tenido éxito en contrarrestar la violencia contra la prensa mediante programas estatales de protección y en alianza con la sociedad civil, como el Programa de Protección de Derechos Humanos, creado en 2006. Perú fue por otro camino también exitoso. En 2010, el Poder Judicial creó una jurisdicción especial para atender delitos contra periodistas, ampliando la competencia de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales Supraprovinciales.
Perú
Rodríguez explicó que en la experiencia de Perú es muy importante combatir las causas sociales del delito para evitar que se llegue a extremos de violencia como los que afrontan los periodistas. Además agregó que deben diseñarse
políticas permanentes que no cambien con cada gobierno con el objetivo de dar seguimiento al riesgo que asumen los comunicadores.
Rodríguez expresó que el tráfico de influencia es un problema para lograr condenas.
No obstante, en la lucha contra las amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión mediante el asesinato de comunicadores, la Sala Penal Nacional de Perú fue ampliada para conocer casos contra periodistas, en aplicación de la experiencia que ha tenido la justicia española.
'Se facultó juzgar delitos muy complejos, entre ellos delitos contra periodistas en el ejercicio de su función periodística. Entre ellos asesinato, homicidio, secuestro y extorsión'.
En el caso de Honduras, el juez peruano señaló que aquellos casos con connotación nacional, como la violencia contra periodistas, tienen que contar con una política de Estado permanente que trascienda con cada gobierno.
A su juicio, esta política de Estado se debe abordar en dos facetas. La primera, una política tendiente a combatir la delincuencia y la criminalidad a índices tolerables.
La segunda, 'poner el acento en la prevención, antes de la represión. Hay que combatir las causas sociales del delito, hay terrenos fértiles que favorecen la criminalidad, nadie nace delincuente. Todos nacemos inocentes, nadie nace culpable', expresó.
Colombia
Por su parte González dijo que las similitudes en cuanto a los niveles de violencia en Honduras y en Colombia son muchas, pero 'no se debe esperar a que el número de periodistas muertos llegue a más de 100 como en ese país, sino en Honduras se debe empezar a prevenir ahora'.
Dijo que es muy importante la protección gubernamental a periodistas amenazados y en zonas de riesgo, y expresó que se debe generar solidaridad de la sociedad y de los mismos medios con los periodistas amenazados para evitar que sean víctimas de los grupos de crimen organizado.'El mayor error o riesgo es la apatía y pensar que esto va a parar por sí sólo'.
Gonzalez recomendó a los periodistas en esas zonas de riesgo ser los primeros en mantener y exigir esquemas de protección y seguridad propios, que deben ser acompañados por las autoridades.
Villamizar agregó que en Colombia ha quedado demostrado que la lucha contra la delincuencia no es sólo responsabilidad de una institución, sino de “todo un andamiaje institucional”. Agregó que además se tiene una colaboración directa con la policía para tomar medidas preventivas y adelantar investigaciones sobre los periodistas amenazados.
Sin embargo resaltó que esto no debe llevar a perder la independencia de los comunicadores. 'Los periodistas que más protegemos son los más críticos, igual se hace con los opositores políticos'.
Villamizar finalizó resaltando la importancia de grupos que realizan evaluaciones de riesgo para servidores públicos, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y periodistas con el objetivo de evitar atentado contra ellos.
El experto resaltó el alto costo de dar protección a periodistas y seguimiento a las demandas “porque se debe hacer una valoración integral del riesgo” y por eso dijo que es importante la voluntad política en ese aspecto.
'Los grandes medios de comunciación en Colombia brindan esquemas de protección a sus periodistas más emblemáticos y asumen esos costos' y agregó que la protección a los periodistas en las zonas regionales es apoyada por organizaciones y medios que tienen los recursos para ello.
México
En el segundo panel de la mañana se abordó la experiencia mexicana gracias a la participación de Laura Angelina Borbolla Moreno, fiscalía especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión y Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de El Universal.
El presidente Felipe Calderón y el Congreso aprobaron este año una reforma constitucional que permite atraer los crímenes contra la prensa a nivel federal y crearon la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También fue reformulada la operatividad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión. Se trata de tres nuevos instrumentos a disposición del futuro gobierno.
Borbolla resaltó el incremento de investigaciones contra la Libertad de Expresión tras la creación de la fiscalía especializada la cual, en alguna medida, han permitido clarificar parte de los casos y dar protección a los periodistas y medios de comunicación.
La fiscal destacó otras iniciativas políticas federales que permiten incrementar los derechos humanos y garantizar la Libertad de Expresión, las cuales son respaldadas por organizaciones internacionales.
También resaltó la importancia de las campañas sociales para llamar la atención sobre el problema que afecta a los periodistas y a la sociedad y la democracia.
La fiscal dio cinco recomendaciones entre ellas fortalecer el acceso a la información, despenalizar los delitos de calumnia e injuria y difamación, establecer marco jurídico para la fiscalía especializada, crear estadísticas para el manejo de información sobre crímenes y agrasiones, y sobretodo generar un marco eficaz para la investigación de delitos.
El periodista Roberto Rock destacó la obligación que deben tener los comunicadores al momento de transmitir la información, la cual debe estar basada en códigos de ética que se respeten y que eviten colocar como héroes a aquellos que generan violencia y debidlitan al Estado.
Rock hizo un recuento de periodistas muertos en México, e hizo referencia al impacto que tiene el narcotráfico entre Colombia, México y Estados Unidos en Centroamérica. 'Cuando un país se vuelve consumidor, se empiezan a disputar rutas y esto dispara la violencia' y resaltó la espiral de corrupción que eso provoca, llevando a países como México a ser casi asumido como un Estado fallido debido a la poca eficiencia y posibilidad de las autoridades para evitarlo.
También dijo que cuando se agrede a un periodista y la sociedad no reacciona 'algo está fallando'.
En la mesa también participó José Omar Rábago Vital, oficial de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas de Article 19 para México y Centroamérica.
Rábago resaltó la importancia de la disponibilidad de recursos económicos y humanos por parte de los organismos que protejan a periodistas, así como generar la confianza en esas instituciones para promover la denuncia, lograr una rendición de cuentas, y sobretodo lograr la depenalización de procesos contra los comunicadores ya que la mayor parte de denuncias en México provienen de funcionarios públicos.
'No es tiempo de ser mezquinos en estos temas de protección de la vida de las personas. Matar un periodista atenta contra el derecho de información de la sociedad', concluyó.
En agenda de la tarde
2:00 pm. Mesa 5: Compromiso de los medios de comunicación
Los medios no solo tienen la obligación de proteger a sus periodistas con medidas de seguridad, sino también promoviendo mayor calidad periodística, valores éticos y mejores condiciones laborales. Las universidades deben ambientar su currículapara integrar la realidad de los profesionales a la formación de los nuevos periodistas. Las asociaciones de prensa deben promover la unidad y solidaridad del gremio periodístico.
Panelistas: Jorge Canahuati, vicepresidente de la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), Grupo OPSA, Honduras. Carlos Ávila Molina, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Honduras. Rodrigo Wong Arévalo, director general de Canal 10.
Moderador: Ana Abarca, directora ejecutiva de la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), Honduras.
4:00 pm. Mesa 6: Compromisos oficiales.
Las responsabilidades ante la libertad de prensa y de protección de los periodistas, corresponde a los tres niveles de gobierno.
Panelistas: Ana Pineda, ministra de Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional. José Alfredo Saavedra, diputado por el Partido Liberal. JarietWaldina Paz, diputada por el Partido Liberal. Augusto Cruz Asensio, diputado por el Partido Demócrata Cristiano.
Moderadora: María Antonia de Fuentes, directora del diario La Prensa , Tegucigalpa
17:00 pm.
Conclusiones y Plan de Acción.
