Los 16 mil centros de educación en el país, donde reciben clases unos 2.2 millones de alumnos en los niveles de prebásica, básica y secundaria, carecen de textos de lectura.
Hace más de tres años que la biblioteca Lila Cáceres de Cerrato, de la escuela 4 de Junio de Tegucigalpa, no recibe ningún libro de parte de la Secretaria de Educación. Según estadística sobre adquisiciones de textos de esa Secretaría, existe una caída en este tipo de inversión en los últimos cinco años.
En 2007 se erogaron en compra de libros, revistas y textos de enseñanza a escala nacional 59.3 millones de lempiras, cifra que bajó a 1.9 millones en 2008. Este renglón experimentó una recuperación en 2009, cuando se destinaron 162 millones.
Pero el incremento únicamente fue un espejismo porque en 2010, el primer año del gobierno de Porfirio Lobo, solo se gastaron 44.8 millones en compras de estos materiales y en 2011 apenas se destinaron 45 millones. Educación no tiene datos de cuántos son los libros comprados en esos años porque no posee una central del información actualizada.
Las compras de los últimos dos años indican que se invirtieron 22 lempiras por alumno en el sistema público para adquisición de libros. Este año no se ha hecho ninguna compra de textos, aunque se ha empezado un proceso de licitación para ese fin.
Edulfo Morales Licona, subdirector de la escuela 4 de Junio, lamentó que esa institución no pueda cumplir su función de formadora por falta de insumos.
Corrupción, la culpable
La compra de libros en los últimos años se ha financiado principalmente por los recursos que aporta el Fondo Común (integrado por países cooperantes) por medio de EFA (Plan Educación para Todos).
Una auditoría del Fondo Común sobre el uso de los fondos detectó que entre 2007 y 2008 hubo irregularidades, por lo que la asistencia financiera se cortó.
“En el caso de textos de enseñanza, la mayor parte de la inversión fue por parte del plan EFA y por situaciones que fueron identificadas como irregulares, según una auditoría externa, y por excesos de ejecución el Fondo Común paró los desembolsos, con lo cual se afectan las adquisiciones de textos”, dijo Juan Miguel Pérez, gerente administrativo de Educación.
Lo que se denomina como exceso presupuestario en realidad fue un desvío de fondos: parte de lo que se debió ocupar para la compra de libros, unos 20 millones de lempiras, se utilizó en la contratación de personal docente. El Fondo Común puso como condición para descongelar la ayuda que se reintegraran a la entidad esos 22 millones de lempiras. El Gobierno ya entregó el año pasado 5.5 millones y este año dio otros 5.5 millones al Fondo Común, por lo que esa organización liberó parte del dinero y por ello es que para el segundo semestre de 2012 se han presupuestado unos 160 millones para contratar los textos por licitación.
