El denominado Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción aprobado por el Poder Ejecutivo el año anterior no termina de despegar.
El instrumento obliga al gobierno a “prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, eliminando la impunidad; y fortaleciendo la participación de la sociedad civil hondureña en la lucha contra la corrupción”.
Sin embargo, el Ejecutivo ha sido incapaz de frenar la imparable corrupción en las diferentes instituciones del Estado y someter a la justicia a los funcionarios involucrados, tal como establece el Plan, aprobado en junio de 2011
Los escándalos persisten en instituciones como la Secretaría de Educación, en donde en las últimas semanas han salido a la luz una serie de actos de corrupción vinculados al nombramiento de maestros.
Hasta la fecha no hay funcionarios sancionados por las millonarias pérdidas que le han ocasionado al Estado las deficiencias en el sistema educativo a pesar de que el Plan, adoptado a través del CNA (Consejo Nacional Anticorrupción), establece los mecanismos.
En su segundo capítulo sobre el control de la corrupción y la transparencia la iniciativa establece que se debe “crear una comisión integrada por juristas y otros profesionales para dar seguimiento y registro de los procesos sustanciados en los tribunales de justicia que involucran a funcionarios públicos por actos de corrupción”.
Dicho Plan ni siquiera sirvió para castigar a los responsables del descalabro de la ENP (Empresa Nacional Portuaria) y menos a las exautoridades de la Enee (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) que facilitaron la aprobación de contratos de energía térmica irregulares amparados en “emergencias”.
Obligación del gobierno
Oswaldo Canales, excoordinador del CNA, dijo que los entes contralores y fiscalizadores y el gobierno mismo están obligados a dar seguimiento al Plan de Transparencia para garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado.
“Los entes contralores y fiscalizadores, incluyendo al CNA, tienen que darle seguimiento porque los miembros de la sociedad tienen que constituirse en auditores sociales porque en el país se aprueban muchas leyes, pero hay que darle seguimiento a todas esas leyes que se aprueban porque todo lo que está aprobado es bueno, pero la aplicación dependerá del seguimiento que se le dé”, afirmó.
“Los entes fiscalizadores y controladores y de vigilancia son responsables de vigilar que la justicia se aplique. Ellos deben dar seguimiento para que se apliquen estas leyes aprobadas ya que en Honduras hay leyes, lo que falta es la aplicación de la ley, es simple, y que se le dé seguimiento”, apuntó.
